El conflicto diplomático que hoy vivimos con Ecuador ha dejado de ver la estatura política de los actores del quehacer público.
El asunto no es menor, para muchos, entre ellos el expresidente de la nación sudamericana, Rafael Correa, estamos ante un “casus belli”, es decir, una situación que podría derivar en una declaración de guerra.
Afortunadamente, el temperamento y la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador hacen vaticinar otra cosa. Podrá haber sanciones, son exigibles e imprescindibles ante la gravedad de los hechos, pero no una guerra en los términos que la conocemos.
Así lo deja ver la respuesta mesurada de México (apenas unas horas antes de la invasión) a que Ecuador declarara como persona non grata a la embajadora Raquel Serur, docente universitaria, intelectual y compañera de vida del reconocido filósofo Bolívar Echeverría.
No se respondió con la misma moneda a esto, que, para algunos, se trató de una provocación en el ánimo de fracturar las relaciones diplomáticas y con ello la posibilidad de concederle el asilo político a Jorge Glas, ex vicepresidente de ese país en los tiempos de Rafael Correa.
A la luz de los hechos posteriores, esto podría parecer acertado, porque el gobierno mexicano aguantó y terminó por confirmar que concedería el asilo, y una vez que se estaba en espera del salvoconducto, vino la inaudita irrupción armada a la embajada que no puede traducirse más que en la invasión al territorio mexicano.
Como decíamos, en la respuesta de los actores nacionales de diversos rubros fue posible ver quiénes tienen un nivel por encima de la politiquería y grilla doméstica, y quiénes son incapaces de hacer una lectura política más allá del radio de sus conveniencias inmediatas.
Notorio fue, hay que decirlo, ver cerras filas en torno al Estado mexicano a voces tan disidentes de quien en este momento ocupa la jefatura del mismo, como es el caso del periodista Carlos Loret de Mola, que en los primeros minutos de haber sucedido la irrupción la calificó como un atropello “gravísimo” y como una “violación al orden internacional” más allá de la opinión sobre el presidente del país asilante y del asilado.
Lo mismo sucedió con los tres candidatos presidenciales. Claudia Sheinbaum, de quien no pudiera esperarse otra cosa, de inmediato respaldó al presidente López Obrador en la defensa de la soberanía y consideró el hecho como una afrenta inadmisible a la diplomacia.
Xóchitl Gálvez dijo que “las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables”, y el zacatecano Jorge Álvarez Máynez dijo que se estaba frente a un atentado contra la soberanía de México que no se podía tolerar, y calificó un planteamiento de Lily Téllez en el que culpaba al presidente López Obrador, como antipatriótico e ignorante.
Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, condenó enérgicamente la irrupción violenta y dio muestras de que aún hay resabios de la ideología priista que construyó la tradición diplomática que ha dado prestigio a México.
Esa, que hizo del asilo político uno de sus orgullos en este país que refugió a Trotsky del gigante soviético en tiempos de Stalin, que dio cobijo a los niños de Morelia en la guerra civil española, el lugar donde se refugiarían cientos, miles quizá, durante la era de las dictaduras en América Latina sin que ninguna de ellas se atreviera a lo que ahora hizo Noboa.
Tampoco se atrevieron a algo similar Estados Unidos o Inglaterra cuando Ecuador asilaba en su embajada a Julian Assange, ni siquiera ante el poderío de las primeras frente al país latinoamericano.
No hay margen a la duda, aún quienes crean que el asilo a Jorge Glas constituía un error o la protección de un delincuente, tendrían que admitir que eso tendría que dilucidarse en el marco de la diplomacia y del derecho internacional que dicta que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito y o de los motivos de la persecución (Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas, 1954 firmada por ambos países)
En interesante coyuntura nos llega este conflicto porque nos permite conocer posturas y concepciones profundas del quehacer gubernamental y del Estado de los actores públicos. Son tiempos de distinguir entre enanos y gigantes
