El lawfare o guerra judicial se ha constituido en los últimos años en un fenómeno de gran trascendencia, tanto por la generalización de sus métodos como por su significativo impacto en el devenir político, económico, social y cultural de América Latina en general, y en México desde el desafuero de AMLO en 2005 y el fraude en su contra en 2006. La oleada de gobiernos de izquierda que caracterizó a esa región desde finales del siglo XX conformó un mapa geopolítico adverso a los grandes intereses económicos en la misma. Para cambiar la correlación de fuerzas han utilizado el lawfare o guerra judicial, un mecanismo aparentemente democrático y ajustado a Derecho, para socavar el poder y la imagen de los líderes de la izquierda en Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia y otros, y de AMLO en México.
Se puede hablar del origen del lawfare como una estrategia de carácter militar, encuadrada en una guerra de amplio espectro, también denominada guerra híbrida, que busca, mediante la combinación de operaciones judiciales, mediáticas, políticas o económicas, la reconfiguración de la geopolítica hemisférica. Si en décadas precedentes los golpes de Estado clásicos sirvieron para impedir que la izquierda gobernante desplegara su agenda política desde las instituciones o, incluso, llegara a ocuparlas, hoy el lawfare ejerce una misma función, pero amparándose en la legalidad y manteniendo las apariencias democráticas. Muchos juristas de América Latina y líderes como el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, afirman que somos testigos de la demolición del Estado de Derecho en nombre de la ley. «No ha sido por casualidad, que le pase a Cristina (Fernández de Kirchner), a Lula, a Jorge Glas (ex vicepresidente ecuatoriano), a Evo Morales, a Dilma (Rousseff), a mí mismo», remarcó y señaló que la práctica de utilizar los resortes del Poder Judicial para combatir a los gobiernos progresistas se implementó con el objeto de «robarles la libertad a los adversarios políticos, para neutralizarlos». «Cuando metieron preso a Lula no sólo lo metieron preso a él sino que le robaron la democracia a Brasil».
En México, el mecanismo se aplica utilizando a las peores empresas mediáticas y periodistas y jueces corruptos, buscando la destrucción de la reputación de AMLO, creando narrativas que aparenten ser verdad, la llamada posverdad, para esconder que en realidad no buscan confirmar si algo es verdad o no, sino que lo que buscan es reafirmar odios y, en su momento, construir un caso judicial con amplio apoyo medíatico. Así fue el caso del desafuero de AMLO por los diputados del PRI y el PAN en 2005, que no surtió sus efectos porque Fox reculó, pero que, como él mismo lo confesó poco después, se desquitó con el fraude de 2006. En estos tiempos, el caso de la Casa gris y el tráfico de influencias es el ejemplo más claro de que la derecha neoliberal, coordinada por la organización Méxicanos contra la corrupción de Claudio X. Gonzalez, que recibe financiamiento del organismo USAID del gobierno norteaméricano, están poniendo en escena el mismo libreto para debilitar al Gobierno Federal para impedir que avance la 4ª Transformación, en especial la reforma eléctrica.
Sin embargo, La Jornada publicó ayer que tuvo acceso no sólo al contrato formal de arrendamiento de la referida casa por Carolyn Adams, esposa de José Ramón López, hijo de AMLO, en el que se especifica el monto del depósito inicial y del alquiler mensual, con fecha inicial el 16 de agosto de 2019 y término el 31 de julio de 2020, con una cláusula de renovación automática. El diario también obtuvo copia de los cheques y los documentos que amparan transferencias bancarias de la arrendataria, Carolyn Adams, a los arrendadores, Keith y Lauren Schilling, papeles que pueden ser cotejados con los estados de cuenta mensuales de la cuenta bancaria a nombre de la esposa de José Ramón. Así que, la casa gris no es de José Ramón ni una empresa petrolera se la prestó. De manera que nunca existió la pieza clave del montaje difundido intensamente por la mayoría de los grandes medios de comunicación del país, de EEUU y de España, lo que no quiere decir que pronto reconozcan que todo fue un invento. Pronto veremos alguna variante del caso o, de plano, algún caso nuevo.
Por otra parte, hasta hoy existe evidencia suficiente par concluir que los poderes que utilizan a Claudio X. Gonzalez y, en un nivel de operador, a Carlos Loret, no confían en el voto popular para destituír a AMLO, y por ello ya convocan a los electores a no concurrir a la consulta para revocar o ratificar el mandato de AMLO como presidente, pero ello no significa que cesarán de hacer esfuerzos para socavar su prestigio, construido en décadas de luchas y recorridos por todo el país difundiendo los principales elementos que integran la 4ª T. Nadie debe subestimar la capacidad económica ni mediatica de los jefes neoliberales, ni su falta de compromiso democrático, por lo que nadie debe bajar la guardia y dejar pasar cualquier mentira, por absurda que sea, pues siempre habrá creativos que intenten presentarlas como normales en una democracia mediática como la mexicana. Tengamos siempre presente el perverso mecanismo denominado Lawfare.
