Tegucigalpa. La llegada de Nasry Asfura al gobierno de Honduras y el regreso del ex presidente Juan Orlando Hernández, ex convicto por narcotráfico en Estados Unidos, ambos bajo el paraguas de la Casa Blanca, significó para el movimiento popular de ese país centroamericano un momento “terrible, nefasto”, lamenta Míriam Miranda, de la Organización Fraterna Negra Hondureña (Ofraneh).
“Debemos entender que lo que pasa aquí es producto de una política que se decide en otro lado. Honduras ha sido un experimento desde hace muchos años y sigue siendo un laboratorio de la extrema derecha que se ha empoderado en casi toda América Latina. Saben que si lo logran aquí van a lograrlo en otros lados”, explica.
–¿Qué se experimenta aquí?
–¿Dónde se hicieron los primeros golpes de Estado modernos, donde se derroca un poder desde otro poder? Aquí, en 2009, con Manuel Zelaya. Y de ahí se siguieron otros. ¿Dónde se está experimentando con estos proyectos de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico? Aquí. (La ZEDE Próspera, de los dueños de Pay Pal y Palantir en la isla Roatán, es un territorio con leyes, tribunales, sistema impositivo y fuerzas de seguridad propios dentro del territorio hondureño).
“Aquí pueden funcionar porque hay instituciones muy débiles y no existe estado de derecho. De aquí se pueden expandir. Javier Milei está intentando lo mismo en Argentina. ¿Y ante esto qué nos queda? Resistir.”
Generar esperanza
Míriam Miranda es una mujer negra, alta, imponente, “de unos 60 años”, admite entre risas. Irrumpió codo con codo con Berta Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), en las intensas luchas populares que se produjeron en 2009 a raíz del golpe contra Zelaya, un mandatario medianamente progresista que intentó algunas reformas, hasta que pisó los callos de la inamovible cúpula oligárquica.
En el Campamento por la Vida, instalado hace ocho semanas en esta capital, se le puede ver siempre en movimiento; entrando y saliendo de su carpa, sentada en la pequeña mesa de trabajo con los abogados de la organización, con los visitantes internacionales, con líderes y activistas que llegan de todo Honduras; estudiando documentos, organizando a los cipotes (niños) para diversas tareas, hablando por teléfono, consultando datos. De pronto sale en una bata de trabajo porque le toca hacer las hamburguesas, cena para 200 personas o más. De pronto viste un vestido ceremonial porque llega la hora del ritual y sale con sus maracas y sus atributos a acompañar a los tamboristas y a las gayúzares (cantoras) que todos los días invocan a sus ancestros pidiendo protección y orientación.
En entrevista con este diario, dice: “nunca imaginé que un campamento como este pudiera generar tanta esperanza. Ha abierto nuevas conversaciones a escala nacional sobre el agua, las minas, la palma aceitera, el expansionismo de inmobiliarias de lujo, el turismo extractivo. Ya no es sólo que la gente ve que aquí nos movemos contra le ley, sino que mueve la discusión sobre los otros problemas. Yo escucho mucho a la gente y oigo que aquí empiezan a concluir que sí es posible hacer resistencia a un grupo muy reducido de empresarios que han tomado el control del país de una manera muy abusiva”.
No descarta que, sin esta movilización y este campamento, las amenazas de desalojo pendientes en el gobierno contra pueblos indígenas garífunas se hubieran llevado a cabo hace meses.
Pero esto no ha ocurrido sólo en las últimas semanas. “Llevamos años dale que dale con el tema. Y no únicamente con movilizaciones, con una lucha legal intensa. Hemos interpuesto 56 acciones legales ante ministerios públicos, Corte Suprema de Justicia y diversas instituciones del Estado. Desde los garífunas, y como garífunas, le estamos diciendo no al Estado. Y se han sumado los campesinos, los movimientos, las organizaciones de mujeres, derechos humanos, migrantes”.
Tres días después de la publicación de la ley le cayeron a la comunidad garífuna San Juan con un desalojo y cárcel para cinco muchachos, que fueron liberados, pero siguen procesados bajo un tribunal de crimen organizado por una acción de recuperación de territorio. Y semanas después, la amenaza de desalojo en Cayos Cochinos. “No entiendo por qué Asfura quiso empezar con el pueblo garífuna. Fue un error de cálculo. Además, contra dos comunidades que tienen a su favor una sentencia previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
–¿Le pegaron al avispero?
–De alguna manera, sí. Si no fuera por estos hechos nosotros estaríamos tan tranquilos en nuestras comunidades. No se hubiera levantado el campamento.
El edicto del rey
En Honduras se está dando un nivel de movilización y conciencia social que pasa desapercibido a la vista de la opinión pública porque es silenciado por los medios de comunicación convencionales. Pero a ras de las comunidades tiene una resonancia insospechada.
El detonante de esta nueva articulación de organizaciones, redes y movimientos es la aprobación de un decreto que entró en vigor en junio, apenas cuatro meses después de que Asfura entrara a la casa presidencial. Lo logró en tiempo récord gracias a su control sobre el Poder Legislativo.
La aprobación del decreto de ley llamado de Desarrollo Agroindustrial, que entre otras cosas dice pretender “combatir la usurpación”, se enfilaba a ejecutar en un lapso de dos meses desalojos para favorecer a los intereses privados nacionales y extranjeros contra diversos proyectos campesinos, comunidades rurales o urbanas.
El abogado Edy Tábora define esta nueva legislación como “el edicto del rey”, porque para su ejecución no necesita ningún tipo de investigación previa mediante la figura de los “desalojos preventivos”. Se han contabilizado cerca de mil focos o situaciones que podrían ser blanco de estos ataques.
Pero en el tablero político hay un nuevo elemento: este campamento de los garífunas. Aguantan soles quemantes y lluvias de diluvio en un espacio baldío, arbolado, entre el intenso tráfico del bulevar Fuerza Aérea y la calle que pasa frente a la Suprema Corte de Justicia, donde hace seis años se había instalado otro campamento, el “Berta Vive”, en el que el Copinh y la Ofraneh ejercieron presión popular durante el juicio contra uno de los asesinos de Berta Cáceres.
Ofraneh tiene trabajo en cinco regiones: Colón, Atlántica, Gracias a Dios, Cortés e Islas de la Bahía.
El ajetreo del campamento entra en pausa cuando algunos jóvenes salen de un espacio cubierto con sábanas por los cuatro costados; un sitio vedado para los ojos profanos: la gayumari. Empiezan a sahumar el centro del área. Salen tres muchachos y sus tambores y las guías espirituales. Hay toque dos veces al día. Es el momento de conexión con los ancestros, que guían y protegen.
“El pueblo garífuna tiene una conexión muy fuerte con su mundo espiritual. Durante dos siglos nuestros tambores sagrados no salieron de nuestros espacios íntimos. Salieron a la calle, aquí en Tegucigalpa, cuando el golpe de 2009. Hasta que nos los requisaron, por subversivos”.
–Y tú, Míriam, ¿cómo llegas a esta posición de liderazgo? ¿Quiénes son tus ancestros?
–Soy de Santa Fe, en Colón, pero mis padres migraron a un campo bananero. Crecí en una plantación, mirando cómo era la situación de explotación en las bananeras. Me preguntaba cómo era que la gente trabajaba tantas horas al día y al final de la semana no le ajustaba para resolver. De ahí me vine a Tegucigalpa a una carrera que no me gustó. Pero me metí al movimiento estudiantil, al feminismo, hasta entrar de lleno al trabajo de organización. He caminado mundo. Hasta que por fin quise volver a la comunidad”.
