■ La Universidad deberá pagar 600 millones de pesos en un plazo de seis años al ISSSTE
■ No había pasado un año de su gestión cuando presentó su renuncia; intentó negociar con la SHCP
En cuatro años al frente de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Armando Silva Cháirez pasó de renunciar, provocar dos huelgas y solapar salarios exorbitantes para sus funcionarios, a convenir el pago del adeudo de la Máxima Casa de Estudios al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores de la Educación (ISSSTE), de 600 millones de pesos (el resto es al Fovissste y SAR), en un plazo de seis años.
El 28 de agosto de 2013, antes de cumplir un año como Rector, anunció su renuncia de forma repentina, con el argumento que su gestión y solicitud de recursos extraordinarios a Gobierno Federal no había tenido frutos.
En conferencia de prensa, dio a conocer que la situación financiera en que se encontraba la Universidad implicaba la necesidad de recursos para atender los compromisos contractuales, pero no había encontrado apoyo del Gobierno Federal.
Días después, se convocó a una sesión de Consejo Universitario para discutir y en su caso aprobar la renuncia de Silva Cháirez, pero directores de unidades académicas y consejeros lo disuadieron, le ofrecieron apoyo y respaldo, y finalmente decidió mantenerse en su cargo.
En octubre de ese mismo año, se filtró la intención, de parte de algunos actores universitarios, de impulsar una Junta de Gobierno al interior de la Universidad, pero cuya propuesta fue desestimada por la mayoría de los integrantes de la Presidencia Colegiada del Consejo Universitario.
Miguel Rodríguez Jáquez, entonces secretario académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y José Francisco Román Gutiérrez, integrante de la Presidencia Colegiada del Consejo Universitario, encabezaron esa iniciativa para modificar la Ley Orgánica y eliminar el actual modelo de elección de autoridades basado en el voto ponderado.
Además, con la complicidad de Rafael Rodríguez Espino, secretario general del Sindicato de Trabajadores (Stuaz), había la intención de disolver el Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato de Personal Académico (Spauaz), fin de eliminar los espacios clasificados como técnicos académicos.
Después de la renuncia de la Rectoría que le fue rechazada a Armando Silva Cháirez, los funcionarios mencionados tuvieron en este momento una alta influencia en la toma de decisiones en la UAZ, por lo que la idea de una Junta de Gobierno se mantuvo latente.
En febrero de 2014, el Sindicato de Personal Académico (Spauaz), en ese momento dirigido por el actual rector Antonio Guzmán Fernández, realizó la primera de dos huelgas en la administración de Silva Cháirez.
La principal exigencia fue que la Rectoría tuviera voluntad para resolver el problema de la seguridad social, pues el recurso que se retenía a los docentes y trabajadores por ese concepto no era enterado al ISSSTE. Otra petición fue la revisión de la “casta burocrática” que tenía muy buenos salarios y prestaciones.
Ese mismo, año, en octubre, La Jornada Zacatecas reveló el salario de los funcionarios de la administración central, mientras que alrededor de 600 docentes se encontraban en una situación laboral de vulnerabilidad.
Armando Silva Cháirez percibía en ese momento la cantidad neta de un millón 413 mil 125 pesos, de los cuales 436 mil 373 pesos correspondían a la prima de antigüedad (que en teoría solamente debía otorgarse a agremiados y no a funcionarios), 118 mil 586 pesos de aguinaldo, 71 mil 551 pesos de prima vacacional, 23 mil 570 pesos de 31avos días, 58 mil 346 pesos de bono único, 37 mil pesos de salario base, 18 mil 840 por el Día del Maestro, entre otros.
Mientras tanto, casi 600 profesores de un total de 3 mil 100 que integraban la planilla en activo (sin considerar 400 jubilados), eran contratados únicamente como tiempo determinado y por lo tanto percibían un salario quincenal que oscilaba entre 311 pesos para tres horas-semana-mes (categoría Profesor Investigador correspondiente a tiempo completo y medio tiempo Asociado A) y mil 438 pesos para 10 horas-semana-mes (Profesor Investigador hora clase Asociado C).
En febrero de 2015 el Spauz realizó otra huelga, ahora bajo la conducción de Crescenciano Sánchez Pérez, quien manifestó que “el problema no es de dinero. Pueden haber pagado todo lo que quieran, pero no lo han hecho con la seguridad social. No pedimos que adelanten algunos meses, sino que se comprometan públicamente a que van a pagar el resto del año”.
Un mes después, Silva Cháirez causó polémica al interior de la Universidad por entregar, sin el consentimiento ni participación del Consejo Universitario, un documento a la Secretaría de Hacienda mediante el cual plantea algunas propuestas para atender la crisis financiera de la UAZ, aunque a final de cuentas esa propuesta no prosperó.
El documento ofrecía “cero crecimiento” por 10 años, con el objetivo de generar un ahorro de 19 millones de pesos ese año, y en un plazo de 10 años, considerando una tasa del 3.5 anual, el monto acumulado para atender el problema estructural ascendería a la cantidad de mil 243 millones 918 mil 905 pesos.
El segundo punto ofreció que, “para que los egresos por concepto de jubilaciones y pensiones disminuya, la Universidad ha propuesto, en el caso del personal académico, el Programa de Sustitución de Prestaciones Contractuales Jubilatorias, el cual reduce de manera importante los pasivos contingentes, pues el trabajador cambia una pensión vitalicia –que pudiera otorgarse más de 20 años– por el valor presente de una pensión pradera durante sólo 5 años”.
En mayo pasado, a pocos meses de concluir su administración, Silva Cháirez firmó un convenio con funcionarios del Gobierno Federal y del ISSSTE para pagar el adeudo en un plazo de seis años, lo que generó inconformidad entre los actores universitarios, incluso del rector electo Antonio Guzmán Fernández, porque el documento solo fijó un plazo de pago y no mecanismos de apoyo financiero a la UAZ.
El objetivo de firmar ese convenio, según se explicó, fue otorgar una prórroga considerable y un esquema de pagos diferidos para finiquitar el adeudo que presenta la Máxima Casa de Estudios. Con dicho aplazamiento, la Universidad podrá hacer pagos de forma diferida mensualmente, con la opción de concluir la deuda en julio de 2022.
