El día 4 de abril pasado, el presidente de México anunció la compra de 13 plantas generadoras de electricidad de la empresa trasnacional Iberdrola, lo que significa el 87% de la capacidad instalada en México, por un precio estimado de 6 mil millones de dólares. Con lo cual, en el futuro próximo, el sector privado tendría el 46% de la capacidad de generación, contra un 54% de la CFE, 15% más que el 39% que tiene en la actualidad. Proporciones muy parecidas a las que AMLO proponía en su reforma constitucional, que no alcanzó la votación calificada para su aprobación, hecho aplaudido estruendosamente por la oposición partidaria y mediática.
Información de Ibedrola refiere que los fondos de inversión presentes en su estructura accionaria son el Fondo Soberano de Noruega, BlackRock y el fondo Qatar Investment Authority, de la familia real de ese país árabe, y otros que son los pesos pesados a la hora de tomar las decisiones importantes. Pues bien, resulta que unos días antes del anuncio de la compra, AMLO se reunió en Palacio Nacional con el representante mundial de BlackRock, Larry Fink, personaje con quien AMLO conversó hace meses, hecho que refirió en su cuenta de Twitter el 5 de marzo del 2020, hace tres años: “Hoy conversé con Larry Fink, presidente del fondo BlackRock, uno de los grupos financieros más importantes del mundo. Me expresó su confianza en México y agradecí su decisión de invertir en nuestro país”. Con ese y otros antecedentes, es procedente deducir que el señor Fink fue factor decisivo para la compra-venta, dada la conducta hostil hacia AMLO del director de Ibedrola. Además, distintas expresiones indican que es posible que la inversión remanente, 13%, de la empresa en México, generadora de energía eólica, permanecerá en México.
Conviene recordar hoy que el artículo 27 de la Constitución vigente en México señala: «Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica”. En buena lógica se entiende que, en la generación de electricidad, sí pueden participar los particulares, en la forma o modalidad que determine la ley. En otras palabras, la Constitución lo permite, pero no establece alguna forma particular de participación, sino que establece límites a la misma y remite a la ley para su especificación. Resulta que esa ley fue modificada al inicio del sexenio para eliminar las ventajas para las empresas privadas en detrimento de la CFE, que contenía debido a la reforma energética de Peña Nieto, y demás neoliberales. Debido a eso, los opositores a la 4ª T, con el beneplácito de empresarios privados y algunos jueces, presentaron una acción de inconstitucionalidad, pues sostenían que la Carta Magna sí establece la forma específica y que el Estado está obligado a tratar a las empresas privadas de manera preferencial. Pues bien, la SCJN se negó a declarar inconstitucionales las reformas de AMLO y, por consiguiente, desaparecieron los privilegios para Ibedrola y otros. Esa es la razón fundamental de la decisión de vender sus plantas generadoras.
Además, la sentencia de la Corte establece que la CFE no es un actor más del mercado eléctrico, al cual se le pueden aplicar las reglas de libre competencia del mismo modo que a otras empresas. Su doble naturaleza de generador de energía y de administrador de la red nacional de transmisión y distribución implica que, al evaluar su “eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas” como empresa productiva del Estado, se deben tener en consideración no sólo elementos de libre concurrencia, sino las funciones exclusivas de la nación que realiza. Asegurar la electrificación de zonas remotas del país, hace inviable la inversión privada para esa labor, la misma situación que se tiene con la conexión a internet; extensas zonas permanecen sin conectividad, por lo que la CFE ha creado una empresa subsidiaria para llevar ese beneficio a todos los mexicanos. También hay que poner de relevancia que el modelo de privatización total del servicio de energía electrica ha generado problemas graves en Estados Unidos (California y Texas) y, ahora mismo, por la guerra en Ucrania, España, y diversos países europeos, han tenido que reconocer que ello no es una panacea y han adoptado diversas modalidades para atenuarla.
Por si ello fuera poco, la Corte respetó la vigencia del precepto que permite eliminar los contratos de autoabastecimiento y otras figuras derivadas de la reforma neoliberal que han propiciado corrupción y abusos contra la CFE. Ahora es legal que el Centro Nacional del Control de Energía (CENACE) forme parte de la CFE para que la empresa del Estado sea políticamente responsable del despacho en orden de mérito de costos de producción, garantizando la seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, así como tarifas accesibles para el bienestar de los mexicanos, y de que también lo sea de la Transición Energética en materia de electricidad.
Durante el anuncio de la compra-venta, el presidente AMLO reiteró que el propósito es fortalecer a la CFE para garantizar energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación para que no se afecte la economía popular, y esto significa fortalecer a empresas públicas porque la política anterior era fortalecer a las privadas, sobre todo extranjeras, que se estaban apoderando de todo el mercado y se les tenía que comprar la luz a precios elevadísimos, recibían subsidios mientras las plantas de la comisión estaban subutilizadas.
