■ Voto universal en la institución puede resolver un problema político, pero crear otros graves
■ “Posibles cambios a Ley Orgánica, bienvenidos por algunos sectores, porque coinciden con sus intereses”
El voto universal en los procesos electorales de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) puede resolver un problema político, pero puede crear otros más graves, un doctorado no cualifica a nadie para ser rector, y pedir oxígeno o intervención del exterior implica una autoderrota intelectual y política de la institución al mostrar que no hay la capacidad para resolver su problemática, opinó Juan Francisco Valerio Quintero, aspirante a la Rectoría por la corriente denominada Renacimiento Universitario.
“No podemos elaborar fantasías o remedios mágicos. Tenemos que ir al fondo de los problemas y plantear soluciones realistas. Cuando las crisis tocan fondo, los afectados cobran conciencia de la situación que viven, y cuando cobran conciencia, deben plantear soluciones realistas”.
Recordó que en el país 60 por ciento de los ciudadanos no acude a votar ni siquiera por indiferencia, sino porque la política no ha sido capaz de resolver los problemas de la vida cotidiana, de forma que “proponer una solución únicamente política para los problemas de la Universidad y sólo de carácter electoral, es insuficiente”.
Además, si la vida política está corrompida, hay compra y coacción del voto, entrega de dádivas, bultos de cemento o lentes, el voto universal en la UAZ facilitaría que quien tenga más dinero sea quien pueda comprar la Rectoría.
“No hablaríamos sólo de dinero, porque si los estudiantes tienen un voto igualitario al del profesor, se les podría presionar hasta con las calificaciones”, sostuvo.
Entregar las preparatorias al Estado y dedicarse por completo a la educación superior de posgrados, dijo, “puede hacerse, pero el problema es que ésta no solamente es una institución autónoma y pública, sino que le pertenece a la sociedad, no a los que trabajamos en ella”.
En ese sentido, Valerio Quintero sugirió que sea la sociedad la que exprese su punto de vista sobre esa propuesta y no necesariamente las autoridades, porque “de por sí ya tenemos un sistema de educación media superior restrictivo, y si lo ponemos en manos del Estado, ¿Qué tanto mejoramos?”.
Aludió a la réplica emitida por un profesor del Cobaez, respecto a las declaraciones del ex rector Jorge Eduardo Hiriartt Estrada, en la que califica esa medida como una intromisión de la Universidad a los terrenos de ese subsistema, pero señaló que los maestros deben comprometerse con la educación, sin importar a cuál institución pertenecen los planteles. Además, precisó que apenas es una propuesta que requiere del análisis por parte de los universitarios.
Admitió que el peso político de las preparatorias de la UAZ sobrepasa al de todos los posgrados, pero “esa situación no debería llevarnos a construir anatemas contra la preparatoria, sino ver el problema de qué nivel de calidad requieren los jóvenes”.
Por otra parte, señaló que la iniciativa para modificar la Ley Orgánica en lo que se refiere a los requisitos que deben cumplir los universitarios para ser Rector ha sido bienvenida por algunos sectores “porque coincide con sus intereses”, pero no hay crítica al desempeño deficiente de la Legislatura en otros aspectos, como fue el caso de las candidaturas independientes.
Además, llama la atención que el Congreso del estado muestre interés en modificar determinados rubros de la Ley Orgánica, pero no asume un mínimo compromiso de los Legisladores para mejorar el presupuesto que se le asigna a la UAZ, pues está en juego el derecho al trabajo, la seguridad en el empleo, la seguridad social, el fondo de pensiones y jubilaciones, la posibilidad de acceder a la educación media superior y superior, y en ese contexto la UAZ debe ser congruente y plantear soluciones.
“Hay quien habla de que sean los dueños de la toga y el birrete los que rijan el destino de la Universidad, como si la obtención de un grado de esta naturaleza cualificara a las personas para todo. En términos generales, un doctor es una persona que sabe mucho de muy poquito, porque es un especialista”, expuso Valerio Quintero.
Consideró necesario que sean los universitarios quienes hagan un diagnóstico de la situación que enfrenta y elabore propuestas realistas, comprometidas con el cambio y el mejoramiento de la calidad educativa.
Además, manifestó que las opiniones vertidas por los profesores con más experiencia son bienvenidas y deben ser analizadas, pero la solución debe ser acordada por la comunidad universitaria.
Expuso que la Universidad vive una época de crisis que obedece a factores externos e internos, por ejemplo, la política implementada por el Estado, que pretende limitar su intervención en esferas de la vida pública y así descargarse del gasto y privilegiar la participación de los sujetos privados en asuntos sociales.
Hay por tanto la intención de favorecer la educación privada y para tal efecto se limitan los recursos a las instituciones públicas y se les somete a un conjunto de reglas y requisitos internos en el ámbito académico, además de facilitar el crecimiento de universidades privadas, incluso con subsidio del Estado.
En ese contexto, afirmó que la UAZ ofrece un servicio educativo cuyo costo “puede ser significativo para las familias pobres, pero insignificante para las necesidades generales de la institución”, y mientras se fomenta que la institución es responsable de gastar recursos que no tiene, es el Estado quien ha dejado sin soporte financiero a una gran cantidad de plazas.
“Algunas personas o grupos pretenden ver un acto de irresponsabilidad de la institución porque pretenden que la actitud responsable sea que la Universidad gaste estrictamente lo que el Estado le da, pero se abren preguntas importantes: ¿Hasta dónde llega la obligación del Estado de financiar la educación pública en los términos de la Constitución? ¿Qué futuro prevé la sociedad para sus hijos? Porque es un hecho que si la Universidad se atiene a los recursos que recibe, automáticamente debe cancelar 600 plazas”, cuestionó Valerio Quintero.
Si esa acción se traduce en una medida de responsabilidad, se llevaría a miles de jóvenes a la calle y entonces “la verdadera irresponsabilidad es desatender la obligación constitucional de educar a los mexicanos”.
