Bajo el oficio número FEDHCD-A-EILII-C4-013/2024, con fecha del 5 de abril de 2024, perteneciente a la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-ZAC/0000530/2020, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, le solicitó apoyo y colaboración a la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) para identificar a la persona titular de la Rectoría el 8 de agosto de 2017, así como los archivos laborales de los llamados Antonio “N” y Oscar “N”, donde se detalle las fechas de inicio y terminación de los nombramientos, cargos y adscripciones; así como otros datos que los identifiquen de mejor manera.
En segundo término, la FGR le solicitó a la BUAZ que aclare la relación que tenía con la asociación civil Unión de Colonos Solicitantes de Vivienda “La Pimienta”, cuyo dirigente en ese entonces era Samuel Reveles Carrillo, en ese momento diputado local por el Partido del Trabajo (PT) y a cuya asociación se le realizó, desde la BUAZ, la transferencia bancaria a la cuenta 494987571, del Banco Mercantil del Norte, Banorte S.A., en fecha 15 de agosto de 2017, cuyo monto fue de 8 millones 869 mil 500 pesos ($8,869,500.00).
El tercer punto solicitado a la BUAZ, es que señale y aclare el convenio establecido con la Unión de Colonos Solicitantes de la Vivienda “La Pimienta”, especialmente el signado el 8 de agosto de 2017. La investigación específica de estos movimientos financieros da continuidad a la carpeta FED /FECC /FECC -ZAC /0000530/2020 que tiene que ver con los procesos de la conocida ‘Estafa Maestra’. En las indagatorias se pregunta por la función de Antonio “N”, quien fue rector a partir de septiembre de 2016. Dicho documento de solicitud de colaboración fue firmado por el agente de Ministerio Público de la Federación y titular de la célula A-II-4 FEDHCD adscrito a la Fiscalía Especializada de Delitos por Hechos de Corrupción Diversos de la FGR y cuyo nombre se reserva por seguridad.
Es importante recordar la revisión de la cuenta pública 2015 por la 62 Legislatura en septiembre de 2017. En ese proceso, la Auditoria Superior del Estado (ASE) señalaba en su revisión dos casos: el primer caso fue la observación de irregularidades por 82 millones 522 mil pesos; el cual se desglosaba en dos montos, uno de 55 millones 777 mil pesos por pagos irregulares a salarios, y otro de 14 millones 699 mil pesos por falta de comprobación en procesos de financiamiento de proyectos. Lo que abrió la investigación “por uno o varios delitos en el manejo de recursos públicos”. El otro caso fue el que evidencia la contratación de empresa fachada por el diputado y presidente de la Asociación de Colonos ‘La Pimienta’, Samuel Reveles Carrillo; usando a una empresa denominada Productos y Servicios Comercializados Gaudino SA de CV. El monto reclamado por la ASE en ese momento fue de 1 millón 888 mil pesos.
La investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR tiene como objeto investigar los movimientos financieros de agosto de 2017 y el señalamiento de la Auditoria Superior del Estado es de fecha septiembre de 2017. Durante ese tiempo, usando modos de operación similares se hicieron traspasos de recursos públicos federales.
La ‘Estafa Maestra’ es el caso de corrupción que cimbró a 11 dependencias y organismos gubernamentales, así como a 21 universidades públicas por el desvío de 7 mil 670 mil 77 mil 500 pesos bajo una triangulación de recursos a través de contratos a empresas fantasmas mediante la simulación de operación, pago de servicios y entrega de bienes inexistentes.
La Fiscalía General de la República (FGR) sigue encontrando nexos entre funcionarios de primer, segundo y tercer nivel involucrados en el denominado más grande caso de corrupción en el periodo de Enrique Peña Nieto, lo que ha derivado en la detención de Gerardo Sosa Castelán, exrector de la Universidad Autónoma de Hidalgo, y tres de sus colaboradores, a quienes se les vincula por el presunto desvío de 58 millones de pesos.
A lo que se suma la detención del exrector de la Universidad de Nayarit, Jorge Ignacio Peña González, señalado por abuso de autoridad, falsificación de documentación en general y tráfico de influencias; la investigación de Alfonso “N”, exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por el presunto mal uso de recursos; al exrector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo “N”, acusado por el delito de defraudación fiscal; y la investigación de Humberto “N”, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, por presunto lavado de dinero.
En entrevista para varios medios de comunicación, David Colmenares, auditor Superior de la Federación, aseveró que, ante el contexto en el que la educación del nivel superior se encuentra en severa crisis financiera y con insuficiencia presupuestal, estas prácticas dificultan y obstaculizan la gestión de recursos para las universidades públicas, manchando desafortunadamente el prestigio de estas instituciones.
A lo anterior se suma que nuevos presuntos implicados en la ‘Estafa Maestra’ están siendo citados, además de la FGR, por la Auditoría Superior de la Federación con miras a fincar responsabilidades penales por el desvío y malversación de recursos públicos del ramo federal.
Las pesquisas han enfocado su atención en Zacatecas, en un primer plano con la detención, en octubre de 2023, de Simón P. de León, coordinador de delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social durante la administración de Rosario Robles.
A lo anterior se suma la investigación en contra de dos exrectores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, el primero Armando “N”, quien estuvo al frente de la casa de estudios en el periodo de 2012 a 2016, a quien se le implica por la firma de 21 contratos enmarcados en la ‘Estafa Maestra’ por $13 millones de pesos.
Por otra parte, la dependencia federal ha puesto la mira en quien fuera rector de la BUAZ en el periodo 2016-2021, quien se incluye en los expedientes FED/FECC/UNAI-ZAC/0000758/2019 y FED/FECC/UNAI-CDMX/0000754/2019 por la presunta participación en esquemas de triangulación de recursos y desvío por más de 100 millones de pesos, ejercidos durante su gestión en la contratación de empresas fantasmas identificadas en el caso de la ‘Estafa Maestra’.
