En el pasado debate entre los candidatos a gobernador hubo un detalle que llamó mi atención, sobre todo porque casi todos los contendientes coincidieron en eso: la propuesta de impulsar un presupuesto participativo. Fue una lástima que el formato no permitiera que describieran su propuesta para saber qué entienden por ello, y cómo plantean dicha propuesta. El formato únicamente permitía etiquetar propuestas, nunca describirlas, mucho menos argumentarlas. Se dedicaban a poner etiquetas por grandes temas, con la idea que el nombre de la propuesta llamara la simpatía de algunos votantes. Pero en todos los casos, siempre surge la misma pregunta: ¿qué entienden por eso, y cómo piensan hacerlo? Queda una sensación de vacío. No queda más que hacer un ejercicio de variaciones de hipótesis.
Toda la actividad gubernamental queda reflejada en el presupuesto, no sólo el contenido de las asignaciones, sino la forma de realizarlas, habla del tipo de gobierno ante el cual nos encontramos. Por el lado de la forma, si un gobierno asigna verticalmente los recursos públicos, se trata de un mando autoritario; y si los distribuye tomando en cuenta a los beneficiarios, entonces es democrático. Por el lado del contenido, si la distribución es regresiva significa que estamos ante un gobierno injusto y que reproduce los males sociales. Pero la forma y el contenido no son independientes: la forma puede determinar el contenido. Si el presupuesto lo decide una clase política separada del tejido ordinario de la sociedad, es muy probable que sus asignaciones sean no sólo sean regresivas, sino inefectivas. Además, no únicamente hablamos de egresos, sino de la manera de recuperación de los ingresos: a quién y cómo se les cobra impuestos. Para que exista elusión y evasión fiscal debe existir complicidad de los órganos de aplicación, y a su vez, para que exista esto último, se requiere arbitrariedad opaca en la operación. Y la arbitrariedad emerge cuando deciden muy pocos con poco control social.
Como el presupuesto es el dispositivo organizador de toda la política pública, adoptar un nuevo modelo para regular el ciclo presupuestal puede detonar en cadena una serie de cambios en los mecanismos del funcionamiento de los gobiernos. Si llevamos a cabo la decisión de la asignación de recursos bajo un esquema participativo, estaremos impulsando una mejor distribución social del poder, porque decidir a qué acciones se les dota de financiamiento público equivale a definir prioridades, orientación del conjunto de la política, y con ello, hacer posible un cambio en la correlación social de fuerzas que se expresa al interior del Estado. En la contraparte de los ingresos, la exigencia de que los grandes peces que eluden y evaden el pago de impuestos, efectivamente lo hagan, depende de esa correlación que mencionamos. El déficit en los presupuestos es porque tenemos una estructura hacendaria capturada por los intereses de poderes fácticos, no sólo por la petrolización de los ingresos públicos. Por eso sería de gran calado llevar acabo un modelo serio de Presupuesto Participativo. Es una propuesta que tendría amplísimas consecuencias en cadena en toda la estructura del gobernar: otra manera de planear (participativa), otra forma de decidir y, sin duda, otro modo de implementar y evaluar las políticas. En pocas palabras, el presupuesto participativo construye gobierno abierto, transparente y empodera necesariamente a los actores sociales.
Sin embargo, dada la transcendencia que tendría una propuesta seria de este tipo, es que me entra la duda si es a eso a lo que se refieren los candidatos o, como suele pasar, a otra cosa de muy menor significado pero con los mismos significantes. Como por ejemplo, el caso de Puebla, donde la llamaron Presupuesto Participativo a una bolsa que se repartía ente algunas organizaciones clientelares; es decir, usan el nombre para designar una vulgar clientelización del presupuesto. Nada que ver con las experiencias de Rio de Janeiro (ya muy evaluada), o las de los gobiernos locales de Nicaragua. Por ello, es vital saber a qué se refieren cuando profieren una propuesta de este tipo. Igual pasa con la de revocación de mandato, si en su descripción ponen motivos de revocación imposibles de integrar objetivamente, se convierte en una ley simulada. Como ocurrió con la Ley de Participación Ciudadana de Zacatecas donde promulgaron la Plebiscito, pero no vinculante para las autoridades: meras simulaciones.
En los próximos días, los candidatos deberán aclarar el contenido de su propuesta. Y ante el mismo significante, en la descripción de su contenido irán saliendo las diferencias y el debate alrededor del tema. Y justo dichas diferencias pueden convertirse en motivos para orientar el voto (a lo menos de aquellos que emiten el llamado voto-racional). Aunque a esta altura de las campañas, eso parece poco probable, ya que una vez que se desata la guerra sucia, los asuntos serios o programáticos quedan a un lado porque ya no pueden convivir junto al rojo chillante de las notas de escándalos. Sin embargo, es importante no dejar ir los pocos rasgos propositivos que ha tenido esta pobre campaña y sacar al menos un fruto concreto, como es el caso del tema que aquí tratamos: el presupuesto participativo. ■
