Los derechos también se violan por omisión. Se vulneran cuando una autoridad sabe que existen niñas, niños y adolescentes en condiciones de desigualdad y, aun así, no acerca servicios, no adapta sus programas, no escucha sus necesidades ni garantiza su protección. La ausencia institucional no es neutral, sino que constituye una forma de violencia.
Esto ocurre con quienes acompañan a sus familias en las rutas de migración jornalera agrícola. Sobre ellos se acumulan distintas desventajas, son menores de edad, viven en pobreza, pertenecen en muchos casos a pueblos originarios, hablan una lengua distinta al español, cambian de residencia y habitan asentamientos alejados de los servicios. La falta de identidad, educación, salud, vivienda digna, cultura y protección se entrelaza y profundiza su exclusión.
La invisibilidad comienza, en algunos casos, desde el nacimiento. Hay niñas y niños nacidos durante las rutas agrícolas que no cuentan con acta ni CURP. Sus familias desconocen dónde realizar el trámite, no pueden solventar el pago, carecen de medios para trasladarse o no encuentran intérpretes en su lengua materna.
Durante mi investigación en diversos campos, todos los docentes los reciben porque saben que ningún documento debe condicionar el derecho a aprender. Sin embargo, administrativamente muchos siguen sin existir, no aparecen en el control escolar, no tienen expediente completo y su trayectoria desaparece cada vez que la familia migra. La movilidad termina registrándose como abandono, cuando se trata de una infancia que continúa buscando escuela.
La desprotección inicia durante los primeros años. Madres y padres salen desde las cuatro o cinco de la mañana y llevan a sus bebés e hijos pequeños al campo porque no existen servicios de cuidado ni educación inicial. Entre surcos, cajas, maquinaria, agroquímicos y temperaturas extremas transcurre su primera infancia. Conforme crecen, “más manos” pueden significar más sustento para una familia que vive al día. Así, el trabajo comienza a ocupar el lugar de la escuela.
La educación inicial no debería depender de alcanzar una matrícula convencional. Esta población difícilmente reunirá cifras estables porque se encuentra en movimiento. Su atención debe justificarse por la necesidad, el interés superior de la niñez y la obligación pública de llegar hasta quienes enfrentan mayor vulnerabilidad.
Cuando logran incorporarse a la escuela, las condiciones tampoco son dignas. Algunos servicios funcionan dentro de vagones reutilizados: espacios rectangulares, con poca ventilación y sin electricidad, que pueden convertirse en hornos durante el verano y congeladores durante el invierno.
Hay planteles con sanitarios deteriorados y otros que ni siquiera cuentan con ellos. Docentes y estudiantes deben desplazarse hasta baños comunitarios, cruzando caminos por los que circulan vehículos y maquinaria agrícola, como el caso de San Cristóbal en Villa de Cos. Esto los expone a accidentes y evidencia cómo se ha normalizado que algunas infancias estudien en condiciones inaceptables en cualquier escuela urbana.
Mientras en planteles urbanos y semiurbanos se anuncian rehabilitaciones, visitas, festivales y programas especiales, las escuelas de los campos permanecen fuera de la fotografía. Son pequeñas, lejanas y tienen matrícula cambiante; precisamente por eso deberían recibir mayor atención. Estas niñas y niños también merecen materiales completos, maestros educación física, servicios de USAER, artes, experiencias integradoras e instalaciones dignas.
Las maestras y maestros tampoco reciben el acompañamiento necesario. Algunos relatan que incluso reciben una ubicación incorrecta del plantel y llegan sin información sobre la población. No existe capacitación sistemática para trabajar en contextos de movilidad, diversidad cultural y pluralidad lingüística. Las visitas de supervisión son escasas e incluso inexistentes.
A esta exclusión se suma la falta de atención médica continua. En algunos campos únicamente hay personal de enfermería ubicados en las oficinas centrales de la productora y las brigadas de salud no llegan regularmente. Debe reconocerse que IMSS-Bienestar ha realizado recientemente acciones en Río Florido de vacunación y atención preventiva; sin embargo, la atención necesita ser preventiva, periódica, intercultural y accesible.
Tampoco existen ofertas culturales constantes. Rara vez llegan obras de teatro, cuentacuentos, talleres de pintura, música, lectura o actividades deportivas. Jugar, imaginar, crear, descansar y participar en la vida cultural también son derechos.
Las condiciones de vivienda completan este entramado. En Río Florido he encontrado familias a las que no se permite instalar estufa o refrigerador por el costo de los servicios. Habitan casas sin divisiones, separan espacios con hules y viven hacinadas. Al no poder conservar alimentos, compran diariamente lo que está a su alcance.
El Gobierno del Estado impulsa la campaña “El campo no es problema, es solución”. La frase ofrece una oportunidad para mirar integralmente al sector agrícola. Si el campo es solución, también deben reconocerse las familias migrantes que lo trabajan y sostienen, incluso dentro de unidades vinculadas con grandes productores. Debemos celebrar la cosecha ignorando a quienes siembran, cortan, cargan, seleccionan y empacan sus productos.
No son una matrícula insuficiente ni una población que aparece únicamente durante la cosecha. Son niñas y niños con nombre, lengua, historia y sueños. El Estado debe ir hasta donde están, porque ningún derecho debería depender del código postal, la temporada agrícola o la cantidad de estudiantes reunidos. Su lejanía no los hace menos importantes. Su invisibilidad hace más urgente nuestra responsabilidad de verlos.
