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lunes, 30 enero, 2023
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Desplazamiento forzado interno en México: una crisis innegable

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Por: Jairo Antonio López •

El desplazamiento forzado interno crece de manera alarmante en México. Ante la falta de atención clara por parte del Estado, han sido organizaciones de la sociedad civil, y académicas, quienes han tratado de documentar la magnitud de este drama. En tal sentido, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) acaba de presentar el informe “Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México. Informe 2021”. (1). El documento sistematiza el trabajo que año con año realiza esta organización para medir lo que denomina eventos de desplazamiento masivo, es decir, aquellos donde se da un desplazamiento forzado de más de 5 familias o más de 20 personas. Los datos son recolectados de fuentes periodísticas en todo el país, y tiene el gran mérito de ofrecer información estandarizada y comparable. La CMDPDH estimó que, durante el año 2021, aproximadamente 28.943 personas tuvieron que desplazarse de sus lugares de residencia de manera forzada en medio de eventos masivos, triplicando el dato del año previo. El acumulado histórico del registro de esta ONG señala que por lo menos 379.322 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado interno. Este indicador nos permite proyectar el grado y la magnitud de la tragedia humanitaria que atraviesa México, especialmente si tenemos en cuenta que no deja de ser un subregistro, ya que los casos individuales, o que no aparecen en los medios, no se ven allí reflejados.

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Dentro de los resultados más significativos hay que resaltar que se reportaron 42 episodios de desplazamiento interno masivo en 10 estados, 57 municipios y 221 localidades. Los estados donde se presentaron fueron Chiapas, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca y Tamaulipas. El fenómeno, si bien se ha concentrado en los mismos estados a lo largo del tiempo, se expandió durante el 2021 involucrando más municipios y localidades dentro de dichos territorios. Del total, Michoacán (13.515), Chiapas (7.117) y Zacatecas (3.693) concentraron el 84% de las víctimas estimadas, y el 76% de los casos se dieron en comunidades rurales. De los 42 episodios de desplazamiento masivo, la ONG identificó que, en 31 de ellos, las causas estaban asociadas a violencia generada por grupos armados organizados; 10, a violencia política, conflictividad social y conflictos territoriales, y uno restante a violaciones de derechos humanos. Los episodios vienen acompañados de un continuum de violencias, donde se ven más afectadas las poblaciones indígenas, mujeres adultas, niñas, niños y adolescentes, antes y durante el desplazamiento.

Para el caso de Zacatecas se reportaron 3.693 personas desplazadas en 10 episodios con 6 municipios afectados (Calera, Fresnillo, Jerez, Monte Escobedo, Tepetongo y Valparaíso) y 52 localidades. Sin duda el episodio que tuvo mayor visibilidad pública fue el de las comunidades de Jerez el 3 de septiembre de 2021, ya que se estima que aproximadamente 1.198 personas huyeron de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en la sierra. Sin embargo, el informe deja claro que no fue el único episodio y que se presentó desplazamiento forzado en diversas zonas del territorio, bien sea por enfrentamientos armados o por temores fundados de la población.

Con estas cifras en mano, es importante preguntarnos sobre las lógicas a las que responde el desplazamiento forzado interno. En cada contexto regional se dan configuraciones de actores particulares involucrados en las dinámicas de desplazamiento forzado, donde las disputas por los recursos y los territorios tienen trayectorias históricas propias. En Zacatecas éste se detonó en un contexto de escalonamiento de la guerra entre organizaciones criminales y estatales, donde diversos intereses se cruzan en la búsqueda de control y hegemonía sobre un territorio estratégico para la siembra y circulación de drogas ilegalizadas, armas, el tráfico de personas, la extracción de recursos naturales (de manera legal e ilegal) y otras economías asociadas. Según los reportes de expertos en seguridad, se estima que en Zacatecas hay presencia de por lo menos 5 grandes grupos del crimen organizado, los cuales se disputan un amplio, despoblado y rico territorio (paradójicamente con una población sumamente empobrecida).

Investigadoras e investigadores colombianos han explicado cómo el desplazamiento forzado era usado como un arma de guerra en ese país suramericano. Se dice que es un arma de guerra porque con la expulsión y barrido de poblaciones enteras, se establecían hegemonías armadas paralegales e ilegales en zonas que posteriormente se convertían en espacios estratégicos de desarrollo de proyectos económicos. La experiencia colombiana muestra que el desplazamiento forzado es sinónimo de despojo y acaparamiento de tierra, bienes y propiedades. Sin embargo, la movilidad y desplazamiento también son estrategias de resistencia y supervivencia en esos ordenes de violencia y terror, es decir, son expulsiones, pero también son fugas (como plantean teóricos/as de las migraciones).

La lógica de guerra a la que responde el desplazamiento forzado interno hace muy compleja su atención. Es una guerra que la población no decidió iniciar. Es una guerra que está diseñada desde las altas cúpulas del poder transnacional, donde se ven beneficiados no sólo los empresarios de las drogas ilegalizadas, sino también las economías armamentísticas, agencias bélicas, de seguridad, entre otros.

Hasta ahora para el caso de Zacatecas, y en gran parte del territorio mexicano, las respuestas estatales han sido limitadas. Por lo general, vienen de la mano con el aumento de la presencia militar, pero sin garantizar lo que la Organización de Naciones Unidas denomina como “soluciones duraderas”, es decir, que permitan que las personas desplazadas internas puedan disfrutar en igualdad de condiciones de sus derechos humanos. Para ello se debería buscar el regreso seguro y sostenible a su lugar de origen o la integración local sostenible en los lugares donde hayan llegado a resguardarse. Un ejemplo claro es el de la “Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Zacatecas”, de la cual aún no se ha constituido el sistema interno que mandata (el plazo era el 1 de noviembre de 2022) y que carece de presupuesto asignado para el año 2023.

No vemos ni conocemos los nombres y rostros de las víctimas del desplazamiento forzado interno en México. Sin embargo, informes como el de la CMDPDH, que vienen además acompañados de análisis de casos regionales, y un completo estudio temático sobre la afectación de desplazamiento a niñas, niños y adolescentes, permiten visibilizar la magnitud del fenómeno. ¿Cómo podemos seguir negando esta crisis humanitaria?

Notas:

(1) https://cmdpdh.org/2023/01/24/presentacion-informe-episodios-de-desplazamiento-interno-forzado-en-mexico-2021/

*Docente-investigador de la Unidad 

Académica de Ciencia Política, UAZ.

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