Este sábado pasado, 26 de septiembre, se cumplió un año del genocidio contra los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, lo que en todo el país y muchas ciudades del mundo, fue recordado con manifestaciones de diversas índoles, sin embargo, este hecho, doloroso en sí mismo y absolutamente condenable, sólo representa una muestra, una parte de una realidad mucho más amplia y siniestra, un recurso de control de una oligarquía, de un régimen totalitario que utiliza como práctica política cotidiana el terrorismo de estado.
No es un hecho aislado, matar opositores ha sido práctica sistemática del régimen, el 22 de diciembre de 1997, miembros del grupo Máscara Roja atacaron indígenas tzotziles que se encontraban orando en el interior de una iglesia en Acteal, en los altos de Chiapas. Hubo 45 muertos, incluidos niños y mujeres embarazadas. Mientras el gobierno mexicano intentó calificar la masacre como un conflicto étnico, opositores y grupos defensores de derechos humanos la señalaron parte de una estrategia del régimen priísta para desarticular la base social del EZLN.
El 3 y 4 de mayo de 2006, tres mil policías estatales y federales tomaron por la fuerza el poblado de San Salvador, Atenco por órdenes del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y el presidente Vicente Fox Quesada. Del operativo resultaron dos estudiantes muertos, 207 detenciones judiciales -entre ellas 10 niños-, 146 detenciones extrajudiciales, cinco extranjeros expulsados y 26 mujeres violadas por efectivos policiacos, todo por su resistencia a la instalación arbitraria de un aeropuerto en esa localidad campesina, en las periferias de la zona metropolitana de la Ciudad de México.
A nueve años de esta masacre de Estado, la impunidad es total, y los responsables, en lo más alto del poder político.
El 28 de junio de 1995, en Aguas Blancas (en Coyuca de Benítez, Guerrero), agentes de la policía guerrerense dispararon en contra de un grupo de miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) que se dirigían a un mitin político en la población de Atoyac de Álvarez (región de la Costa Grande), matando a 17 campesinos. El gobernador priísta Rubén Figueroa Alcocer negó los hechos, desmentido más tarde por trascender las imágenes video grabadas por los mismos manifestantes en el momento en que fueron atacados. El crimen provocó protestas y el surgimiento de grupos armados como el EPR.
El 2 de octubre de 1968, el Batallón Olimpia y el Ejército Mexicano, abrieron fuego en contra de una manifestación convocada por el Consejo Nacional de Huelga, donde, además de estudiantes de la UNAM y del IPN, participaron profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México. El responsable de la matanza fue Gustavo Díaz Ordaz, según lo declaró el mismo en 1969 y por Luis Echeverría Álvarez.
La fuente oficial reportó en su momento 20 muertos, pero las investigaciones actuales deducen que los muertos podrían llegar a varias centenas, pero debido al ocultamiento de información, no se conoce exactamente la cantidad de asesinados, heridos, desaparecidos y encarcelados, pero el responsable directo es el Estado priísta, provocando desde entonces, una acción permanente, crítica y opositora de la sociedad civil, principalmente en las universidades públicas, alentando el desarrollo de guerrillas urbanas y rurales. La Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), incluye el movimiento del 68 en su informe de febrero 2006
El martes 7 de julio de este año, en Calera, siete jóvenes (presuntos delincuentes), fueron sacados de una vivienda por elementos del 97 batallón de infantería, los familiares se organizaron y colocaron en puentes peatonales de Calera lonas para denunciar el hecho, solicitando al general Antelmo Rojas Yáñez –comandante de la 11 zona militar, su intervención para localizar a los siete jóvenes. En minutos las lonas fueron retiradas por integrantes del Ejército, apareciendo días después ejecutados con el tiro de gracia, en el municipio de Jerez, cerca de la presa de El Tesorero y de la comunidad de El Naranjal.
El derecho a la vida está garantizado por el Artículo 8 de la Declaración Universal, es considerado inviolable en todas las convenciones de derechos humanos, hay una barrera jurídica contra cualquier forma de ejecución sumaria, sin juicio justo, es decir, cuando el Estado arrebata vidas aplicando una política genocida, y existe la obligación de que el Estado cumpla con una investigación clara, indagando y juzgando a cualquier funcionario sospechoso de estas ejecuciones.
Esta conducta de los responsables de procurar la seguridad es de un Estado de terror; tal como opera el estado en Guerrero, Chiapas, Estado de México, Zacatecas, y todo el país. Ejecuciones extrajudiciales, fosas clandestinas, así como otras prácticas utilizadas en Tlatlaya, San Fernando, entre otros casos vergonzosos y todavía impunes, permiten percibir que el Estado está cometiendo terrorismo de Estado contra la población civil.
El primer párrafo del Artículo 149-bis del Código Penal establece: “comete el delito de genocidio el que con el propósito de destruir, total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetrase, por cualquier medio, delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo”. Los hechos contra los normalistas son un crimen de Estado porque violentan la norma internacional de los Derechos Humanos y el derecho penal internacional.
El gobierno del PRI es genocida, aplica una política de terror de estado, y burdamente, busca fabricar culpables de los crímenes que comete. La larga y macabra lista de hechos sangrientos no es cosa menor, y no puede olvidarse, debe ejercerse la ley. Nuestro país necesita con urgencia la aplicación del estado de derecho. El 2 de octubre no puede olvidarse, ni el 26 de septiembre. En manos de la sociedad esta que se haga justicia, que se arranque el país de las manos del PRI, y que se reconstruya al país con un régimen democrático, estableciendo instituciones funcionales, justas e igualitarias para que estos hechos no vuelvan a repetirse. ■
