El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su “Reporte del Sector Externo, pandemia, guerra y desbalances globales”, recomienda a México hacer más reformas estructurales para combatir los obstáculos a la inversión privada para impulsar el crecimiento económico. Dicha institución insiste en lo mismo que ha venido recomendando desde la década de los años ochenta a las economías en desarrollo: que avancen en la privatización de sus sectores estratégicos, para supuestamente así impulsar el crecimiento económico. Los gobiernos neoliberales desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto venían cumpliendo dichas recomendaciones e impulsaron reformas estructurales de privatización y extranjerización de la economía, sin alcanzar el crecimiento prometido.
No es a través de esas reformas estructurales como se incrementa la inversión y la dinámica económica.
Las instituciones internacionales como el FMI defienden los intereses del gran capital nacional e internacional, y de ahí las recomendaciones de políticas de austeridad fiscal, de reformas de más mercado y menos Estado, de libre movilidad de mercancías y capitales a favor de las empresas transnacionales y del capital financiero internacional, que nos han llevado a la desindustrialización y a que ésta y la banca estén controladas por el capital internacional; y ahora insisten en mayores reformas para que se abra más Pemex y la CFE al capital internacional. Lo que ha acontecido con esas políticas es que el país nos pertenece cada vez menos. Hemos pasado a crecer menos, con creciente subempleo, economía informal, bajos salarios, creciente desigualdad del ingreso y de la riqueza y se ha perdido el manejo soberano de la política económica para atender los rezagos productivos, el subempleo y la miseria.
Lo que obstaculiza la inversión privada no es la falta de mayor privatización de los sectores estratégicos. Ha sido dicha privatización, junto al resto de las políticas neoliberales que vienen predominando desde los años ochenta, las que han actuado contra el crecimiento de demanda y oportunidades de inversión en la esfera productiva. Al dejar de ofrecer condiciones de crecimiento y rentabilidad, la industria manufacturera y el sector agrícola, el gran capital pasó a exigir que se abriera Pemex, la CFE y la infraestructura a la inversión privada, dada la mayor rentabilidad de dichos sectores y de ahí que se instrumentaron las reformas estructurales. Lo que han originado esas reformas ha sido un cambio patrimonial. Lo que era del Estado pasó a ser de la cúpula empresarial nacional e internacional. Éstos pasaron a invertir donde el gobierno dejó de hacerlo debido a la austeridad fiscal que le fue impuesta, por lo que no hubo crecimiento de capacidad productiva ni de la dinámica económica.
El gobierno no necesita de la inversión privada en Pemex ni en la CFE ni en infraestructura. La inversión privada no participaba en estos sectores antes de 1981. El gobierno gastaba más que sus ingresos y recurría a deuda a favor de tales sectores y ello no era inflacionario, debido a que son sectores de alta rentabilidad con efectos multiplicadores internos, lo que se traducía en mayor recaudación tributaria, que le permitía al gobierno pagar la deuda.
El gobierno debe fomentar la inversión privada en la industria manufacturera y en el sector agropecuario, y para ello tiene que instrumentar política industrial y agrícola, la cual requiere de incremento del gasto público para aumentar la demanda, es decir, el consumo de la población que incentiva y garantiza a las empresas condiciones de rentabilidad y crecimiento. Todo ello genera un círculo virtuoso que incrementa la inversión privada. Esto tiene que ir acompañado de bajas tasas de interés en los créditos otorgados por la banca, así como tipo de cambio que abarate el peso y encarezca al dólar para así hacer más caras las importaciones para favorecer a los productos nacionales.
Así como el presidente de la República pidió una tregua mundial de 5 años para evitar guerras bélicas y comerciales, debe pedir que el FMI y el Banco Mundial no sigan actuando a favor del gran capital internacional, sino que actúen a favor de los países menos desarrollados para cerrar la brecha existente con los países desarrollados. El FMI tiene que recomendar políticas de expansión del gasto público, bajas tasas de interés, así como políticas arancelarias para estimular la producción nacional. Se deben replantear las relaciones comerciales y financieras para que los países desarrollados y exitosos transfieran tecnología, recursos financieros a baja tasa de interés y a largo plazo, y concedan mejores condiciones comerciales para favorecer las exportaciones de los países en desarrollo, para que éstos impulsen su crecimiento y reduzcan las presiones sobre su sector externo. Además, la línea de crédito del FMI no debe ser para mantener la estabilidad del tipo de cambio, que solo favorece al sector financiero, sino debe servir para el impulso del desarrollo tecnológico y productivo, para así sustituir importaciones y reducir el déficit de comercio exterior y nuestra dependencia de la entrada de capitales.
