Desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el país ha vivido un cambio radical en su campo político, en comparación con el construido durante los años de gobiernos neoliberales (1982-2018). A principios del siglo XX, México tuvo una revolución social de enorme impacto social y político, que destruyó al Estado oligárquico (señaladamente con la Toma de Zacatecas), incluido su núcleo duro: el ejército. Sin embargo, los sectores movilizados y armados no produjeron un programa nacional cuyo objetivo fuera la construcción de un nuevo Estado. Al final, los ejércitos populares no accedieron al poder del Estado, sino que se mantuvieron como movimientos, enarbolando sus demandas particulares más sentidas. De cualquier modo, la pertinencia de sus demandas sociales logró que quedaran inscritas en la Constitución de 1917 y en leyes secundarias; luego, con el paso de los años fueron cayendo en la inobservancia y la simulación. Al quedar fuera del poder político, las masas populares y sus representantes genuinos no pudieron impedir la gradual conversión de los gobiernos revolucionarios en sostén de esa especie de colonialismo doméstico, que fue la base del sistema de acumulación de capital en el sector industrial, emergente a partir de los años 50 del siglo pasado, acompañado de diversos mecanismos de explotación y de exclusión social, generando una desigualdad extrema.
A partir de la hegemonía neoliberales el Estado mexicano se transformó en un espacio para la rapiña implacable de los políticos instalados en el poder público. La corrupción creció exponencialmente hasta fines de 2018, cuando el movimiento encabezado por AMLO inició la tarea de limpiar el gobierno de México. Las instituciones estatales degeneraron de manera evidente y la 4T busca reconstruirlas, paralelamente al despliegue de los programas sociales más amplios de la historia. La lucha contra la corrupción y los privilegios, la línea política de “primero los pobres” y muchas otras medidas, han desatado una oposición exacerbada de parte de diversos poderes económicos, políticos y mediáticos, que conforman la actual derecha política de México. Los intelectuales de la derecha que desesperan frente a las acciones de gobierno de la 4T, han tenido a su disposición los espacios de comunicación más influyentes, y fueron enriquecidos por los gobiernos neoliberales. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto recibieron recursos sin precedente como retribución a sus tareas cumplidas. Sin duda, fueron unos servidores útiles al establishment corrupto. Hoy constituyen el eje principal de la oposición. También existen otros, iracundos e ignorantes, que sueñan con un golpe de estado y tratan de engañar a la gente afirmando que AMLO lleva a México al comunismo.
El régimen de la 4T es liberal desde el punto de vista político y busca crear un Estado social de derecho y un Estado de bienestar con los límites que, sin remedio, le impone su carácter de sociedad dependiente. Por ahora, la idea de un Estado de bienestar se halla en estado preliminar y adquiere concreción en los programas sociales del gobierno y, más profundamente aún, en la creación de nuevos derechos sociales constitucionales. AMLO también ha dicho que la 4T “no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen”. Hace referencia a un gobierno que trabaja de forma distinta a sus predecesores: eliminar la corrupción (mediante la cual se operaba al gobierno); recuperar para el Estado los espacios capturados por el crimen organizado; favorecer en primer lugar al 70 por ciento de la población más pobre; incrementar los salarios y la democracia sindical; lograr que todos los contribuyentes paguen sus impuestos conforme a la ley (especialmente las grandes empresas); separar el poder económico del poder político; dar creciente autonomía a los poderes de la república. Sólo esta breve enumeración es suficiente para afirmar que el gobierno de la 4T es distino a sus antecesores.
En su mensaje del pasado 1º de julio (2020), el presidente subrayó y puso números a su principal bandera: “Antes de la crisis sanitaria, 18 millones de hogares, de un total de 32 millones, eran beneficiados de cuando menos uno de los programas sociales en curso; es decir, el 55 por ciento del total de familias. Ahora nos hemos propuesto para finales de este año, llegar a 25 millones de hogares, el 70 por ciento del total del país…; los de abajo, los de la base piramidal reciben más beneficios porque se trata de los pobres y no puede haber trato igual entre desiguales”.
Sin duda, la coalición mayoritaria lopezobradorista sigue siendo la más grande corriente político social de México, y frente a la desigualdad reinante no cabe duda que su programa está ubicado claramente en la izquierda del espectro realmente existente de fuerzas políticas mexicanas. Con un bajo nivel organizativo en general, esta coalición removió del poder a los partidos históricos. Desde el punto de vista político electoral, el triunfó de Morena como partido político ocurrió gracias a esa coalición, mucho más amplia que el propio partido. El gobierno de la 4T, Morena, y el lopezobradorismo constituyen la izquierda política posible hoy. Una izquierda viva, abigarrada, teñida de muy diversos colores y tonos de las corrientes progresistas de México; también incluye a grupos que treparon al tren de la 4T, sin vocación social genuina, y con la oportunidad u oportunismo necesario para adherirse al poder e intentar, en el futuro, encabezarlo. De ocurrir, sería el fracaso histórico de la 4T.
