Andrés Manuel López Obrador ha sido señalado por la oposición como un mandatario cuyo único objetivo es el de destruir las instituciones que tanto le costó, a la hoy oposición, crear durante casi 100 años; la dolencia de la derecha mexicana es el supuesto ataque al sistema institucional que, dicen, ellos construyeron en México y que con ello se pone en riesgo la vida democrática, económica y política del país.
En la narrativa que han intentado construir, desde “es un peligro para México” hasta “el INE no se toca”, han buscado crear, en la consciencia colectiva, la idea de que López Obrador pone en riesgo a nuestro país, a través de diversas campañas; sobre todo en los cuatro años de gobierno de la 4T han destinado millones de pesos para atacar al gobierno federal e infundir temor en diversos sectores, sobre todo en el empresariado.
Tras cada propuesta de reforma y modificación, al estilo que ellos manejaban, para destinar el recurso público, han emprendido campañas negras para alejar la opinión pública de lo que de verdad importa en cada propuesta realizada; la campaña más evidente, y la que hasta hoy se mantiene, es la de que el INE no debería tocarse, puesto que, según la oposición, López Obrador busca desmantelar al Instituto Electoral para manipular las elecciones en el 2024 para perpetuarse en el poder, como si ignoraran que, en la próxima campaña presidencial, ellos ya están derrotados desde años atrás.
Al igual que en la campaña para supuestamente defender al INE, la oposición ha señalado, en otros actos, la autonomía de los poderes; afirmaban que buscaba quedarse con la Suprema Corte de la Nación al intentar imponer a un Ministro Presidente tras la conclusión de Arturo Zaldívar como Presidente de la Corte, aseguraban que acabaría con la autonomía de dicho Poder y que lo usaría para beneficio personal, pero realmente quién ha manipulado al Poder Judicial desde hace décadas.
Ha sido la oposición la que ha manipulado al Poder Judicial; de no ser así, no existirían amparos que frenaran la construcción del Tren Maya durante meses, no habría impunidad en el caso de La Estafa Maestra y hoy no sería utilizada la figura de quien preside dicho poder como una herramienta que hace frente al Ejecutivo como si fuera ésta opositora y no un Ministro cuya función es la de la impartición de la justicia en México.
El uso político de figuras como el Presidente el Instituto Nacional Electoral y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es inmoral, puesto que, en los hechos, estos deberían operar con la finalidad de construir una Nación democrática y justa; la primera debería velar por que los mexicanos tuviesen voz y voto, por vigilar los procesos electorales sin que existan irregularidades en los mismos que vulneren y pongan en riesgo el bienestar de los mexicanos, sin embargo, este Instituto Nacional Electoral ha sido utilizado para avalar fraudes electorales, como el cometido por Vicente Fox en favor de Felipe Calderón; para usar recursos para comprar el voto con Peña Nieto y las tarjetas Monex, así como para permitir campañas negras contra actores políticos, y al mismo tiempo, el uso de recursos provenientes del narco para financiar campañas. Hoy el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova, mantiene una actitud pedante, burlona e incluso ofensiva para quienes hacen uso de la voz durante las sesiones del Instituto para coartarles su derecho a voz.
El Poder Judicial ha sido utilizado para buscar frenar los cambios a través de reformas constitucionales y legales e incluso para brindar impunidad a todos aquellos actores políticos y servidores públicos que, en sexenios pasados, osaron vaciar las arcas públicas para beneficio personal y de grupos políticos como lo es el caso de Rosario Robles, los Duarte, entre otros; la autonomía de nuestras instituciones autónomas, disculpando la redundancia, ha sido violentada durante décadas por quienes simularon democracia representativa al crear leyes para elegir a sus representantes a través de métodos en los que los diversos grupos políticos y partidistas en el Congreso se repartían cuotas de cargos para así controlar todo el sistema administrativo en el país, como sucedió hace unos días al designar a los consejeros del INAI: las instituciones que deben ser autónomas del Ejecutivo, no lo han sido de intereses políticos y económicos.
La única vía para evitar que la autonomía, de diversos poderes e instituciones, sea utilizada como una herramienta opositora o servil al gobierno en turno es impulsando reformas profundas a la normatividad que establece los métodos para elegir a quienes las encabezan.
