Contrario a lo que ocurre en las dictaduras, donde el gobierno sabe todo de cada uno de los ciudadanos, en las democracias, los ciudadanos deben de saber todo de los gobernantes.
Mijaíl Gorvachov, recientemente homenajeado en la celebración del aniversario del derribamiento del muro de Berlín, reestructuró económicamente el viejo régimen de su país bajo la bandera de la Perestroika, pero también utilizó la Glásnost, que en ruso significa apertura, transparencia para atenuar las políticas restrictivas que impedían la libertad de expresión y la libre circulación de las ideas. Con estas acciones, impulsó un reajuste en la vida política y cultural de la URSS.
Quiere decir que la transparencia no es una moda, es un ingrediente fundamental de un estado democrático.
Si en México sostenemos que hay democracia, y que será participativa bajo la modalidad del Gobierno Abierto en el que internacionalmente se ha comprometido, se debe privilegiar el derecho que conforme al artículo 6º. Constitucional tienen los ciudadanos a estar informados, sobre todo lo que atañe al interés público y que constituye el punto de partida para que haya transparencia y rendición de cuentas.
Desde esta óptica, podemos preguntarnos si en verdad los protocolarios informes gubernamentales colman o satisfacen las dudas, las inquietudes y los requerimientos ciudadanos.
Tal parece que no, porque hoy más que nunca, México vive una crisis derivada en gran parte de la vulneración del derecho que tienen los ciudadanos a estar informados, a saber la verdad de lo que pasa con las acciones y las políticas públicas que utiliza el Estado para afrontar el problema de la inseguridad, para eliminar la opacidad, para combatir la corrupción y erradicar la impunidad.
Ignorar lo que les ocurrió a los jóvenes de Ayotzinapa remueve de facto el deseo de enterarnos también de lo que ha pasado con otros miles de desaparecidos y las voces ciudadanas se han alzado enérgicamente para saber qué pasa.
El gobierno y todos los que reciben recursos públicos, como partidos políticos, sindicatos, organismos autónomos, etc., deben informar puntual y oportunamente al pueblo sobre lo que hacen, cómo lo hacen y cómo lo justifican, esto lleva ineludiblemente a que rindan cuentas. Si acataran este derecho constitucional en forma cabal, tendrían más legitimidad y propiciarían la participación ciudadana en el debate público en aras de una mayor calidad en las políticas públicas.
El derecho de acceso a la información es un derecho “llave” o “instrumental”, que nos abre las posibilidades de ejercitar otros derechos y la transparencia, como política pública que posibilita que los gobernados tengan injerencia no sólo en la selección de sus gobernantes sino en la orientación y rumbo de las políticas públicas.
Entendemos, que estos temas contribuyen a la salud de la democracia, pero son insuficientes para resolver los problemas que vive nuestro país, porque requerimos el mejor esfuerzo de todos los mexicanos en nuestro respectivo ámbito competencial. ■
*Comisionada presidenta de la CEAIP
