■ Es un problema ético, pero no necesariamente desapegado a Derecho: Ramón Lozano
■ Es un tema de responsabilidad de la Contraloría interna de la institución: Javier Contreras
Para Rodolfo García Zamora la renta de inmuebles por parte de funcionarios de la administración central de la UAZ a la propia Máxima Casa de Estudios, se manifiesta como un evidente conflicto de interés, no así para Ramón Lozano Lugo o Javier Contreras, el primero que lo considera un problema ético, pero no necesariamente desapegado a Derecho, y el tercero que lo sitúa fundamentalmente como un tema de responsabilidad de la Contraloría interna de la institución.
García Zamora, docente investigador en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, dijo sobre el pago de rentas por más de 3 millones de pesos anuales que ha beneficiado a ex funcionarios universitarios de primer nivel, que “sí genera un conflicto de interés” y manifiesta el uso patrimonialista de los recursos de la Universidad Autónoma de Zacatecas durante los tres ejercicios rectorales recientes.
Esto que llamó un “acuerdo entre compadres” y que involucró a funcionarios integrantes de un mismo grupo político, quienes precisó, se autoarrendaban, asignaban el monto de la renta por su inmueble y luego lo cobraban, “creo que genera una indignación parecida a como cuando se da a conocer el mal uso de los recursos en el municipio de Zacatecas por Carlos Peña Badillo y Alfredo Salazar”.
García Zamora dijo que esto es incompatible con una administración transparente, clara y apegada a la normatividad, pues las necesidades de la renta de espacios por parte de la UAZ para oficinas y casas estudiantiles no se sujetó a un concurso o licitación pública.
El tema, expuesto en el contexto de la profunda crisis financiera de la Universidad, pero también al momento en que el gobierno de Alejandro Tello decidió mantener recursos por el orden de los 600 millones de pesos para el pago de altas compensaciones a sus funcionarios de primer nivel y no al pago de la deuda de la UAZ para cuyo problema financiero plantea “perversamente” elevar a los contribuyentes el impuesto especial de 5 al 10 por ciento, presenta el riesgo de un rechazo de la ciudadanía.
Dijo por tanto que el Rector Antonio Guzmán Fernández está obligado a erradicar “todo este tipo de prácticas incorrectas y manejo oscuro de los recursos universitarios”.
Ante la grave situación por la que transita Zacatecas, al igual que en el gobierno de Tello Cristerna se requiere erradicar la corrupción y cambiar a su equipo por gente capaz y profesionalmente experimentada, se necesita lo propio en la administración central de la Máxima Casa de Estudios, pues observó que ambos cuerpos de gobierno se expresan profundamente débiles.
Al respecto dijo que “los universitarios estamos doblemente obligados a demostrar que se puede administrar nuestra institución con eficacia y transparencia y con el control social tanto de los universitarios como de los ciudadanos en general”.
En opinión del economista Ramón Lozano Lugo, el tema de estas rentas de inmuebles de funcionarios de la UAZ a la institución tiene dos lecturas: una política y otra financiera.
Dijo sobre la primera que el asunto pudiera tratarse de una especie de revanchismo por parte de grupos hegemónicos al interior de la UAZ contra “gente que ha perdido relevancia” dentro de la administración central.
Y su análisis sobre el aspecto financiero del tema de la supresión del pago de rentas inmobiliarias, es que no soluciona el tema de fondo del déficit que afecta a la institución.
Si se pretende con esto generar un ahorro “enhorabuena”, pero habrá que saber la conveniencia económica por ejemplo del pretendido traslado de los estudiantes al Hotel Chulavista, dijo.
Manifestó entonces que la atención, más allá de los ahorros que pudiera haber en el pago de rentas, combustibles, teléfonos o “chicles”, debe fijarse en la estrategia que la máxima autoridad, el Consejo Universitario, y la administración central tienen para sanear las finanzas de la UAZ.
“Creo que sería más importante que la administración central se dirigiera a otros puntos que sí pueden representar erogaciones que incluso de expresan como fondos perdidos o barriles sin fondo, como es el caso de cargas de trabajo ficticias para cientos de profesores en programas que fueron inventados para lograr su permanencia”, y de los que las autoridades universitarias tienen conocimiento, manifestó.
El problema de la UAZ es que no se reconocen por la SEP alrededor de 2 mil de sus profesores precisó, pero además dijo que sería interesante saber a dónde se dirigirán los recursos obtenidos con los ahorros de las rentas, un tema además que expuso, “sin decir nombres, siempre se ha dado en la Universidad”.
El docente investigador en la Unidad Académica de Economía de la UAZ comentó finamente sobre el asunto que refiere un problema ético, “porque al fin de cuentas son legales las rentas de los espacios pero los montos no sabemos. Y en ese sentido no se puede andar fiscalizando excepto en casos muy graves”, como el que pudiera implicar el acuerdo con el Hotel Chulavista que sí debiera sujetarse a criterios de licitación y no a una asignación directa.
Por su parte, Javier Contreras parafraseó los nombres de una serie de películas de los años 80 para preguntar: “¿Y dónde está el contralor?”, pues en su opinión es en este funcionario en quien recae la responsabilidad del tema.
Dijo que no se atrevería a decir que los dueños de los inmuebles hubieran cometido un ilícito desde el punto de vista jurídico, y que la UAZ tiene facultades para arrendar, pero es el contralor, “quien debiera actuar con toda celeridad e imparcialidad vigilando los intereses” de la Máxima Casa de Estudios, y en caso de que hubiera algo que manifestar hacerlo en tiempo y forma.
Respecto de que una de las ex funcionarias que se mencionan es justo la hermana del contralor, Said Samán Zajur, dijo luego de parafrasear el título de las películas cómicas de los 80 ya mencionadas, que hay que ver “a la Contraloría con lupa si hizo una revisión a fondo de lo que la letra marca, pero también lo intangible del contrato, el espíritu del contrato, esto es, si lesiona o no al patrimonio de la UAZ”.
Sobre el mismo asunto, que una familiar directa del contralor de la UAZ sea una de las arrendadoras a la casa de estudios, también manifestó Rodolfo García Zamora, que esto ha sucedido durante las tres recientes administraciones rectorales.
“Tampoco creo que haya procedido ahí una licitación, un concurso, sino el mecanismo fue el mismo”, sostuvo.
