- En 6 años en el estado se erogaron 30 mil mdp adicionales a lo presupuestado
- La única forma que tiene la Legislatura de vigilar la aplicación de los presupuestos es a través de la ASE, pero dice que ésta se subordina a los intereses del Poder Ejecutivo: Medina
Los gastos adicionales al presupuesto autorizado por parte de todos los poderes, organismos autónomos y municipios evidencian “la inutilidad de todo el aparato fiscalizador”, además de que muestra un “colapso institucional gravísimo” debido a que, para que se dé esta situación, es necesaria la concurrencia de todo el Estado.
El diputado local, Luis Medina Lizalde, hizo esta declaración tras conocerse que en seis años en Zacatecas se gastaron más de 30 mil millones de pesos adicionales a los recursos que fueron presupuestados. Esto, agregó, “certifica lo que es ampliamente percibido por la opinión pública: la total impunidad con que se ejerce el dinero público”.
En torno a la fiscalización de los recursos, dijo que es una labor que se ha “atrofiado” debido a que la única manera que tiene el Congreso local de vigilar la aplicación de los presupuestos es a través de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y expuso que, aunque formalmente esta instancia depende de la Legislatura, en la práctica está subordinada a los intereses del Poder Ejecutivo.
No obstante, el diputado sostuvo que para empezar a cambiar esta situación es necesario reorganizar la administración pública y todos los poderes, porque “el diseño de las instituciones locales está absolutamente rebasado”.
En primer lugar, indicó, se requiere asegurar la eficiencia en la procuración de justicia, lo cual pasa por una “auténtica” autonomía de los entes involucrados en esta labor. “Necesitamos que la investigación de los delitos cometidos desde el poder sean investigados sin interferencia de consideraciones de tipo político”, enfatizó.
En este sentido, agregó que es necesario ir más allá de las modificaciones que el sistema nacional anticorrupción ha provocado en cuanto al plazo de prescripción de los ilícitos cometidos por servidores públicos.
Recordó que antes de la entrada en vigor de esta plataforma estos hechos prescribían a los 3 años y ahora el periodo es de 7 años. No obstante, resaltó que “se debería cancelar la prescripción en ese tipo de delitos por la magnitud de corrupción que hay en el país y en el estado”.
La “transformación del orden jurídico local”, consideró Medina Lizalde, tiene que ser encabezada por el Congreso del estado. Sin embargo, puntualizó que éste se encuentra impedido para actuar en ese tenor debido a que “hay una mayoría que es la expresión automática de la voluntad del gobernante en turno”.
Por ello, agregó que para un cambio verdadero es indispensable la “rebelión ciudadana organizada”.
Pese a los cambios que puedan llevarse a cabo para tratar de evitar esta situación, el legislador consideró que estas prácticas continuarán “mientras exista la posibilidad de gestionar recursos a cambio de moches” y también se mantendrán si sigue habiendo impunidad en los casos en los que se usan recursos públicos, de manera ilegal, en procesos electorales.
Después de asegurar que “la Secretaría de Hacienda es la secretaría que administra la corrupción en México”, apuntó que con esta forma de ejercer los recursos públicos “prácticamente están institucionalizando la corrupción”.
Godezac gastó en 3 años casi 2 mil mdp en “pago de estímulos a los servidores públicos”
En tan sólo tres años el Gobierno del Estado gastó casi 2 mil millones de pesos en el “pago de estímulos a los servidores públicos”, lo que superó además en 20 por ciento el monto de recursos que para este fin se había autorizado en los presupuestos de 2014, 2015 y 2016.
Esta partida presupuestal estuvo en meses pasados en el centro de la polémica debido a que se publicó una información a nivel nacional, en el periódico Reforma, en la que se exponía que 2 mil millones de pesos fueron los que se otorgaron en bonos a funcionarios durante todo el sexenio del ex gobernador Miguel Alonso Reyes, ahora director de Fonatur.
No obstante, al analizar las cuentas públicas elaboradas por la propia administración, se advierte que esta cantidad fue ejercida no en seis años sino, sólo, en los últimos tres ejercicios.
Únicamente es posible hacer referencia a los gastos reales que se hicieron en esta partida en 2014, 2015 y 2016, debido a que en los cuatro años anteriores, de 2010 a 2013, ni en el presupuesto ni en la cuenta pública se hace mención de forma específica al pago de estímulos.
De 2014 a 2016 se gastaron mil 229 millones 558 mil 310 pesos más de los que se habían aprobado para el Capítulo 1000, es decir, para el rubro de servicios personales que incluye el “pago de estímulos a servidores”, la seguridad social, las remuneraciones al personal de carácter permanente y transitorio y las “remuneraciones adicionales y especiales”.
El 30 por ciento de esta cantidad fue destinada al pago de estímulos a servidores públicos que, según explicó el actual secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, son recursos que en su mayoría tienen que ver con el magisterio, pero que también abarcan los bonos para los funcionarios de primer nivel, los cuales son establecidos y entregados de manera directa y exclusiva por el gobernador en turno.
Para los tres años en los que hay datos al respecto, el presupuesto aprobado en esta partida fue de mil 646 millones 441 mil 496 pesos y el gasto real ascendió a mil 989 millones 96 mil 748 pesos.
La dependencia que encabeza el listado con montos mayores en todos los casos es la Secretaría de Educación (Seduzac), aunque también es la única en la que a lo largo de los ejercicios en lugar de aumentos se tienen reducciones respecto al recurso autorizado.
A diferencia de esta disminución del dinero etiquetado para bonos en la Seduzac, el resto de dependencias tuvo incrementos en los tres ejercicios y destacan la Oficina del Gobernador y la Secretaría de Finanzas.
De 2014 a 2016 la oficina del gobernador multiplicó por 17 el presupuesto autorizado para pago de estímulos al pasar de 2 millones 251 mil 133 establecidos previamente para los tres años a un gasto real de casi 39.5 millones de
pesos.
Mientras tanto, la Secretaría de Finanzas es la que más recurso adicional gastó, ya que rebasó el monto que tenía autorizado para este fin en más de 160 veces. De acuerdo con los presupuestos, esta dependencia debería haber destinado a estímulos de sus funcionarios menos de 2 millones de pesos, pero en realidad utilizó para esta partida la cantidad de 320 millones 253 mil 313 pesos.
El año 2014 fue el que más creció el presupuesto para bonos en todo el Gobierno del Estado con un incremento de 31.1 por ciento, en 2015 se rebasó en 9.9 por ciento el monto aprobado y en 2016 el aumento fue de 22.3 por ciento.
