Ayer se celebró la segunda manifestación masiva de la oposición neoliberal al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante que para muchos comentaristas la cantidad de personas que participaron es un tema importante, para mi no lo es, pues basta con saber que entre los convocantes están el PRI y el PAN, que gobiernan diversos estados, señaladamente el estado de México, y varios municipios de la CdMx y del país, para saber que tienen la capacidad necesaria para llenar el Zócalo y cualquier plaza del país. Lo que sí debe preocupar a todos es que muchos de los asistentes saben que la narrativa que los convoca está llena de información falsa y, aún así, la repiten en todos los tonos y por todos los medios, sin importarles que ello no conduce a desarrollar un debate serio e informado sobre las condiciones que exige la competencia política en el México actual, pues la única respuesta que merece es descalificarla por mentirosa.
Algunos descalifican la reforma electoral señalando que es una ocurrencia de AMLO y que por ello no fue suficientemente discutida. Para empezar hay que señalar que desde hace años algunos temas han sido tratados por especialistas en temas electorales y por las dirigencias de los partidos políticos como materia de las reformas necesarias al marco jurídico electoral; uno de ellos es el número de senadores y de diputados en general, y el de los plurinominales en particular, y otro gran tema es el del costo de nuestros procesos electorales, particularmente el del financiamiento de los partidos y los salarios de los funcionarios del INE. Todas las encuestas realizadas, aún la ordenada por el INE, reportan que son temas de gran interés de la sociedad. Lo cierto es que la oposición tomó la decisión de ni siquiera discutir las iniciativas de reformas constitucionales provenientes del poder ejecutivo, lo que impidió aprobar a las reformas en materia eléctrica y electoral, y por poco evitan la que permite a las fuerzas armadas participar legalmente en tareas de seguridad pública.
Otra falsedad que difunden por su odio al jefe del titular del Poder Ejecutivo, es que su motivación es la venganza contra los consejeros que se ampararon para desacatar el mandato constitucional de que ningún servidor público debe percibir salarios mayores al del presidente de la república, o por los fraudes electorales que sufrió en 2006 y en 2012, como si no fueran temas de debate desde hace tiempo, ni estuvieran contemplados en sus plataformas de campaña. Lo cierto es que la conducta de AMLO en estos cuatro años de ejercicio de su cargo, muestra un esfuerzo constante por apegarse al principio de austeridad republicana, aún en su oficina, y que no obstante que ahora existen más testimonios que prueban las actuaciones fraudulentas de diversos empresarios nacionales y extranjeros, y los excesivos gastos de campaña en aquellos procesos electorales, hasta hoy no ha presentado denuncia formal alguna para sancionarlos.
Otro de los componentes de la narrativa opositora es que la reforma tiene el propósito de “destazar al INE”. Ante la negativa opositora a discutir la iniciativa constitucional, la mayoría relativa en el Congreso aprobó varias reformas legales para disminuir cerca del 20% de los 14 mil millones de pesos del presupuesto del INE para su operación, afectando solamente a cerca del 10% de los empleados mejor pagados, y el INE tiene los recursos en sus fideicomisos para pagar sus liquidaciones conforme a la ley. Tampoco es cierto que el INE perderá el control total del Registro Nacional de Electores (RNE), y que los ciudadanos verán afectado su derecho a recibir su credencial para votar. En esa materia la reforma sólo permite, no lo obliga, que el RNE pueda utilizar diversas instalaciones públicas en lugar de rentar edificios privados para llevar a cabo sus funciones. Lamentablemente, la narrativa opositora ha propiciado que muchas personas crean la mentira de que la credencial está en riesgo de desaparecer, y con ello su derecho a votar.
Durante los últimos tiempos diversos empresarios como Claudio X González y Gustavo de Hoyos y dirigentes de organizaciones civiles vienen llenándose la boca con afirmaciones de que los avances democráticos graduales ocurridos durante las últimas décadas en México, fue producto de sus esfuerzos y luchas, lo que es una rotunda mentira. Lo cierto es que desde principios de la década de los años setenta era evidente la disfuncionalidad del sistema político construido por los nacionalistas autoritarios, las movilizaciones populares y campesinas por todo el país, las diversas expresiones guerrilleras, la insurgencia sindical y, sobre todo, el proceso electoral de 1976 con un solo candidato a la Presidencia de la República, fueron la causa principal de que el nuevo presidente José López Portillo y su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, se dispusieran a negociar con la dirigencia del PCM la reforma electoral de 1977 que incluyó la aprobación de la ley federal de organizaciones políticas y procesos electorales, la famosa LFOPPE, que abrió la puerta para el registro legal de las fuerzas de izquierda, y la ley de amnistía a los presos políticos que abundaban en esa época. Las primeras organizaciones de la sociedad civil aparecieron poco después aprovechando que una de las reformas incluyó su participación como observadores.
