“Son inocentes”, se lee pintado con marcador negro sobre una mascarilla médica de un color triste. Tras el cubreboca, unos ojos color miel hablan en silencio, un silencio elocuente que cala como el frío que congela el municipio de Pinos, Zacatecas, de donde es Belén Álvarez Pérez, quien junto con casi 60 personas más, llegaron desde temprana hora este miércoles a la capital zacatecana para manifestarse en Palacio de Gobierno y el Poder Legislativo, donde exigieron justicia por su hermano Lucio y otros tres jóvenes que pasaron de ser víctimas de secuestro a secuestradores, injustamente, aseguran.
Desde que la mascarilla cubre la mitad del rostro en el último año, los ojos se han vuelto más comunicativos y los de Belén, sentada a la sombra del recinto legislativo con su celular en la mano y las piernas cobijadas por una cartulina con la foto de su hermano, gritan tristeza, impunidad, desesperación. Llegaron en un camión rentado, desde Pinos. “Somos como 60”, dice, entre familiares, amigos y compañeros de trabajo.
Su hermano Lucio, en compañía de José Juan Juárez Escogido, Gerardo García Puente y Prisciliano Saucedo, los dos primeros herreros y los restantes, campesino y albañil, respectivamente, desaparecieron desde el 20 de noviembre en la comunidad de Las cabras, fueron secuestrados, cuenta. Pero supieron apenas de ellos y que estaban bien, el pasado 10 de diciembre, cuando fueron liberados junto con otros rehenes luego de un enfrentamiento entre autoridades y grupos delincuenciales en dicha comunidad, pero cuando parecía que la pesadilla había terminado, realmente lo que se abría era una de las puertas del infierno, el de la injusticia.
“Nos llamaron el 10 de diciembre, el día que apenas supimos de ellos. Nos dijeron que los tenían detenidos en la PGR, que estaban bien”, me cuenta Belén, luego, busca en su celular los videos que grabó al momento de la llamada. En el audio se escucha la voz de su hermano Lucio, diciendo que están bien, que vayan a “la PGR”, que le lleven sus identificaciones; su pareja llora y le piden a un hijo o hija, que le hable. Silencio. Cuando hay miedo, las palabras se amontonan en el cogote. Lo único que se escucha son risas nerviosas, un gemido tenue. “Cómo están ustedes”, responde el detenido.
Este jueves habrá una audiencia, informa Belén. Ya tienen un abogado y los está atendiendo, pero no les augura mucho éxito. Todos en la explanada de la Legislatura local afirman que son inocentes, que no portaban armas como dicen las autoridades, que se han negado además, a hacerles la prueba parafinoscópica. Apenas los han visto una vez y sólo un miembro por familia, dice. El honor se lo concedieron a su madre que permanece sentada detrás de ella, sumida en el característico mutismo que deja la ausencia. Están todos sucios, con la misma ropa desde hace casi un mes, atina a decirme Belén ante el asentimiento de su madre.
Ni la puerta del Palacio de Gobierno se abrió y ningún legislador apareció a las a fueras del recinto legislativo que un día antes se llenó de júbilo por la aprobación del matrimonio igualitario, y que este miércoles lució vacío. Si se atendió a un sector desprotegido en sus derechos, es momento de atender a otro, en este caso 60 pinenses que cargan sobre los ojos que apenas dejan entrever las mascarillas con el grito de justicia, el cansancio de tener que lidiar con autoridades y burocracia que no “se los quieren dar”. Como llegaron se retiran, en silencio.
