En estos días coinciden las notas relativas a las leyes secundarias de la reforma política y las pensiones vitalicias de los magistrados. Y la coincidencia de este par de acontecimientos en el tiempo, en realidad, no es gratuita: tiene una razón de fondo que las hace concurrir. En el caso de la reforma política, el signo es que la partidocracia se solidifica: no hay mecanismos para que los partidos políticos abran sus puertas a la participación ciudadana, para que mejoren sus esquemas de representación y sus mecanismos democráticos internos; al mismo tiempo, a la participación ciudadana se le quita la posibilidad de que influya directamente en el sistema de representación por fuera de los propios partidos: las candidaturas independientes quedaron como un ideal imposible, la revocación de mandato fue rechazada y los procesos de consulta tan acotados que hacen una barrera sin puertas alrededor de su operación. Esto es, todos ellos imposibles de efectuarse. Y como la realidad política es efectividad, entonces, los ciudadanos no existen en este sistema político.
Es como una democracia sin demos, sin pueblo. Como ya lo preveía Robert Michels, con su “ley del hierro de las oligarquías partidistas”: ¿qué ocurre cuando los vehículos de la democracia (los partidos) no son democráticos?; en otras palabras: ¿qué ocurre cuando la democracia funciona con organizaciones oligárquicas? Pues una contradicción que elimina la efectividad de la democracia: suprime la realidad de este ideal político.
Los partidos son organizaciones burocratizadas que nada tienen que ver con la representación de los ciudadanos, son gobernados por élites de políticos profesionales que se han divorciado del tejido social que los hizo nacer. Y este divorcio los separa también de todo control social. Y sin control social no hay tampoco observatorios éticos. Por tanto, se convierten en una autocracia ensimismada que sólo ve las necesidades de sí misma.
En ese contexto se provoca que los órganos del Estado que, al final de cuentas, dependen de esta estructura política, actúen como tumores parasitarios que crecen hasta bloquear a las propias funciones sociales de las que dependen, que crecen sin límites, como el enriquecimiento de los funcionarios con recursos públicos. Son reales abscesos cleptocráticos que invaden el cuerpo político de las sociedades nuestras.
Es justamente la nota de las pensiones de los magistrados; pero también, los ingresos de legisladores, los salarios de regidores y la opacidad de todo el aparato. Y como los partidos confeccionan las leyes, terminan haciendo legal el funcionamiento mórbido. Se legaliza la enfermedad. Una “democracia oligárquica” no es otra cosa que el nombre de una enfermedad social. Es como una enfermedad autoinmune: un sistema de defensa que vulnera al cuerpo. La auto-contradicción revela la morbilidad. Y el efecto de esta democracia gobernada por organizaciones oligárquicas es el enriquecimiento público y desmedido de sus funcionarios.
