Con el argumento de que el endeudamiento público no debe ser una herramienta ordinaria de gobierno, el gobernador David Monreal Ávila impulsa ante la Legislatura local una iniciativa de Cero Deuda y Combate frontal a la Corrupción, mediante la cual busca restringir constitucionalmente la contratación de nuevos créditos por parte del estado, los municipios y sus organismos públicos.
Durante la conferencia semanal La Informativa de Zacatecas, el mandatario sostuvo que “Zacatecas no necesita deuda pública, nada la justifica” y convocó a un debate social y legislativo sobre una reforma que, afirmó, pretende proteger los recursos públicos y evitar que compromisos financieros sean trasladados a las siguientes generaciones.
Uno de los principales argumentos de la propuesta es el comportamiento de las finanzas estatales durante la actual administración. De acuerdo con cifras difundidas por el gobierno estatal, Zacatecas recibió en 2021 obligaciones financieras superiores a 12 mil 500 millones de pesos y, sin contratar un solo peso de nueva deuda, ha destinado 7 mil 348 millones de pesos al pago de compromisos heredados, con corte a junio de 2026. El saldo de largo plazo se ubicaba entonces en alrededor de 6 mil 401 millones de pesos.
El gobierno estatal destaca además que fue liquidada la totalidad de la deuda de corto plazo, considerada la de mayor costo financiero, mientras que los compromisos de largo plazo continúan siendo cubiertos conforme a los instrumentos contratados.
Monreal contrastó esta política con el historial de endeudamiento registrado entre 2004 y 2021. Según las cifras presentadas por el Ejecutivo, durante la administración de Amalia García se contrataron 2 mil 567 millones de pesos; en la de Miguel Alonso Reyes, 32 mil 143 millones, y en la de Alejandro Tello, 19 mil 962 millones de pesos de deuda de corto y largo plazo.
El mandatario también señaló que solamente los intereses de la deuda heredada de largo plazo han representado 9 mil 591 millones de pesos: 3 mil 336 millones durante 2010-2016, 3 mil 7 millones entre 2016 y 2021, y 3 mil 248 millones durante la actual administración, hasta junio de 2026.
Entre los antecedentes mencionados se encuentra el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) utilizado para la construcción de Ciudad Gobierno. Según la información expuesta por el Ejecutivo, las obras tuvieron un costo aproximado de 700 millones de pesos, pero el esquema implicaría pagos superiores a 2 mil 400 millones durante 20 años.
El gobernador sostuvo que la experiencia demuestra, a su juicio, la necesidad de establecer límites legales más estrictos al endeudamiento. Como ejemplo de la posibilidad de realizar obra pública sin recurrir a nuevos créditos, mencionó el sistema de transporte Platabús, con una inversión cercana a 2 mil 400 millones de pesos, y la renovación del parque vehicular, superior a mil millones, ambos financiados con recursos propios, de acuerdo con cifras oficiales.
La secretaria de Finanzas, Ruth Angélica Contreras Rodríguez, explicó que la iniciativa, presentada ante la Legislatura el pasado 18 de septiembre, plantea modificaciones a tres marcos normativos y parte de un principio: tener capacidad de endeudamiento no significaría automáticamente estar autorizado para contratar deuda.
La propuesta plantea que los actuales techos de endeudamiento —6 por ciento de los ingresos para el estado y 3 por ciento para los municipios— dejen de funcionar como una autorización ordinaria.
El financiamiento sólo podría utilizarse bajo circunstancias extraordinarias, como desastres naturales, emergencias sanitarias o crisis económicas severas, siempre que exista una declaratoria formal y se hayan agotado previamente las disponibilidades presupuestarias, fondos, reservas, recursos federales e ingresos propios.
Además, los proyectos tendrían que superar seis evaluaciones relacionadas con necesidad económica o social, rentabilidad y suficiencia financiera, adicionalidad presupuestaria, sensibilidad al costo financiero, responsabilidad intergeneracional y sostenibilidad integral.
Para los créditos de corto plazo se propone una prueba obligatoria de liquidez y un periodo mínimo de 30 días entre contrataciones. También se incorporarían los adelantos de participaciones al límite de endeudamiento, con el objetivo de evitar que este mecanismo opere como una fuente recurrente de financiamiento.
La iniciativa será ahora sometida al proceso legislativo correspondiente. El Ejecutivo estatal ha planteado que el objetivo final es que la política de no contratar nueva deuda, aplicada durante los cinco años de la actual administración, quede convertida en una obligación jurídica y no dependa únicamente de la decisión de cada gobierno.
En otros cuestionamientos, el gobernador Monreal Ávila anunció que pedirá a la Secretaría de la Función Pública (SFP) revisar los procesos de contratación señalados en una investigación del periodista Heraclio Castillo.
