En las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hace 23 años, uno de los sectores que presentó mayor complejidad fue el agropecuario por su sensibilidad económica y política, así como por las grandes asimetrías con Estados Unidos y Canadá en dimensión, competitividad natural en algunos productos, orientación exportadora y, también, en los subsidios a los productores de esos países.
Es un hecho que para la Sagarpa el TLCAN no significa ningún problema porque está fuera de la realidad.
Tan solo con la apertura agropecuaria del TLCAN en México, se ha incrementado la pobreza que alienta la migración, pérdida de la diversidad genética y destrucción de la naturaleza. El TLCAN suprimió paulatinamente muchas leyes que preservaban derechos fundamentales de los trabajadores y campesinos y el campo mexicano ha sucumbido bajo la competencia desleal de los productos subsidiados norteamericanos, que han inundado los mercados nacionales.
La polarización social en el campo es creciente; la migración de la población rural llega a 300 mil personas por año en condiciones inhumanas; más de un mexicano muere cada día al tratar de cruzar a Estados Unidos, y esa realidad no la quiere reconocer la Sagarpa porque su único interés es servir a las corporaciones del sector agroalimentario.
El panorama del sector en tiempos del TLCAN es, ciertamente, desolador.
Un buen ejemplo es el caso del maíz. De acuerdo con datos de diversas fuentes, este grano representa más de 60% de la producción agrícola nacional, al iniciarse el TLCAN, en 1994, el gobierno acordó el ingreso de 2.5 millones de toneladas métricas de maíz libre de aranceles. Estas importaciones se ampliarían a un interés compuesto de 3% anual hasta llegar a la liberalización total del mercado, en 2008. Sin embargo, desde el principio la cuota de importación fue rebasada. Así, millones de toneladas de este grano ingresaron al país sin cubrir arancel alguno y sin que el gobierno diera una explicación al respecto.
Entre 1993 y 1999, las importaciones de maíz crecieron 3 mil por ciento al pasar de 152 mil toneladas a 5.4 millones de toneladas; en ese periodo se adquirieron en total 29 millones, de las cuales 12.9 millones estuvieron por encima de las cuotas de importación.
Esto generó una grave crisis entre los productores nacionales. Varios analistas han coincidido en señalar que la política agrícola y comercial desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari en 1994 hasta hoy, el ingreso de maíz y otros productos importados a precios dumping, ha obligado a los productores mexicanos a abandonar sus cultivos.
Con esta política se enfrentó a los maiceros mexicanos, abandonados en la práctica por los ineficientes programas gubernamentales de apoyo, con los maiceros estadunidenses, uno de los sectores agrícolas con mayores subsidios en el mundo. De acuerdo con diversas organizaciones campesinas, los subsidios en Estados Unidos representan hasta 30% de los costos de producción, mientras en México a lo mucho, llegan a 9%.
En Estados Unidos en la Ley Agrícola han planteado la necesidad de duplicar para 2023 el presupuesto para el campo, en México el presupuesto para el campo se ha venido cayendo. En este sentido, mencionó que “mientras un agricultor norteamericano recibe de subsidio 2 millones de pesos, aquí un campesino recibe, si bien le va, 5 mil pesos en promedio. No hay una política real para apoyar a la pequeña agricultura.
En el ámbito comercial, México sigue registrando déficit en la balanza agroalimentaria, del orden de 3 a 4 mil millones de dólares anuales, como consecuencia de importaciones recurrentes de granos (maíz amarillo, sorgo) y oleaginosas que complementan la demanda nacional. México importa el 40% de la carne, el 85% del arroz, el 95% de la soya y hemos pasado a ser un país que ha incrementado aceleradamente su dependencia alimentaria, sacrificando a la pequeña agricultura y beneficiado a los productores de la agricultura comercial que fundamentalmente obtienen sus ganancias al comprar barato en el mercado internacional y vender caro en México porque son los beneficiados en el TLC.
La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, señala que, al liberar de arancel las importaciones de maíz y de otros productos, como el frijol, el gobierno mexicano regaló 2 mil 140 millones de dólares a las trasnacionales importadoras y productoras de nuevos granos. El impacto ha sido también drástico sobre otros cultivos: a partir del TLC, la producción de trigo se redujo en casi un tercio y la superficie cultivada cayó 43 por ciento; la soya, que llegó a ocupar 500 mil hectáreas, ahora sólo es sembrada en 88 mil.
El propio Banco Mundial ha advertido que el sector agropecuario nacional no está en condiciones de competir en el mercado que se generará a raíz de la liberación de aranceles, debido a que a lo largo de 20 años ha sido objeto de políticas sin resultados positivos.
Urge modificar la política agropecuaria del país, así como salir del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ■
