Integrantes del Ejido Villas de Guadalupe denunciaron que el ex comisariado ejidal les ha amenazado de muerte por dar a conocer irregularidades en su administración (fraude con la venta de terrenos en varias ocasiones) y en la elección de su nuevo representante (presencia de votos a favor de personas que ya fallecieron).
En conferencia de prensa, Felipe Núñez García comentó que esta situación ha provocado una fractura en su organización comunitaria, por lo que exigió a las autoridades municipales y federales que intervengan para evitar algún problema de gravedad.
Expuso que el pasado 3 de julio concluyó la administración de Margarito Nájera Martínez como comisariado ejidal, por lo cual está impedido de hacer cualquier acción legal o de representación del ejido. Contrario a ello, en los últimos días entregó constancias a concesionarios de terrenos urbanos, pero son actos ilegales por realizarse en periodo de tiempo posterior a su periodo.
En ese sentido, dijo que muchas personas podrían ser afectadas porque han solicitado constancias y documentos que, debido a esa situación podrían ser invalidados si los utilizan para algún trámite o procedimiento legal.
Por tanto, Núñez García señaló que toda actividad que realice el ex comisariado debe ser separada de las actividades que realice el ejido Villas de Guadalupe, el cual se integra por 471 ejidatarios y abarca 10 mil hectáreas de cultivo y otras 10 mil de agostadero.
Expuso que un grupo importante de ejidatarios nunca estuvieron de acuerdo con la forma en que se administraron los bienes del ejido, ya que no se aplicaron las normas adecuadamente, por ejemplo, nunca se presentaron informes de parte de la tesorería.
“Las acciones que se desarrollaron fueron en muchas ocasiones totalmente reprobables, pero apoyado Margarito en uno de sus asesores, Héctor Méndez Rodríguez, hicieron muchas acciones ilegales, como un poder que le otorgan los miembros del consejo de administración para tener poder absoluto y hacer todas las operaciones que quisiera», comentó.
Núñez García refirió que la única instancia para otorgar ese aval es la Asamblea General del ejido, pero ello nunca sucedió y lo hizo solo con la anuencia de los integrantes del consejo, lo cual es ilegal.
Además, mencionó que hay “miles de acuerdos” aprobados en las reuniones ejidales, pero no son válidos porque en esos encuentros no se alcanzó el quórum legal para validar las acciones, pues se requiere de la asistencia del 50 % más uno del total de ejidatarios.
Otra irregularidad, detalló es que se han vendido terrenos en varias ocasiones, es decir, se han otorgado varias constancias de compra-venta de los mismos terrenos, lo cual califica como fraude de parte del comisariado.
