Las 34 universidades estatales tienen problemas financieros graves. Pero algunas están en situación por demás preocupante. El asunto es que desde los programas de rescate de 1998, año con año se había destinado recurso extraordinario para aliviar la situación, hasta ahora. En este año esas bolsas quedaron en ceros. Las bolsas para programas de pasivos y reconocimiento de matrícula fueron vaciadas totalmente. Es un golpe brutal a la educación superior de los estados de la República. Además hace unos días nos enteramos del empantanamiento para las becas para los postgrados de calidad reconocidos por Conacyt. Más agresión a la investigación y preparación de postgraduados.
Con lo cual la pregunta emergente es, ¿cómo van a hacer el conjunto de universidades estatales para solventar sus pasivos? Ahora mismo la UAZ tiene un pasivo alrededor de 2 mil millones de pesos, y el conjunto de universidades estatales suman un pasivo de 37 mil millones de pesos. Es una cifra muy alta. Y la mayoría de esos pasivos están concentrados en dos rubros: pensiones e impuestos. Pero tienen entre las universidades situaciones muy similares. Es sorprendente ver, por ejemplo el caso de la Universidad de Nayarit e Hidalgo, y su similar situación a la de Zacatecas: Hidalgo tiene un pasivo de mil 200 millones, y la federación le retiene 34 millones. Se puede ver la similitud con nuestra alma mater. Y el total de apoyos extraordinarios a las Universidades Estatales (UPE’s) está por debajo del ritmo de acumulación de pasivos, en total se ha dado apoyo por 26 mil millones en los mismos años que hablamos.
Otro rasgo común es que en los contratos laborales originales de las UPE’s venían los formatos de jubilación propios de los 70: jubilaciones dinámicas y con promedio de edad de retiro a los 52 años. Se modificaron los contratos desde los 90 para amortiguar los costos futuros y generaron ‘clases sociales’ al interior de las bases sindicalizadas. Unos pocos absorbían presupuestos enormes y los profesores que ingresaron después de las modificaciones tuvieron condición en su seguridad laboral de una categoría muy distinta a los primeros. Toda este escenario se reseña en un documento de la SEP en el 2015, que se le llamó ‘Documento U081’: Evaluación de Diseño Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES. El “U081” es porque esa es la clave presupuestal. Según la evaluación de diseño que se hace de los programas para el saneamiento financiero de las UPE’s, el programa “es exitoso”, con lo cual quiere decir, que ha contribuido a disminuir los pasivos. Si esta fue la evaluación, ¿cómo explicar que el gobierno federal decidiera dejar sin fondos el saneamiento financiera de las universidades estatales? Se explica solamente como decisión política: obligar a los estados a contribuir con su educación superior. Al igual que se ha retirado el apoyo federal del gasto de la nómina de educación básica. El caso de Zacatecas es claro: ese retiro de apoyo significó para el año que pasó una disminución en más de 300 millones de pesos. Pero además, se hace el retiro de apoyos federales a la educación de los estados, pero sin modificar los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, con la cual el gobierno federal recaba más del 92 por ciento de los impuestos nacionales.
Los números nos dan una primera conclusión evidente: gobierno federal ha reconcentrado el control del gasto educativo, y al mismo tiempo, lo hace disminuyendo considerablemente los montos a los estados. En educación superior y en básica. Ante este escenario, debe llamarse a una conferencia de gobernadores para discutir el tema del gasto educativo a las entidades federativas y obligar al gobierno federal a reconsiderar sus criterios de asignación, por un lado, o a modificar sensiblemente los algoritmos y formas de distribución en la Ley de Coordinación Fiscal, por el otro. Al menos en las Aportaciones a la educación básica (del Ramo 33) y a los Programas extraordinarios de saneamiento de Universidades Públicas de los Estados.
El tema educativo ha puesto en evidencia la necesidad de articular la agenda del federalismo. Por lo visto no basta que los rectores se junten en la Anuies, o que se apoyen en los sindicatos también articulados. Se requiere de otro nivel de articulación, a nivel de los poderes ejecutivos estatales. Porque a todos los estados les está afectando tanto la crisis financiera de sus respectivas universidades, como de los gastos en la nómina de educación básica. Vendría bien, organizar una conferencia de gobernadores y rectores para sacar un acuerdo dirigido a la SHCP y a la Cámara de Diputados, a fin de modificar las asignaciones al saneamiento financiero del que hablamos. Lo cual sin duda, significará modificar el esquema hacendario nacional a la luz de enfoques federalistas que ahora los estados (como Zacatecas) necesitamos. ■
