México, DF. El momento que atraviesa el caso Ayotzinapa plantea “una disputa por la verdad histórica” entre el colectivo de padres de los 43 estudiantes desaparecidos y el gobierno federal, que pretende cerrar el caso con una teoría “endeble, llena de lagunas e inconsistencias y un supuesto móvil inverosímil”, asegura en entrevista Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
Al conjunto de irregularidades se suma una nueva evidencia que los padres de familia guerrerenses presentaron apenas el 11 de febrero ante la Procuraduría General de la República. Días antes, la madre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa recibió una llamada desde el número celular que tenía su hijo el día de los hechos en Iguala. La mujer (se reserva su identidad) respondió: “¿Eres tu hijo?”. Se cortó la llamada. Su otro hijo marcó a ese número. Alguien contestó: “¿Qué quieres?”. Contestó: “Saber dónde está mi hermano”. Nuevamente colgaron del otro lado de la línea.
Esta evidencia contradice lo que aseguró el ahora ex procurador Jesús Murillo Karam el 26 de enero, cuando informó sin matices y sin mayor precisión que “todos los celulares” de los normalistas fueron arrojados por los sicarios del grupo “Guerreros Unidos” a la pira donde, según la versión oficial, se consumieron los restos de los desaparecidos.
El teléfono que el joven hoy desaparecido llevaba esa noche, con el número del que se marcó hace tres semanas, es un smartphone marca Sony con geolocalizador. La PGR recibió la denuncia, se comprometió a rastrear el origen de la llamada y proporcionarle a la familia una sábana de llamadas telefónicas. Casi un mes después no ha cumplido nada de esto.
Lo que deja atrás Murillo Karam
─¿En qué estado dejó Murillo Karam el expediente?
Murillo deja la crisis de derechos humanos más grave por lo menos en dos décadas en este país y a pesar de tener 99 detenidos no hay ninguno procesado por desaparición forzada. Eso es una estrategia para diluir la responsabilidad del Estado, solo por homicidio y delincuencia.
─Deja una teoría de caso montada mediáticamente, pero no en evidencias. Acorralado por las presiones internacionales, el gobierno federal optó por priorizar sus tiempos políticos.
Frente a esta teoría oficial hay un posicionamiento muy fuerte de las familias, las organizaciones que los acompañamos y sus peritos independientes, entre ellos el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Este último no desdeña totalmente la teoría de la PGR pero advierte que no es sólida. Sostiene que la tesis de la pira donde se consumieron los cuerpos no puede ser concluyente porque tiene deficiencias técnicas. Presentan argumentos que la derriban, como las evidencias de imágenes satelitales, que prueban que en el sitio del basurero de Cocula donde se supone se hizo la gran hoguera no hay solo uno sino varios eventos de fuego desde 2010. Pero además se han encontrado restos corpóreos que no corresponden a ninguno de los 43, por lo que no hay certeza de que los demás restos óseos sí sean de los estudiantes.
─¿Habrá una definición del móvil del delito? ¿Hasta dónde topará la investigación?
─Hasta ahora el tope de responsabilidades llega solamente al presidente municipal José Luis Abarca y a su esposa, a pesar de que en el expediente hay motivos sobrados para investigar al ex gobernador Ángel Aguirre y al ejército, simplemente porque es más que lógico pensar que la existencia de los narcomunicipios en Guerrero está vinculado con otro tipo de contubernios más allá del ámbito municipal, que puede ser estatal y hasta federal.
Hemos leído en el expediente declaraciones de miembros de “Guerreros Unidos” que dicen que el ejército sabía de la realidad de Iguala y Cocula desde 2013, cuando menos. El ejército estuvo esa noche en la clínica privada Cristina, de Iguala, donde se refugiaron algunos de los estudiantes que lograron huir. Esa misma noche, poco antes, el comandante del 27 Batallón de Infantería (coronel Juan Antonio Aranda, ya relevado del cargo) estuvo en un acto público con el alcalde. ¿Entonces, si los militares sabían, qué hicieron con esa información? Constitucionalmente el ejército debió haber dado vista y haber informado a las autoridades civiles, debió haber hecho una investigación propia sobre los hechos. Y hay que decir que se podían haber prevenido los hechos.
