El encargado de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Zacatecas durante más de una década, profesor Trinidad Guerrero Valenzuela, ha entregado el cargo. Al referirse a la crisis financiera que hoy padece la Institución, hace dos afirmaciones que deben ser consideradas pues se trata de un ex funcionario que conoce la administración central desde sus entrañas:
-La actual administración central de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) no tiene proyecto administrativo ni académico.
-Los grupos políticos no tienen la capacidad para supeditar sus intereses a las necesidades de la Máxima Casa de Estudios, por lo que sugiere la unión de los actores universitarios para resolver la problemática.
Tiene razón el ex coordinador de Recursos Humanos de la Universidad. El trabajo y las conductas del grupo que detenta el poder político (Rectoría y Direcciones administrativas) hacen notoria la ausencia de un proyecto para la Universidad. Igual ocurre en algunas unidades académicas de la misma corriente política.
Sin embargo no tiene razón en tratándose de otros centros o unidades, que por su excelencia académica, destilan por sí la esencia y razón de ser de la Universidad: Música, Letras, Idiomas, Medicina, Contaduría y Administración Estudios de Desarrollo, Ciencia Política, Historia, docencia superior y Radio-UAZ, por decir algunas. Aquí los proyectos existen y funcionan bien y trascienden al reconocimiento social.
Es posible que los grupos de poder en la administración central no tengan la capacidad para supeditar sus intereses, económicos sobre todo, a los de la Universidad, como dice Guerrero, pero seguramente la mayoría de los universitarios sí pueden hacerlo y, no sólo eso, contar además con la disponibilidad que permita elevar el espíritu universitario sobre cualquier otro.
Y son precisamente estos grupos de cambio, quienes erradicarán los vicios que, desde hace algunos años, la Universidad ha venido asimilando y que hoy son una réplica caricaturesca de las estructuras anquilosadas y abusivas de la Administración Pública federal y estatal.
Ser director de alguna escuela o facultad o inclusive Rector, no significaba privilegio alguno y menos de carácter económico. Los directores tenían como prerrogativa ser descargados de su trabajo frente a grupo para dedicar el mayor tiempo a labores administrativas, aunque conservando tareas docentes. Su salario era igual al resto de los trabajadores académicos. Si acaso el Rector percibía una pequeña cantidad extra, los funcionarios universitarios vivían en la honrada medianía.
Transparentar el sistema financiero de la Universidad se constituye en tarea urgente e inaplazable. La sociedad, a la cual se debe la institución, así lo reclama.
Durante el proceso de asimilación de vicios de la alta burocracia oficial, se estableció que los funcionarios universitarios serían homologados en sus salarios con los que se reciben en la Secretaría de Educación Pública, lo que eleva por arriba de 80 mil pesos. Y si de homologaciones se trata vienen bonos y otros ingresos encubiertos, uno de ellos bajo el mecanismo de la prima de antigüedad.
La prima de antigüedad, prestación lograda hace más de 30 años, a partir de diversos movimientos sindicales, se integra bajo la suma del 1% por cada año de servicios prestados, sin que exceda de 25 % del pago total anual. Con sus variables, el trabajador alcanza entre 100 a 120 mil anuales.
Los funcionarios de la administración central estructuraron un mecanismo que permite obtener una prima anual arriba de los 600 mil pesos, al considerar la base de la prestación de sus salarios como funcionarios y no como docentes, y no es todo: al dejar el cargo, las prestaciones siguen considerándose retroactivamente a los tiempos de cuando eran funcionarios, por lo que varios ex rectores y otros personajes siguen recibiendo su prima a tiempos idos.
Este mecanismo permitió a los funcionarios de la administración central, recibir en diciembre pasado una suma superior a los 800 mil pesos, considerando aguinaldo y prima de antigüedad. Los docentes recibieron en general no más de 40 mil pesos.
La Universidad requiere con carácter urgente incrementar su presupuesto para atender el déficit de 500 millones de pesos cada año y, para ello debe organizar a sus sectores más representativos en pro de un movimiento de incremento de subsidio. El planteamiento no es presentable, si antes no son superados aquellos vicios en que lamentablemente ha caído el aparato burocrático administrativo y algunas unidades académicas.
En algunas de estas últimas existen cuotas no regularizadas, cuyo destino es sin rendición de cuentas. La opacidad a su máxima expresión.
A la crítica va una propuesta: La creación de un Tabulador General de Sueldos, medido por ingreso anual en cada categoría y sin la posibilidad de acceder a bonos u otros ingresos, salvo los que asigne personalizados el Sistema Nacional de Investigadores, entre otros.
Los salarios no irán homologados a los de la administración pública, sino acordes a las posibilidades financieras de la Institución. 2 de mayo 2015. ■
