Los últimos gobiernos han optado por la peor opción económica para el estado: el modelo extractivista. Es decir, construir las estrategias de inversión basadas en explotar ciertos recursos naturales, así se construye una economía basada en intercambios desiguales de bienes naturales con otras regiones del país. En Zacatecas, ha quedado muy claro el caso de las mineras, pero también debemos mencionar la situación de la cervecera que explota el mejor acuífero del estado, y con ello, realiza exportación indirecta de agua. Pero en el tema de la extracción de agua, la cervecera no es el único caso, es también el cultivo de forrajes, que manifiestan la paradójica circunstancia de que un estado semidesértico exporta (a través de terceros productos) agua a los estados vecinos, y aun, al extranjero.
Lo que es más negativo es que las ganancias del extractivismo son conducidas por las grandes empresas trasnacionales, mineras, cervecera, a sus casas matrices en el extranjero. Pensaríamos que las ventajas son los empleos y la circulación monetaria que los salarios provocan, lo cual aumentaría la demanda acumulada del estado, y con ello, contribuiría a dinamizar el conjunto de la economía local; sin embargo, a pesar de que Gobierno del Estado otorga grandes ventajas y apoyos a las empresas mencionadas, con terrenos, beneficios fiscales y hasta con inversión en servicios directos para estas empresas, (se trata de recursos públicos) no observamos la retribución esperada: salarios bajos, condiciones que hacen hablar de sobreexplotación del trabajo, e inseguridad laboral. Lamentablemente, los empleos en Zacatecas son precarios: 80.2 por ciento de la población ocupada recibe menos de 5 salarios mínimos o menos y 70.4 por ciento no tiene prestaciones.
Pero no sólo el tema económico está en el tapete de la discusión, sino también el ambiental: pues la cervecera y su zona de extracción de agua están enclavados sobre los acuíferos principales del estado, como son el Calera y el Aguanaval. Con estas condiciones, el Estado debería poner condiciones para garantizar beneficios a su población: la vigilancia o monitoreo de las condiciones laborales de los trabajadores de estas empresas debe ser metódica y sistemática, la revisión del estatuto laboral de sus trabajadores para garantizar la seguridad en el empleo de todas las personas que cumplan con los requisitos de ley, y las negociaciones para estimular la mayor contratación posible; porque si a las empresas les interesa ahorrar en pago de salarios, al Estado debe interesarle que los empleos se reproduzcan, por lo que estos intereses encontrados deben ser objeto de negociación. Sin embargo, no observamos tal cosa, vemos que la relación es asimétrica: sólo las empresas ponen condiciones. Y debemos partir de que se trata de una empresa extractiva de agua, y por tanto, el sustento de su riqueza es un recurso, que de origen, es de la nación. Por tanto, deben obrar con esquemas de trabajo del mayor beneficio público posible. Ojalá viéramos a un Gobierno del Estado actuando del lado de los intereses públicos.
