En la semana que corre, por fin, el tema anticorrupción, en clave de propuesta, debate y análisis, surgió en el proceso electoral. No me detendré en los motivos, aunque aprovecharé el contexto para reiterar lo que aquí mismo hemos sostenido respecto a la importancia de discutir los resultados e impactos que trajo consigo la implementación de la reforma en materia de combate a la corrupción y en sí el Sistema Nacional Anticorrupción. Hay que recordar que todo este andamiaje institucional cumple, este 2024 diez años, dado que el camino inició en la reforma constitucional que dio origen al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 2014.
Ya que el tema está en la agenda pública, reiteraré algunas propuestas y agregaré algunas otras, dada la oportunidad:
Primero, hay que aceptar que hay una falla en el modelo de coordinación y articulación institucional que prevalece en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción; no hemos logrado que las instituciones que integran su Comité Coordinador, alcancen los acuerdos necesarios para actuar en conjunto, y a veces ni siquiera comunicándose adecuadamente en términos institucionales y de política pública. Hay que avanzar en una dinámica que incentive y garantice que los esfuerzos de los siete asientos de dicho comité se consoliden en una lógica colaborativa plena. En este sentido cabe rescatar la experiencia del Sistema Nacional de Transparencia, que abordaremos en otro numeral.
Segundo, la figura y el funcionamiento de los órganos internos de control, tal como están diseñados en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ni se ha acabado de entender, ni de implementar y tampoco ha logrado funcionar como instancia de política pública, prevención, identificación, investigación y resolución en materia de corrupción; se requiere un análisis que permita consolidar su rol. Habrá que evaluar la posibilidad de fusionar dicha figura con la de las unidades de transparencia y convertir a ambas en Unidades Anticorrupción, cuyos titulares e integrantes sean designados mediante procesos de reconocimiento al mérito, la trayectoria profesional y la autonomía de criterios. Aclaración necesaria: no hacen lo mismo, pero sus funciones son compatibles e incluso complementarias.
Tercero, la transparencia no basta, debemos ir por políticas de apertura institucional, que, además del acceso a la información, contemplen la participación ciudadana, la comunicación y deliberación pública, así como el uso de las tecnologías e inclusive las redes sociales para potenciar la participación e incidencia social en las decisiones públicas. Estado abierto, en serio.
Cuarto, hay que mejorar los mecanismos de designación de las personas que se encargan de las funciones en materia de transparencia, anticorrupción, justicia administrativa y procuración de justicia en general; es momento de explorar procesos que conlleven las etapas ya conocidas y practicadas (convocatorias públicas, exámenes, entrevistas transmitidas en vivo, etc.) con el de la insaculación de los perfiles que hayan logrado superar los filtros anteriores para la determinación final de quiénes serán seleccionados; ello quizá implique mayor independencia de los seleccionados con respecto a los seleccionadores.
Quinto, no es suficiente con proteger a los denunciantes de la corrupción (esfuerzo, por cierto, aún precario), sino también cada vez más a las personas que se encargan de investigar y sancionar los actos de corrupción.
Sexto, la corrupción política, en su vertiente de la lucha por el poder, es decir, la que se desarrolla en el desvío de recursos para campañas electorales en búsqueda de impunidad, sigue siendo una asignatura pendiente; hay que insistir en el involucramiento del Instituto Nacional Electoral y sus instancias de fiscalización a las tareas del Sistema Nacional Anticorrupción.
Finalmente, es importante tomar referencia, aprender e inclusive solicitar el acompañamiento y asesoría de los actores que han formado parte de la primera reforma, y hasta ahora la única exitosa, en esta materia: la de transparencia. El Sistema Nacional de Transparencia, no solo ha tenido éxito en la implementación de la Ley General de 2015, también ha logrado la plena coordinación, comunicación y entendimiento de sus integrantes, la profesionalización de miles de servidores públicos en dicha asignatura y mejor aún: la concientización, tanto de funcionarios públicos, como de ciertos sectores sociales. La política de transparencia, como política de Estado es quizá el mejor ejemplo de que, con voluntad política, astucia, capacidad profesional y, sobre todo, acompañamiento ciudadano, vencer inercias y resistencias burocráticas y políticas, es posible. No tendría porqué ser distinto en relación a la ardua tarea que en materia anticorrupción seguimos teniendo pendiente.
@CarlosETorres_
