En el último tramo de campaña política rumbo a la votación 2024 para elegir presidente de la República Mexicana, 250 intelectuales y académicos manifestaron abiertamente su apoyo a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, ello mediante un documento presentado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Encabezados por el sociólogo y académico, Roger Bartra, así como por el historiador Enrique Krauze y los periodistas Ángeles Mastretta y Héctor Aguilar Camín, entre muchos otros, los firmantes del texto argumentan en éste que el “autoritarismo” ejercido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como el grave riesgo que ello representa para la democracia los motivó a signar el documento.
Promocionados ellos mismos como intelectuales en la carta y en la mediatización que a través de la coalición política que respalda a Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD) se hizo del evento, fijaron una postura que tienen todo el derecho a mantener, pero también es cuestionable y poco congruente con el trabajo y la responsabilidad académico-intelectual. Ese es el ángulo en el que este artículo se centra, en concreto en los términos de “autoritarismo” y “militarización” referidos por los 250 intelectuales.
Para el ámbito de la academia y en general para quien conozca un poco de la historia contemporánea de México, que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) señalen al presidente López Obrador de autoritarismo llama la atención por el nivel abstracto de la aseveración. Es decir, no refieren un hecho concreto de represión política y mucho menos en el nivel en que esos partidos -en especial el PRI- los han perpetrado en los últimos casi 90 años.
El documento puede parecer legítimo para quienes desconocen eventos como las matanzas de Acteal, Aguas Blancas, Tlatelolco o Tlaltlaya; la represión en San Salvador Atenco, El halconazo o los desalojos violentos en Oaxaca en contra de maestros. Pero para quienes recuerdan la responsabilidad que esa fracción del poder político nacional ha tenido en esos eventos, que los intelectuales la omitan resulta por demás cuestionable. Y es que no es lo mismo que intelectuales mexicanos se manifiesten públicamente en contra del obradorismo y lo que ellos consideran autoritarismo, a que lo hagan a través del poder político que ha mantenido en su pedigree un fuerte rasgo de represión y autoritarismo.
Ahora bien, esos firmantes, encabezados por Roger Bartra y Héctor Aguilar Camín, han sido condescendientes con los dichos de este último sobre lo que considera una extorsión vigente a la ciudadanía a través de los programas sociales para gestionar el voto a favor de Morena. Este texto no busca afirmar lo contrario, pero sí considera que las pruebas deberían presentarse en función de ser congruentes con la responsabilidad que la academia debe mantener sobre la legalidad y el estado de derecho. Lo que sí se precisa en este texto, es que es errónea la afirmación de Aguilar Camín sobre que en los gobiernos anteriores esos mecanismos de uso de recursos públicos para chantajear a la ciudadanía con el voto no existía.
Esa declaración, por sí misma, contradice al trabajo de investigación periodística que por décadas medios como Proceso, Sin embargo, La Jornada, Emeequis, Vanguardia, entre muchos otros, han realizado no de manera abstracta, sino con pruebas fehacientes, sobre el uso del recurso público por parte de PRI, PAN y el propio Partido de la Revolución Democrática (PRD) para beneficiarse de forma ilegal. De igual manera contradice el trabajo académico que por décadas se ha hecho en el tema desde las esferas de la ciencia política, la sociología, los estudios del desarrollo, entre muchos otros ámbitos de conocimiento que han validado como un objeto de estudio real esa actividad por parte del PRI y el PAN.
El autoritarismo que los 250 intelectuales señalan en realidad ha sido eje del presidencialismo que ha tenido verificativo en el poder político hegemónico del PRI, en especial a lo largo de las últimas tres cuartas partes del siglo XX, y hasta principios del siglo XXI. Los dichos de Aguilar Camín resultan irresponsables por la desinformación que propagan en ese sentido, y una afrenta a la labor académico-intelectual de cientos de investigadores nacionales e internacionales que han demostrado con sus trabajos el carácter autoritario del presidencialismo priista.
Por su parte, el concepto de militarización se utiliza en el documento de una forma alarmista, alejado de las premisas que sobre el mismo hay en investigaciones serias en el tema. Fundamentos sobre la acumulación militarizada, la violencia de Estado o los ejercicios comparativos con las dictaduras militares latinoamericanas del siglo XX pondrían fácilmente en tela de juicio la aseveración del documento que busca abonar votos a la candidatura de Xóchitl Gálvez.
Por último, es preciso hacer hincapié en el argumento previo sobre el derecho que los intelectuales mexicanos tienen de denunciar prácticas gubernamentales ajenas al bienestar colectivo. Ello es deseable pues implica que la intelectualidad salga de la torre de marfil y participe de forma positiva en la resolución de conflictos nacionales, y en suma es sano para la democracia, ello independientemente del partido político del que se trate.
Lástima que los 250 autodenominados intelectuales hayan buscado amplificar su voz en ese sentido a través de los grupos políticos con los peores antecedentes de represión, autoritarismo y tergiversación de la realidad nacional, pues más allá de la desinformación que con ello generan entre la ciudadanía, está el hecho de que su nombre ahora consta en un documento falaz, lo que mientras para el poder político eso representa una artimaña más en un proceso electoral recargado de ellas, para los firmantes implica darse un tiro en su propio pie por las implicaciones que acarrea a su reputación.
