Percepción mata a realidad, dice la máxima, pero en México la percepción social pocas veces llega a lo real, a los efectos; muchos de los más poderosos políticos son percibidos como corruptos sin que eso se traduzca en consecuencias legales o políticas.
Forbes integró a Carlos Romero Deshamps, Raúl Salinas de Gortari, y Arturo Montiel, en su lista de los políticos más corruptos en 2013, pero poco efecto tuvo en sus carreras el quemón. Romero Deshamps es senador por el PRI (quinta vez como legislador), y casi cumple veinte años al frente del sindicato petrolero. Raúl Salinas de Gortari recientemente fue exonerado de enriquecimiento ilícito y le serían devueltos 200 millones de pesos y 40 propiedades antes incautados. Hace unos días apareció en un acto público en un BMW de más de dos millones de pesos acompañado del empresario Carlos Peralta. Arturo Montiel, tío y padrino político de Peña Nieto, goza de tal impunidad, que no pudo tocarlo ni siquiera el apoyo que el gobierno francés otorgaba a su ex esposa en un pleito legal por los hijos de ambos.
Otros de los mencionados por Forbes son Humberto Moreira, Fidel Herrera, Genaro García Luna y Alejandra Sota, quienes están en libertad y fuera del foco político más por razones circunstanciales que por las acusaciones en su contra.
De top ten de corrupción de Forbes, los únicos caídos en desgracia son Andrés Granier, Tomás Yarrington y Elba Esther Gordillo ¿Y quién podría negar que su enjuiciamiento obedece más a pragmatismos políticos que a un legítimo interés por combatir la corrupción?
De la corrupción de los anteriores y de muchos más, sabemos las más de las veces por investigaciones periodísticas y no judiciales. Carmen Aristegui y su equipo, por ejemplo, rastrearon el dinero con el que Peña Nieto compró la presidencia, desnudaron la red de explotación sexual del presidente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez, dieron a conocer la “Casa Blanca”que Angélica Rivera compró al contratista consentido del sexenio, etcétera.
El Wall Street journal reportó que Luis Videgaray también le compró una casa a Grupo Higa, y que la casa de Peña en Ixtapan de la Sal fue adquirida a otro constructor ampliamente beneficiado con contratos de obra pública.
Las valientes investigaciones citadas, se han hecho desde el periodismo, es decir, prácticamente con los mismos recursos al alcance de un ciudadano de a pie, y no han tenido las consecuencias legales que en cualquier otro país tendrían. Argentina tiene la atención internacional por la muerte del fiscal que acusaba a la presidente de encubrir a los culpables de un atentado terrorista ocurrido hace más de veinte años. En Brasil la investigación sobre un desfalco en Petrobas ha alcanzado a Dilma Rousseff, y en Estados Unidos Barack Obama se vio obligado a explicar que no era suyo un auto lujoso con el que se retrató en un evento tecnológico.
En sociedades democráticas, la oposición suele ser contrapeso natural a los abusos del poder, y encuentra en estas investigaciones periodísticas las rendijas que le permiten en el menor de los casos, rasgar el poder del adversario. Algo se hace al respecto. Unas cuantas de esas denuncias prosperan, otras, la mayor parte quizá, queda en noticia de un día y son abandonadas por los denunciantes ante el desgano que produce la aplastante impunidad. Muchas otras veces, ni a denuncia legal se llega, y todo queda en balandronadas. En el más pesimista de los casos, pero también en el más frecuente, se opta por establecer pactos (públicos o no) de supuesta civilidad que más bien sabe a complicidad.
En estricto sentido, a quien correspondería la investigación y la búsqueda de sanción de las tranzas que han saqueado a este país, es a las contralorías, órganos auditores y secretarías de función pública. Sin embargo, estos órganos rara vez tienen la autonomía necesaria para hacer su chamba. Al contrario, es tal su dependencia, que sus funcionarios son considerados parte del equipo que debieran vigilar, y actúan con más espíritu de cuerpo con el gobierno en turno, del que tiene cualquier brigadista a sueldo (y probablemente sin convicción) con un candidato.
Ante la impasividad y la inutilidad de las instituciones, algunos sectores llaman a abandonarlas, a darles la espalda y a combatirlas casi de manera simbólica. Parece que le apuestan con ello a la vergüenza, a que la falta de legitimidad sea suficiente para su aniquilación o su cambio. En otros escenarios quizá podría funcionar, en el actual, si sólo se usan esas medidas simbólicas y se abandonan las vías que tanta sangre y lucha han costado, les hacemos un favor a esos que supuestamente combatimos. ■
@luciamedinas
