BUAZ debe transparentar cuántos recursos ingresaron por los convenios de ‘La Estafa Maestra’: Valerio

“Los corruptos deben ser expulsados, de manera definitiva y sin tardanza”

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Opina que se incurrió en delincuencia organizada, ya que durante años la FGR no ha emitido una resolución jurídicamente concluyente

Francisco Valerio Quintero, académico jubilado de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), opinó que la institución debe expulsar, de manera inmediata, a los involucrados en “La Estafa Maestra” y, además, transparentar los recursos que se ingresaron por concepto de ese esquema de triangulación de recursos.

“Los justiciables merecen castigo y la Universidad recuperar la limpieza de su nombre y de la alta función que la sociedad le ha encomendado. Los corruptos deben ser expulsados, de manera definitiva y sin tardanza”, expresó.

Aunado a ello, “no sabemos, no sé si haya algún director de escuela que lo haya informado o si esté consignado en alguno de los informes del rector, cuál es el monto de recursos que obtuvo la Universidad derivado de su participación en esos contratos”.

Formalmente, comentó, no hay movimientos de cierto nivel que se puedan llevar a cabo si no están acompañados por la firma del rector, por lo que hay la obligación de los rectores de informar.
En ese sentido, Valerio Quintero manifestó que “aquí también hay omisión e incumplimientos. Y todo esto se puede y se debe ventilar al interior de la comunidad universitaria”.

“Lo que se debe hacer es, si el personal que participó directa e coincidentemente en los convenios cumplió con funciones asignadas laboralmente por la institución, y si no es así, quiere decir que actuó por su cuenta. Pero si actuó por su cuenta, ¿por qué está la firma de algún rector en esa documentación?”, cuestionó.

Señaló que una denuncia de hechos ante la Fiscalía sería procedente si hubiese un daño al interés público perpetrado por particulares concretos, pero además podría haber una falta al deber universitario, faltas a la honestidad, alejamiento de los compromisos laborales y falta de rendición de los informes correspondientes.

“Lo peor, a partir de los documentos que hay escritos, los informes que presentaron como resultado del trabajo de esos convenios, no se trató de la creación de ningún trabajo de investigación original: presentaron copias de documentos y de artículos.”, dijo.

Valerio Quintero manifestó la necesidad de que se transparente los “productos” que elaboró la Universidad al amparo de los convenios e informar a cargo de quién corrió la elaboración de estos.

Consideró que es inverosímil que una dependencia federal contrate a una universidad para llevar a cabo una tarea que la institución no puede cumplir, como ocurrió en la mayoría de los contratos involucrados en “La Estafa Maestra”, y que las universidades, a sabiendas de no tener la capacidad de realizar algún trabajo, que haya subcontratado diversas empresas: “esto no es más que un vulgar atraco a la nación”.

A partir de las evidencias que hay, indicó que en la BUAZ hubo una coalición de funcionarios y académicos que se organizaron para participar en un mecanismo diseñado fuera de la institución, en el Gobierno Federal.

Desde su perspectiva, se incurrió en delincuencia organizada, ya que durante años la FGR no ha emitido una resolución jurídicamente concluyente. En ese sentido, deben aclarar estos hechos todos los sujetos que han ocupado la Fiscalía de 2012 a la fecha, porque “tienen cuentas pendientes con la nación”.

Valerio Quintero recordó que, en alguna ocasión, Enrique Peña Nieto expresó: “no te preocupes, Rosario”, lo que significa que desde ese momento el tema ya estaba en manos de la autoridad competente, la Fiscalía General de justicia (FGR).

“Con el paso del tiempo y la conclusión del ejercicio de Enrique Peña Nieto, nos queda claro que esa frase equivalió a ‘la Fiscalía no hará absolutamente nada’. Esa es una evidencia concluyente de que todo lo vinculado con La Estafa Maestra provino de decisiones gubernamentales”, expuso.

Refirió que los convenios eran dudosos desde su propio contenido porque, por ejemplo, las dependencias federales “contrataron” a las universidades para señalar los lugares donde era pertinente la distribución de despensas.

“Una actividad de esta naturaleza, puesta en manos de una institución educativa, resulta absolutamente contradictoria con la más elemental de las lógicas. Un secretario de Estado que no tiene personal, recursos, imaginación y creatividad para diseñar una logística y saber cuales son los lugares donde prevalece la pobreza, para llevar a cabo el reparto de despensas, y que se lo tengas que preguntar a una institución educativa, es un absurdo”, dijo.

Asimismo, Valerio Quintero cuestionó que una institución, diseñada constitucionalmente para impartir educación, llevar a cabo investigación científica y promover la cultura, realice una actividad de este tipo como parte de sus funciones sustantivas.