Tras la reciente aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar por parte del Senado de la República, Jenny González Arenas, secretaria general del Comité Ejecutivo del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), compartió un análisis en el que califica a esta medida como un paliativo que requiere claridad en sus reglas de operación.
“Un país que asume un verdadero compromiso de garantizar pensiones dignas en el retiro de la vida laboral tiene que diseñar una estrategia de fondo que debe iniciar con la vida laboral de los trabajadores”, señaló González Arenas.
La líder sindical considera que, para este diseño, deben realizarse estudios adecuados que no sólo consideren el último salario recibido de las y los pensionados, sino que también tomen en cuenta “las necesidades físicas, clínicas, sociales y emocionales de las personas en edad de retirarse de sus labores”, pues en muchos casos, el salario que se percibe es insuficiente para cubrir las necesidades de las personas en retiro.
Tomar recursos de las AFORES no reclamadas es una medida que también requiere estudios para determinar si la cantidad será suficiente para la instalación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, a corto, mediano o largo plazo; pues se debe incluir en el análisis prospectivo, el crecimiento de la población en edad de retiro y el incremento de la expectativa de vida de la población, indicó la doctora en Derecho.
“También llama la atención la celeridad con la que se quiere llevar a cabo esta reforma y la creación del Fondo, sin tener claras las reglas de operación, los criterios de asignación, los mecanismos de supervisión y las autoridades responsables”, indicó Jenny González.
La secretaria general del SPAUAZ consideró que esto implica un grave riesgo en el uso de recursos que pasarían de ser privados a públicos sin un claro mecanismo para su ejercicio.
Para González Arenas, son muchas las cuestiones que no quedan claras en esta propuesta, para la cual el Senado ha aprobado la modificación de seis normativas, entre las que se encuentran la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
“Lo que sí es evidente es la falta de acciones concretas que permitan resolver el problema de fondo”, sopesó Jenny González, coincidiendo con otras voces que señalan la falta de un abordaje estructural a la problemática del sistema de pensiones.
