En la sesión ordinaria de la Legislatura local de ayer, las y los legisladores tuvieron conocimiento de la iniciativa remitida por el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, mediante la cual propone establecer una prohibición general para que el Estado, los municipios y sus organismos públicos contraten nueva deuda, con excepciones para casos de desastres naturales, emergencias sanitarias y crisis económicas graves.
Durante la sesión únicamente se dio lectura a un resumen de la iniciativa. La versión completa se encuentra publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria con fecha del día 22 de septiembre. Cabe señalar que los detalles presentados en esta nota son tomados de la publicación íntegra y no del resumen presentado en dicha sesión.
El contenido de la iniciativa establece una serie de requisitos y controles para que pueda autorizarse cualquier nuevo financiamiento. La propuesta plantea que estas condiciones queden establecidas en la Constitución local, así como en las leyes de Austeridad, Disciplina y Responsabilidad Financiera y de Financiamientos, Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública.
Entre las modificaciones planteadas se establece que, aun cuando se actualice alguno de los tres supuestos de excepción, la contratación de deuda deberá destinarse a inversión pública productiva y cumplir de manera simultánea con seis principios: atender una necesidad real, demostrar rentabilidad y suficiencia, generar inversión adicional, garantizar sostenibilidad financiera, respetar la responsabilidad intergeneracional y acreditar una sostenibilidad integral ante distintos escenarios de riesgo.
La iniciativa también establece que, antes de contratar financiamiento, deberán acreditarse otras fuentes de recursos disponibles, como ingresos propios, reservas, reasignaciones presupuestales, recursos federales o subsidios, y demostrar que estas resultan insuficientes para atender el proyecto.
En el caso de las entidades que no tengan financiamiento vigente, la propuesta contempla que el monto de una nueva deuda no pueda superar el 15 por ciento de sus ingresos de libre disposición. Además, hasta la mitad del monto que pudiera autorizarse quedaría sujeta a la aprobación de la ciudadanía mediante una consulta pública; si esta no obtiene aprobación, esa parte del financiamiento no podría contratarse.
La propuesta también plantea mayores restricciones para los créditos de corto plazo, los cuales únicamente podrían utilizarse ante una insuficiencia temporal de liquidez y tendrían que sustentarse mediante una prueba que demuestre que existe un desfasamiento temporal entre los recursos disponibles y las obligaciones de pago.
Asimismo, se prohibiría utilizar un nuevo crédito de corto plazo para pagar otro previamente contratado, así como mantener una misma necesidad de liquidez mediante la contratación sucesiva de este tipo de obligaciones.
La iniciativa contempla además que cada financiamiento cuente con un expediente electrónico individual, desde su autorización hasta su liquidación, en el que se incorporen contratos, procesos de selección de instituciones financieras, disposiciones, pagos, avances físicos y financieros, indicadores y modificaciones al financiamiento.
Finalmente, plantea ampliar la fiscalización de los financiamientos para revisar no solamente el destino de los recursos, sino también el avance de los proyectos, el cumplimiento de sus indicadores y metas, la evolución de la deuda y la correspondencia entre las condiciones previstas al contratarla y los resultados observados durante su ejecución.
APRUEBAN PUNTOS DE ACUERDO
Durante la sesión ordinaria de la Legislatura local de ayer, las y los diputados conocieron diversas iniciativas y aprobaron dos puntos de acuerdo, entre los que destacaron una propuesta para convertir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas en una dependencia del Poder Ejecutivo, reformas para combatir delitos digitales y un exhorto por posibles actos de extorsión en retenes carreteros.
El diputado Marco Vinicio Flores Guerrero presentó una iniciativa con el objetivo de que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas se convierta en una dependencia del Poder Ejecutivo, manteniendo su autonomía técnica. La propuesta plantea además que la persona titular de la Fiscalía sea designada directamente, con posibilidad de veto por parte del Poder Legislativo, así como garantizar un presupuesto público y establecer un modelo de responsabilidades concentrado y coordinado entre las distintas instancias que participan en la política criminal.
Por otra parte, la diputada Ruth Calderón Babún propuso establecer el delito de pederastia, actualmente no contemplado con esa denominación y estructura en la legislación penal estatal. La iniciativa plantea sancionar con entre nueve y 18 años de prisión a quien, aprovechándose de una relación de confianza, subordinación o superioridad sobre una persona menor de 18 años, ejecute, obligue, induzca o convenza a realizar cualquier acto sexual.
La pena podría incrementarse hasta en una mitad cuando la víctima tenga alguna condición de discapacidad, no pueda comprender el significado del hecho o resistirlo, o cuando se emplee violencia física o psicológica.
En materia de seguridad digital, la diputada Georgia Fernanda Miranda Herrera planteó reformas para fortalecer la prevención, investigación y persecución de la extorsión cometida mediante tecnologías digitales. La propuesta contempla que la Fiscalía especializada atienda expresamente los delitos previstos en la legislación general sobre extorsión y fortalezca sus capacidades de investigación digital y financiera, preservación de evidencia electrónica y análisis de patrones.
En tanto, por unanimidad, el Pleno aprobó un Punto de Acuerdo presentado por el diputado Jaime Manuel Esquivel Hurtado para exhortar a la Fiscalía General de la República a fortalecer las acciones de investigación, vigilancia y coordinación institucional en retenes y puntos de revisión instalados en las carreteras federales de Zacatecas.
El exhorto pone especial atención en la carretera federal 49, en las inmediaciones de la comunidad de Rancho Grande, Fresnillo, debido a señalamientos sobre posibles actos de extorsión, cobros indebidos y despojo contra usuarios de esta vía.
Asimismo, la Legislatura aprobó por unanimidad otro Punto de Acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión a modificar el régimen transitorio relacionado con el límite a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza de las entidades públicas. La propuesta busca que dichas prestaciones no excedan el límite establecido en la reforma al artículo 127 constitucional publicada en abril de 2026.
Durante la sesión también se presentaron iniciativas para regular las terapias intravenosas con fines estéticos y prevenir riesgos sanitarios; garantizar la accesibilidad en lengua de señas mexicana en los servicios públicos; incorporar infraestructura accesible para personas con discapacidad visual; reconocer el derecho de las y los trabajadores del sector público a la desconexión digital; y establecer derechos para las personas deportistas, entre ellos contar con seguro médico.
Además, se propusieron reformas para fortalecer la seguridad de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, mediante medidas de prevención del grooming, captación y explotación sexual en línea, así como la creación del delito de captación digital de menores. Finalmente, las Comisiones Legislativas de Vigilancia y de Presupuesto y Cuenta Pública presentaron dictámenes correspondientes a las Cuentas Públicas 2024 de diversos municipios y sistemas de agua potable del estado.
