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domingo, 19 mayo, 2024
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A punto de concluir la huelga de 7 años de San Martín, Sombrerete

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Por: Óscar Alzaga •

Al cerrar la instrucción del procedimiento de huelga y de la imputabilidad la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, emitirá el laudo que dará fin a 7 años de la huelga, que inició el 30 de julio de 2007. Coincidiendo con la fecha del recuento de votos el 16 de noviembre de 2012, cuando los mineros decidieron a qué organización pertenecer, si al Sindicato Minero o la CROC, propinando una fuerte derrota al Grupo México y Germán Larrea, ya que todo el mundo sabía que se trataba de un acto mercenario de la empresa, simulado por la CROC.

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Como ya terminaba el sexenio de Felipe Calderón, decidieron el 30 de agosto de 2012 llevar a cabo una acción triple simultáneamente: tomar con 300 golpeadores de la CROC la entrada de la mina de San Martín, Sombrerete, y romper la huelga; a la vez, demandar la titularidad del contrato colectivo de trabajo, para arrebatarlo al Sindicato Minero y a los mineros, además de derrotar y sacar al Sindicato Minero de la mina y la propiedad de Grupo México. Todo, aprovechando un gobierno servil.

Las autoridades federales y estatales no asumieron su responsabilidad de mantener el Estado de Derecho, el orden y la paz, permitieron la violencia de la CROC y la empresa, que rompieran la huelga en contra de la Ley Federal del Trabajo y que se degradara la justicia. La Junta Federal permitió que rompieran la huelga, cuando su obligación es protegerla, además de que en un tiempo récord llevó el juicio para realizar el recuento el 12 de noviembre de 2012.

Pese a estar todo arreglado para que ganara el patrón con la servil CROC; ambos fueron derrotados, pese a la violencia de la CROC para asustar y ahuyentar a los mineros, pese al alterado padrón de socios, a que las autoridades laborales intentaron contar “mal” los votos, pese a que hubo compra de votos por la empresa, los auténticos mineros triunfaron, dirigidos por Napoleón Gómez Urrutia y Jesús Jiménez.

Al día siguiente, la CROC y la empresa presentaron una infinidad de quejas en el juicio contra Jesús Jiménez, pese a que en el acta del recuento nada dijeron, con documentos falsos de autoridades federales y estatales. Al advertir que iban a durar mucho tiempo para desahogar sus quejas, se desistieron. Grupo México mandó a volar a la CROC, y lo cambió por otro sindicato mercenario, uno blanco de Monterrey.

Esta derrota patronal, no impidió que el segundo millonario del país montara una costosa campaña de autoelogios a Grupo México como “benefactor de Sombrerete”, para recomponer su imagen sucia e ilegal. El recuento de votos acabó y siguió la huelga, que ahora llega al final.

Se recordará que la huelga que cumplió 7 años el 30 de julio de 2014, inició porque el Sindicato Minero y la Sección 201 reclamaron diversas violaciones de la empresa al contrato colectivo, la principal: incumplir con las normas de seguridad e higiene, la negligencia patronal ponía en peligro la salud y la vida de los mineros, la misma Secretaría de Trabajo con sus inspecciones detectó 62 irregularidades que la empresa se negó a corregir. Además de otras violaciones al contrato colectivo que quedaron acreditadas ante la autoridad.

La irresponsabilidad de Grupo México no es nueva, tienen fama mundial las muertes y los daños ocasionados a los mineros y al medioambiente. Aún se recuerda la tragedia de Pasta de Conchos del 19 de febrero de 2006, en que murieron 65 mineros y quedaron sepultados 63 cuerpos, la negligencia patronal ocasionó ese homicidio industrial, pero hasta hoy Germán Larrea se opone al rescate de los cuerpos con sucios amparos y presiones a las autoridades.

Verdaderamente desquiciada debe ser esa mentalidad para oponerse al rescate de los cadáveres, a un derecho humano de dignidad de los familiares. Muchos son los casos de Grupo México, recientemente el 12 de febrero en la mina de Charcas, San Luis Potosí, ocasionó la muerte  de 5 mineros el irresponsable patrón, ya que las normas de seguridad e higiene son preventivas justo para evitar daños a las personas y al medio ambiente, pero no hay autoridad que obligue al millonario.

Este 6 de agosto en la mina de Cananea, Germán Larrea -que se niega a invertir en medidas preventivas-, ocasionó el derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias contaminante en los ríos Bacanuchi y Sonora, dañando a 7 municipios y 25 mil personas a su salud, trabajo y propiedades, así como a más personas por daños al medio ambiente y al equilibrio ecológico, calificada como tragedia ambiental más grave en los últimos tiempos, que no se puede llamar accidente cuando es por no cumplir con las medidas preventivas, ya que el derrame no ocurrió por las lluvias atípicas, como dijo Larrea, sino por incumplir con las leyes.

La Constitución en el artículo 123, fracciones XIV y XV responsabiliza a los patrones de la muerte y la salud obrera, las leyes de seguridad e higiene son preventivas, de tal modo que no se puede perdonar o sólo multar a quien reiteradamente causa a los obreros y a la sociedad, eso es impunidad que crea pura y vilmente delincuencia patronal.

Es fama pública la corrupción de Germán Larrea, que llegó a imponer a su abogado Fernando Gómez Mont como secretario de Gobernación de Felipe Calderón, que llegó a obligar a autoridades para obtener el fallo ilegal de Cananea “por causas de fuerza mayor”, abriendo al mes siguiente la mina para entregarla al sindicato mercenario de la CTM, bajando bajos salarios y prestaciones,  pese a existir cientos de quejas ante la OIT (la Organización Internacional del Trabajo), por los contratos colectivos de trabajo de protección patronal (CCTPP) de México, para vergüenza nacional.

Eso ha ocurrido a los contratos colectivos de Grupo México, con el apoyo de los gobiernos panistas, los entregaron a sindicatos de la CTM o los blancos de Monterrey: los abarataron y les despojaron a los mineros sus prestaciones. Con esa finalidad el Grupo México se niega a la vía conciliatoria para resolver las huelgas, como lo hacen 99% de los patrones del mundo. Pero aquí en tres sexenios no logran sentar a Grupo México a dialogar, como lo establece el derecho universal.

El laudo o resolución que emitirá la Junta Federal deberá estar apegado a derecho y sobre todo a justicia. ¿Será mucho pedir, en estos días en que México es observado por el mundo? ■

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