Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. Sin duda otros casos de desapariciones masivas han estado presentes a lo largo de la geografía nacional desde antes del inicio de la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, y también sin duda que todos esos eventos pasaron desapercibidos para esa entelequia que se denomina “opinión pública”. Lo relevante del caso de Ayotzinapa es que la respuesta que hubo a nivel nacional obligó a la defenestración del gobernador de Guerrero, el perredista Ángel Aguirre, a la consignación del presidente municipal de Iguala, Guerrero, el también perredista José Luis Abarca y de su esposa María de los Ángeles Pineda. La PGR de Jesús Murillo Karam, el 27 de enero de 2015, alegó haber llegado a la “verdad histórica” y dio por quemados, embolsados y arrojados al río a los estudiantes, siendo responsables de tal crimen los miembros de una banda criminal llamada “Guerreros Unidos”, cuyos cabecillas visibles estaban ya tras las rejas. La complicidad entre las autoridades y el crimen organizado se mantuvo como “hecho fortuito” que no mancillaba ni a la estructura de gobierno ni a los partidos políticos. José Luis Abarca quedó como un hombre avieso que sedujo -¿con sus palabras o sus millones?- a los ingenuos dirigentes del PRD. Y para los gobiernos local y federal el caso estaba cerrado. Tan cerrado que la literatura al respecto se disparó, las teorías respecto al asunto proliferaron –tanto que es imposible siquiera mencionarlas- y los padres de los muchachos perdidos consideraron prudente, desde el principio, disentir de la verdad histórica y comenzaron una larga marcha por el país exigiendo la verdad sobre lo que ocurrió. Exigencia que muchos consideraron “irracional”. El 6 de septiembre de 2015, sin embargo, un grupo interdisciplinario de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe del que las notas periodísticas han resaltado dos puntos. Uno de ellos es que no hay evidencias de la hoguera en la que, según la PGR, fueron incinerados los cuerpos, el otro es que las investigaciones de la PGR fueron, usemos un eufemismo, “desaseadas”. El 6 de septiembre de 2015 la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez declaró que el caso no está cerrado -¿y la verdad histórica?- y que la PGR realizará un nuevo peritaje con especialistas “del más alto nivel” -¿no serán los de la PGR?-. Por lo visto en cuestiones “históricas” el gobierno federal cede fácil a los revisionismos. Las conclusiones son que el caso no está cerrado, la PGR no realizó una investigación adecuada, Murillo Karam tiene inclinaciones de fabulador, los dirigentes del PRD son ingenuos que caen fácilmente en las redes de pillos -¿quizás por eso renunció Navarrete?, ¿para dejar a alguien más malicioso?- y que los padres de los muchachos no han luchado en vano. Hasta ahora.
Hace aproximadamente un año el plácido segundo semestre de clases de 2014 en la UAZ se vio interrumpido por una horda de estudiantes que protestaban, según decían, por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Respondiendo a un llamado de la UNAM a mostrarse solidarios organizaron paros generales y parciales, marchas y se enfrascaron en discusiones abigarradas con directores de Unidades. No faltaron, por supuesto, los intentos de manipulación por parte de los típicos grupos universitarios siempre oportunistas y listos ante cualquier oportunidad de hacer avanzar su agenda electoral. La izquierda universitaria, sea eso lo que sea, no se manifestó, no exigió nada, no habló en voz alta. A un año de esos eventos, en los que se veían los campus de la UAZ tapizados de fotos de los estudiantes de Ayotzinapa y de invectivas contra Miguel Alonso, el caso fue abierto de nuevo, la procuradora reconoce que debe haber un nuevo peritaje y la versión de la hoguera ha sido desechada, por el momento. No hay, sin embargo, una reactivación de la protesta, no se ve la organización de los estudiantes vindicando la necesidad de saber la verdad. Aquí tal vez convenga recordar aquellas palabras de Jean Baudrillard respecto a la guerra de Golfo–en su artículo del 4 de enero de 1991 en Libération ese periódico fundado en 1973 por Jean Paul Sastre-: “Este estancamiento de la guerra en un suspense no resulta tranquilizador ni reconfortante”. El conflicto de Ayotzinapa lo asumieron como suyo los estudiantes, y entraron en conflicto con el gobierno federal. El gobierno logró acallar la protesta por todos esos medios que nada más él sabe, pero ante la nueva evidencia es claro que tal negociación del conflicto fue un impasse, un momento en un asunto que hasta el día de hoy carece de solución. Y debido a que carece de solución es que el silencio de los estudiantes no resulta tranquilizador. ■
