Combatir la desaparición es atacar una de las “claves” que mantienen la impunidad y la inseguridad actuales: reconociendo la dignidad de todas las víctimas.
En un artículo anterior, ya había apuntado que el Movimiento Por Nuestros Desaparecidos en México (MPNDM, en adelante), podría considerarse como un tercer hito histórico, donde los familiares continuaban su arduo y difícil camino hacia la auto-organización, como sujetos sociales -y políticos-, capaces de plantear sus exigencias de verdad, justicia y reparación. Corrigiendo y ampliando, esa idea, habría que agregar como -hoy- se entrecruzan básicamente dos tendencias contradictorias: la fragmentación (inducida y/o reproducida), y la posibilidad de una respuesta organizada gracias a una creación ética y política democrática –autoinstituyente-, mediante “plataformas” capaces de potenciar las luchas de las víctimas, de los diversos tipo de violencias estructurales, articulándolas a través de proyectos y estrategias compartidas.
Constatamos una activa efervescencia de colectivos e iniciativas, más o menos fragmentadas por diversas razones, entre las principales: a) Una política estatal dirigida a capturar, neutralizar, o quebrar, las resistencias; b) otra, quizás decisiva, apunta a las dificultades que “desde abajo” tenemos para instituir un nuevo imaginario político democrático capaz de engendrar un tejido asociativo, donde poner en práctica una empatía radical; otros modos de compartir; de comprometerse; de convivialidad; de hacernos cargos de los asuntos comunes, mediante la construcción de redes y/o de plataformas, donde podamos confluir diversos actores, para cambiar una situación que está intoxicando la sociedad que somos, acelerando procesos de descomposición/recomposición hacia regímenes políticamente autoritarios, y socialmente suicidas.
¿Podemos afirmar que la primera tendencia avanza, eclipsando a la segunda?
Para responder, iniciaré una exposición, desde dentro, como parte del MPNDM, de sus planteamientos más recientes, para seguir después con un análisis comparativo de todos los movimientos e iniciativas existentes y/o emergentes, en la medida en que representan a nuestro juicio, el germen, los embriones, a partir de los cuales, contrarrestar las tendencias regresivas, y las “confluencias perversas”.
La agenda para el 2016 plantea cuatro objetivos: fortalecer las estructuras organizativas MPNDM; concentrarse en una campaña legislativa, y post-legislativa, que garantice la mayor eficacia institucional posible en la búsqueda de las personas desaparecidas, y en la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; mejorar las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas, con una ley favorable -o sin ella-; y multiplicar la capacidad de incidencia pública, de legitimar socialmente nuestra lucha , contra este flagelo, de la desaparición forzada y/o por particulares, que continúa ocurriendo.
En cuanto a la ley, se han avanzado ya diversas reuniones con legisladores, presentando las propuestas del MPNDM, junto a cuatro iniciativas de ley registradas en el Senado, donde sobresale la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que ha incorporado –ya- una serie de planteamientos apegados a los estándares internacionales, y lo que es importante, incluye aspectos del propio MPNDM, aunque faltan algunos puntos que desde la perspectiva del movimiento, son considerados como centrales, entre otros: 1) el reconocimiento de la responsabilidad inmediata y de autoridades, incluyendo las sanciones relacionadas con la desaparición de personas. Incluyendo todo el proceso: búsqueda, investigación, castigo, reparación, etc.; 2) a pesar de que recoge estándares internacionales, su parte orgánica mantiene algunas debilidades institucionales que pueden dar lugar a falta de capacidades institucionales para hacer operativa el sistema establecido por dicha ley. 3) en cuanto a los derechos de las víctimas, se debe prestar atención especial a la declaración de ausencia por desaparición, mal definida.
Un problema adicional, muy importante, es que esta Ley General, debe posteriormente a su promulgación, pasar por un proceso de aprobación de la legislación secundaria, incluyendo cada una de las entidades federativas, lo que obliga a estar atentos a todas estas fases del proceso, en la medida en que pueden afectar la normatividad propuesta, y/o su implementación, como está claramente demostrado con la experiencia -negativa- de la Ley General de Víctimas.
Por todas estas razones el MPNDM, se ha planteado como parte de esa agenda, un conjunto de acciones, vinculadas a tres ejes: el primero, ligado a la incidencia legislativa, foros regionales y locales con la participación de los familiares definiendo el contenido de la ley; presencia efectiva y/o simbólica, en los espacios legislativos; análisis comparativo de las diversas iniciativas; talleres en los estados sobre nuestras propuestas; apartidismo, que no se aprovechen los políticos, entre otras. El segundo eje, visibilización en la opinión pública, asertividad; revisión del presupuesto público; cuestionar el argumento de la cadena de mando y negligencias cometidas por las autoridades; denunciar violaciones a los derechos humanos de los familiares; crear material de comunicación para sensibilizar, y utilizar las redes sociales; alianzas con actores sociales y políticos a favor de la propuesta, entre otras. Y el tercer eje, el fortalecimiento del MPNDM, que abordaremos en otro momento.
¿Podemos hacer nuestra esta lucha?
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