No es un debate nuevo, pero sí uno que había perdido vigencia, el modelo de democracia al que debíamos aspirar y por tanto construir para México. Hay que decir que no venimos de una tradición democrática y que, sin embargo, hemos logrado avanzar en décadas lo que otros países tardaron siglos. Ni en la época prehispánica (con la diversidad de culturas que poblaron ciertas zonas de lo que hoy es México), ni en la colonia se forjaron costumbres de carácter liberal-democrático. Los esfuerzos que se consolidaron en la independencia, pronto se toparon con diferencias sustanciales sobre cómo ejercer dicha independencia, sin lograr en ningún momento que la democracia predominara como sistema, ni siquiera en la reforma, breve etapa de conquista de derechos en el siglo XIX mexicano. En todo este tiempo no hubo sino intentos para consolidar al Estado mexicano y ello mismo implicó la imposibilidad misma de establecer un sistema jurídico e institucional firme y funcional. Esta consolidación del Estado tuvo su primer episodio destacable en el régimen porfirista, cuya concepción misma de la democracia era la de una etapa del porvenir, sin posibilidad de practicarse en el país que se gobernaba. La revolución, si bien, inició con una demanda específica por la democracia electoral, pronto dicha demanda se vio rebasada por el reclamo social que culminó dándole esencia y rumbo al movimiento, que se reflejó en la Constitución aún vigente. Desde entonces hasta finales de la década de 1960, la democracia fue una aspiración que descansó en el innegable desarrollo económico, político y social, que tuvo lugar en esa mitad de siglo. Sin embargo, con el movimiento estudiantil de 1968 y la historia de reformas electorales, a las que no haré referencia, el debate sobre la democracia predominó en México durante los siguientes cincuenta años. La transición política fue materia predilecta de cientos de libros, tesis (quizá miles), debates, programas de gobierno y en sí de la deliberación pública. Sin embargo, a partir de 1990 y hasta la segunda década del presente siglo parecía haber un consenso: la democracia que convenía a México era la que tenía el adjetivo de liberal y para ir más allá, la democracia constitucional, término cuya autoría se reconoce al jurista italiano Luigi Ferrajoli y que, como lo hemos expuesto en múltiples ocasiones en este espacio, implica una relación de equilibrios entre las mayorías que se expresan en las urnas y las minorías, protegidas de las decisiones de aquéllas por una esfera de lo indecidible (también término acuñado por Ferrajoli), conformada por derechos fundamentales, asentados en el texto constitucional, cuyos principios implican la inviolabilidad de los mismos y la irretroactividad de su conquista.
Sin embargo, en 2018, punto cúspide para muchos del modelo de democracia electoral que permitió el arribo de un movimiento social recién organizado en torno al líder social más destacado de la historia moderna del país, el debate zanjado recobró vigencia y desde entonces parece que hemos retornado al punto de partida ¿qué modelo de democracia es el que más conviene y mejor se adecúa a México, al México del siglo XXI? Desde estas letras seguiremos sosteniendo que es el modelo de democracia constitucional en clave deliberativa, tal como habíamos logrado ya, concretarlo en el texto Constitucional y en los criterios del Tribunal Constitucional, rol asumido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De sus ventajas y las lecciones históricas que explican su idoneidad volveremos en las siguientes entregas, sirva la presente como antecedente y contexto para un debate que, aun cuando poco se nombra, es la columna vertebral misma del presente proceso electoral.
@CarlosETorres_
