■ Inconformes reclaman se atiendan deficiencias, reinstalen mesas de trabajo, entre otras medidas
En voz de Gabriela Sescosse Pesquera, hija de quien se considera el más importante protector y conservacionista del patrimonio cultural de Zacatecas, los vecinos de la Alameda Trinidad García de la Cadena, organizaciones y ciudadanos libres, se dijeron “verdaderamente indignados porque queríamos una alameda familiar”, y lamentaron ahora en palabras de Abel García Guízar, docente e investigador de la UAZ, que el presidente municipal de la capital se haya “bajado los pantalones una y otra vez ante ciertos personajes, que por ser hijos de funcionarios y miembros de una cierta alcurnia se les permite todo”.
Señalaron también respecto a la reciente experiencia de la ciudadanía en la Ciudad de México, -que apenas el pasado 6 de diciembre a través de una consulta popular dio marcha atrás al Corredor Cultural Chalpultepec (CCC)-, que en el caso de Zacatecas no ven que haya voluntad de Gobierno del Estado “para poder modificar el sistema de consulta popular, de manera tal que la gente tenga acceso a una participación activa en la toma de decisiones”.
Así dijo el periodista Gerardo Mata, localmente “hay una imposición, una tiranía permanente”, por lo que la postura expuesta ayer se inscribe en el marco legal vigente, “dentro de lo posible”.
No obstante se busca la coincidencia con otros ciudadanos individualmente u organizados para que la experiencia del DF sea replicada en el estado de Zacatecas, a fin de que no sea una concesión el que las autoridades permitan a la ciudadanía participar sino que “las obras de este tipo se tengan que consultar”, dijo.
“Desde luego que esta apuesta que está haciendo el Gobierno del Estado de entregarle a Grupo Modelo el Centro Histórico, sin duda alguna está abriendo también la puerta a la participación de la delincuencia en otros sentidos muchos más amplios y muchos más dolorosos”, advirtió.
Así las razones exhibidas ayer para la manifestación de descontento, fueron más allá de las deficiencias de la obras en la Alameda y la denuncia de que “la obra concluida no se parece en absoluto al proyecto presentado” por la Sinfra y que se discutió con los vecinos y ciudadanos interesados, del que derivaron la conclusión de que “hubo engaño doloso y la aplicación de recursos no queda clara”, como dijo Carlos López de Lara; sino lo que agregó García Guízar y que sintetiza la indignación de los denunciantes: “La concepción del ejercicio de una autoridad que no responde esencialmente a las necesidades básicas de la gente que sí lo necesita”.
En un recuento de los hechos que lograron provocar desde hace casi cuatro años la organización ciudadana a fin de “prevenir acciones de remodelación contrarias a la naturaleza de este espacio arquitectónico”, se registraron lo que sintéticamente también expresó Sescosse Pesquera, “juntas y juntas”, de las que aunque lograron que el primer proyecto propuesto para el espacio no se llevara a cabo, no el que se impusieran “cambios no acordados”.
Entre estos cambios que dejaron en entredicho el compromiso del gobernador del estado, establecido respecto a que no se concederían más permisos para el asentamiento de negocios en el área hasta que no se concluyeran las obras, se registró justo la apertura del bar La Diez, que operó durante año y cuatro meses sin licencia, además violando horarios y niveles de ruido permitidos.
Así, refiriendo la responsabilidad en estos hechos del ayuntamiento capitalino que encabeza Carlos Peña Badillo, rechazaron el reciente asentamiento de dos bares más, uno “casualmente, propiedad de la persona a quien se le otorgó la obra de la Alameda” y otro que atribuyen al padre del presidente municipal de Guadalupe, Roberto Luévano.
Rechazaron del que denominaron “aspirino a la gubernatura”, Carlos Peña, la reiteración en su discurso de que “las personas que habitan en la alameda tienen que aguantar y acondicionarse tarde que temprano a convivir con todo el desastre que hasta altas horas de la noche se organiza a través de los antros”, dijo Abel García.
Por ello señaló ahora en cita a las expresiones que en reciente foro ciudadano organizado por la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la UAZ, pronunciara Jánea Estrada Lazarín, gestora y promotora cultural, que “se confunde progreso con instalación de burdeles ahí”.
De los hechos recientes manifestaron alarma porque hace dos días, dijo, se retiró la caseta de vigilancia que se mantuvo durante las obras, ante lo que lanzaron la interrogante: “¿Quiere decir que este fin de semana será el primero en que se va otra vez a permitir que empiece la gran cantina que era la alameda?”.
A la pregunta se sumó otra: ¿Qué otros espacios se van a otorgar a este tipo de trasnacionales a que responde el gobernador? Esto en alusión a la concesión que se ha divulgado se otorgará por 10 años a grupo Modelo sobre el Mercado González Ortega, pero también a la intervención de la empresa cervecera en el tema de los permisos de alcoholes y la proliferación de bares, y en crítica a que “ahora grandes empresas privadas fuertes” obren a “mansalva a ciencia, paciencia y promoción del Gobierno del Estado y del municipal”.
Los cuestionamientos contra la trasnacional belga agregaron que conjuntamente con la minería extractiva, se constituye en un ente que explota el suelo y los recursos naturales de los zacatecanos, y que en este último caso, ha dejado sin agua a los campesinos que se ubican sobre la cuenca subterránea que corre desde Trancoso y hasta Calera de Víctor Rosales.
En la conferencia de prensa estuvo también presente “en calidad de escucha”, Rafael Sánchez Preza, presidente de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos Coloniales y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas, y quien fungiera hasta el 18 de noviembre pasado como coordinador de la obra, esto destacado por los indignados, sin que tuviera que hacerlo pues era una responsabilidad municipal.
Sánchez Preza se dijo “dispuesto a asumir consecuencias respecto a su responsabilidad” y precisó sobre las denuncias realizadas alrededor de las deficiencias en las obras, que aunque firmó el acta de entrega de las mismas, esto no significa “que si hay vicios ocultos no se tengan que corregir y no haya fianzas que cobrar”, pues dijo, así está especificado en la Ley de Obra Pública, exigencia que hacia las empresas que participaron en la intervención tendrá que hacer la Secretaria de Infraestructura de Gobierno del estado, precisó.
Así los ciudadanos organizados en Pro Alameda Asociación Civil y Comité de Vecinos de la Calle Fernando Villapando y Anexas y otros más que se declararon “libres”, reclaman se retiren los antros, se garantice la seguridad, y se hagan funcionar los sistemas de riego de las jardineras así como que se cumpla con el compromiso de instalación de baños públicos y se solucione el problema de estacionamiento de los vecinos, derivado de las modificaciones espaciales al lugar, entre otras deficiencias de las obras.
Insistieron en la reinstalación de las mesas de trabajo para la creación del Reglamento y Plan de Manejo de la Alameda Trinidad García de la Cadena que dijeron desatendió como compromiso Guillermo Carrillo Villagrana, secretario de Obras Públicas Municipales.
Señalaron asimismo que en ningún momento entregaron “un cheque en blanco al Gobierno del Estado o la administración municipal” respecto a las obras de intervención de este espacio y no solo no cedieron, sino que les “fue impuesta una obra que nunca aprobamos”.
De misma manera manifestaron su postura de iniciar “trabajos sociales” para rescatar no solo la Alameda “sino todo el Centro de la Ciudad de Zacatecas, para que el Derecho a la Ciudad sea de los zacatecanos, y no de empresas extranjeras, ni beneficiarios de la corrupción”.
