El Grupo de Acompañamiento a las Mujeres de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) denunció que al interior de los diversos espacios académicos y administrativos de la máxima casa de estudios de la entidad han aumentado los casos de violencia, la mayoría de ellos perpetrados por las propias autoridades, por lo que exigió que estos se atiendan y sancionen.
Verónica Aguilar, integrante de este colectivo universitario, señaló que, “ante la falta de respuesta y acción de las instancias encargadas de la prevención, atención y sanción para garantizar el acceso a la justicia, tanto internas como externas, queremos hacer del conocimiento de nuestra comunidad y de la sociedad, la pasividad y oídos sordos de las autoridades, para erradicar la violencia de los espacios académicos y administrativos, que interpretamos como negligencia y dolo, ya que en algunos casos son las mismas autoridades las perpetradoras y propiciadoras de obstaculizar los procesos, faltando a su responsabilidad y compromiso de ser garantes de nuestro derecho a una vida libre de violencia”.
Según expuso, las autoridades de la universidad violentan el debido proceso con resoluciones dilatorias, negación para admitir quejas o denuncias, aplicación de justicia selectiva y no aplicación de las debidas sanciones en casos graves.
Por ejemplo, mencionó el caso de una profesora de la Licenciatura en Cultura Física y Deporte, quien ha padecido diferentes formas de acoso, lo que ha obstaculizado su desarrollo y desempeño académico, además de que se le ha negado las materias que por derecho le corresponden para beneficiar a familiares, amigos o recomendados, pasando por encima de sus derechos.
“Para esto, le han creado un ambiente muy hostil con el alumnado, haciendo circular rumores de que la maestra es muy estricta y que no van a poder titularse, al extremo de impulsar a los alumnos para que no acudan a las aulas a clase con la maestra y a tomar las instalaciones de la licenciatura”, dijo Aguilar.
En otra situación, denunció la actuación parcial y “poco profesional” de algunos integrantes de la Defensoría Universitaria, ya que el 26 de abril de 2023, al médico José Crescencio “N”, acusado por violentar a estudiantes de Medicina durante sus prácticas, lo absolvieron a pesar de que reconocieron que sus conductas violentaron a las estudiantes, mientras que en el caso de la maestra mencionada Dulce “N”, de Cultura Física y Deporte, aceptaron una queja de estudiantes que no son sus alumnos.
Por otra parte, informó que la Rectoría ha desacatado el ordenamiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) de separar de sus funciones a Hugo “N”, denunciado penalmente por hostigamiento sexual en la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género.
Contrario a ello, “el denunciado continúa laborando tanto en la Comisión Mixta (en donde cometió los actos denunciados), como en la secundaria donde se desempeña como docente y está en contacto con menores de edad”.
También mencionó un caso en al Unidad Académica de Estudios Nucleares, donde una estudiante denunció al profesor René “N”, quién colocó cámaras en los sanitarios de mujeres de la escuela. Como respuesta, en lugar de sancionarlo, la Rectoría le ofreció “una salida digna”, es decir, le sugirió la jubilación, lo cual vulnera los derechos de las mujeres universitarias afectadas.
En otra situación, Aguilar se refirió al programa de Nutrición, donde la BUAZ se ha negado a sancionar al directivo José “N” a pesar de que fue vinculado a proceso formalmente por hostigamiento laboral y abuso sexual, proceso en el que declaró su responsabilidad.
Por otra parte, mencionó que en junio pasado cuatro docentes presentaron una denuncia por violencia de género que fue turnada a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en contra de Rolando “N” y José “N”, pero la Rectoría no ha implementado medidas precautorias y “tememos por la integridad física, psicoemocional y pertenencias de las denunciantes, en días recientes a una de ellas le vandalizaron su vehículo, pero los embates y ataques siguen por parte de los denunciados. Internamente se minimizan las agresiones e incluso se justifican, intensificando la violencia en contra de las denunciantes”.
Asimismo, comentó que en agosto pasado otra docente denunció por violencia de género y discriminación Rubén “N” y Rolando “N”, sin que hasta el momento se hayan ejecutado las medidas precautorias solicitadas, lo que pone en riesgo la integridad y seguridad de la denunciante, así como de su familia, pertenencias y posesiones.
Por tanto, “exhortamos a las instancias internas y externas a asumir el compromiso para prevenir, atender y sancionar todas las formas de violencia de género, además de garantizar el acceso a la justicia a las mujeres de la comunidad universitaria, erradicando la impunidad, aplicando procesos institucionales y transparentes con perspectiva de género, respetando el debido proceso y sancionando a los generadores de violencia, para desmontar la percepción de protección de agresores y justicia selectiva que se vive hasta hoy”, concluyó Aguilar.
