Gran debate ha suscitado la aprobación del presupuesto de egresos del año próximo, en el que no se incluyó recurso para el desarrollo del ejercicio de revocación de mandato, que potencialmente podría llevarse a cabo en 2022, a pesar de la exitosa comparecencia del Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, ante la Cámara de los Diputados.
Más allá del análisis de la idoneidad del proceso de revocación de mandato, y del inherente gasto que significa, sobre la palestra, se ha puesto a discusión la necesidad de una política de austeridad que convoque, no solo al Poder Ejecutivo, sino también a los órganos constitucionales autónomos y demás poderes que conforman el Estado mexicano. El debate es amplio y podría resultar interminable.
En nuestro país, pocas son las áreas, cuyas condiciones laborales cumplen con lo deseable, y que la administración pública, en cualquiera de sus acepciones, es una de las que más se aproxima, no sin visos de desigualdad, injustica e inequidad a su interior. No es ése el punto de esta colaboración editorial, sino la de aportar al debate, una idea respecto a la idoneidad de una política de austeridad, que consolide el ejercicio de rendición de cuentas democrático en México, sin que ello vulnere en sentido alguno, la autonomía de ninguno de los órganos que gozan de esta particularidad en nuestro sistema político.
Tratemos de coincidir en que la austeridad como política, criterio y principio, tiene un límite: los derechos (todos los se le ocurran). Sin embargo, cada vez son más los derechos que quedan en desamparo, por la falta de recursos que permitan que éstos sean garantizados o en descobijo, porque la cobija del recurso no alcanza. Por lo que, cabe hacer un ejercicio de análisis, respecto a un tipo de ponderación de los derechos y obligaciones de las personas que forman parte de las instituciones: es esto a lo que nos referimos. En primer lugar, nuevamente, hay que considerar que los derechos laborales deben ser intocables. En segundo, que hay costumbres, inercias y ciertos privilegios, que no deben defenderse ni continuar, y que, para no acudir a un desgaste de legitimidad, en un contexto tan complejo como el que nos rodea social, política y económicamente, lo mejor sería que las propias instituciones, incluyendo a los órganos constitucionales autónomos, concedieran espacio a la autocrítica, en favor de la rendición de cuentas.
Hay que insistir que la autonomía lo es para el desarrollo de las funciones específicas que éstos órganos del Estado mexicano tienen encomendadas, a razón de una redistribución del poder, y un rediseño constitucional de la división del mismo, superando el esquema de los tres poderes tradicionales. Sin embargo, dicha autonomía no lo es para evitar los principios constitucionales que deben regir el ejercicio del gasto, tales como la transparencia, eficiencia, eficacia y honradez. Es decir, la autonomía no cabe en cuanto a la obligatoriedad de la rendición de cuentas.
Que las instituciones analicen con prudencia, objetividad y sensibilidad política y social sus particulares circunstancias presupuestales y financieras, a fin de encontrar áreas de oportunidad en su interior, que pudieran concluir en la reducción de gastos innecesarios para su función, y que pudieran ser reasignados para garantizar derechos, no solo redituaría en sus resultados e impactos, sino también en su legitimidad social, cada vez más inseparable de cualquier labor pública.
Ceder en privilegios, para costear derechos, pues.
Posdata necesaria. No puede obviarse, en el mismo sentido, que la idoneidad de un proceso tan costoso de la revocación de mandato debe seguir siendo discutida, más aún cuando las encuestas demuestran que la inmensa mayoría de los mexicanos no deseamos que el actual mandatario deje el cargo, hasta no cumplir su mandato constitucional para el cuál fue electo democráticamente, y además, dichos instrumentos de medición también muestran que su popularidad no parece apuntar a la demanda de un ejercicio, si bien democrático, hoy innecesario.
@CarlosETorres_