─El ex procurador Murillo declaró en su primera conferencia de prensa que fue mejor que el ejército no interviniera. ¿Tienen facultades para haberlo hecho, para prevenir?
─Lo que dijo Murillo simplemente es falso. Él dice que en el expediente no hay una sola prueba que refiera elementos para que él tuviera que investigar al ejército. Sí las hay. Hay policías municipales que aseguran que habían dado parte al ejército, que los municipios estaban tomados por el crimen organizado.
Otra cosa que deja Murillo son las omisiones en la ejecución de Arturo Hernández Cardona. Si esto se hubiera investigado probablemente los hechos de Aytozinapa no se hubiesen dado. En todo caso lo que se ve es que hay un contubernio entre las procuradurías.
Ese es el estado de la investigación que la nueva procuradora va a tomar.
─¿Y qué perspectivas hay para la nueva titular de la PGR, Arely Gómez?
─A partir de que la PGR dio a conocer su teoría, en enero, hemos visto cómo su empeño ha ido bajando paulatinamente. Han disminuido mucho el número de personas que operativamente a pie de tierra hacen investigación, peritos, ministerios públicos.
Además, en el caso no hay un sólo plan de búsqueda. ¿Por qué la investigación se radica en la Seido y no en la Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas a cargo de la subprocuraduría Jurídica y de Derechos Humanos? Justo porque no es un espacio que tenga una relevancia institucional.
El escrutinio de cinco expertos
En medio de esta “disputa por la verdad histórica”, cinco penalistas expertos asignados por la Comisión Interamericana iniciaron la semana pasada una revisión exhaustiva de las actuaciones hechas hasta ahora. Patrón Sánchez, primer laico que está al frente el Centro ProDH, fundado por los jesuitas, confía en que la comisión interdisciplinaria que integró la CIDH pueda “tender puentes” y llegar a la verdad.
Todas las actuaciones de la PGR sobre el caso pasarán por el escrutinio de la comisión de expertos: podrán acceder a todas las investigaciones, las evidencias y los peritajes. Podrán entrevistarse con todos los involucrados, incluidos los 99 detenidos hasta ahora, con los funcionarios, testigos y por supuesto las víctimas. Además tienen facultades para acudir a los lugares de los hechos y de realizar diligencias en su carácter de coadyuvantes. Pueden formular denuncias como expertos y pueden solicitar protección para testigos colaboradores. Tiene un plazo de seis meses prorrogables para presentar su informe final.
Está integrada por cinco expertos, entre ellos dos mujeres que fueron fiscales en sus respectivos países, la guatemalteca Claudia Paz y Paz (colaboró en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico después de la firma de la paz y como fiscal general abrió el proceso que llevó al ex dictador Efraín Ríos Montt a ser juzgado y declarado culpable por genocidio) y la colombiana María Ángela Buitrago, asignada para el juicio por la desaparición de 11 personas en el Palacio de Justicia de Bogotá, en el cual fueron sentenciados a cárcel dos generales.
También están el penalista chileno Francisco Cox Vial, que trabajó en la extradición del ex dictador Pinochet, el colombiano Alejandro Valencia Villa y Carlos Martín Beristáin, colombiano y español respectivamente, expertos en temas de resarcimiento de víctimas y partícipes en comisiones de la Verdad de varios países latinoamericanos.
En opinión de Patrón, este equipo pudo haber empezado su labor hace dos meses si el gobierno mexicano no hubiera puesto tantas trabas en la CIDH para la firma del acuerdo de asistencia técnica que finalmente se logró.
El proceso de integración, “nada fácil”, inició el 13 de octubre cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, firmó un convenio de intención. “La representación oficial quiso hacer del grupo de trabajo un organismo de fachada, pero logramos un buen acuerdo. No conseguimos nuestra propuesta para que tuvieran una oficina en México por tiempo indefinido, pero su plazo de estadía es prorrogable después de los seis meses.
Lo importante es que es una buena iniciativa de asistencia técnica para Ayotzinapa, que también tiene facultades para evaluar la capacidad del Estado mexicano para prevenir la desaparición, investigar y sancionarla. Fue incómodo para el Estado pero no tuvo más que aceptarlo”.
─¿Y qué se espera de ella?
─Es una oportunidad de llegar a la verdad en este caso. La expectativa es que ellos puedan construir un puente en esta disputa por la verdad y la justicia.
