La mayor parte de comentarios sobre seguridad pública, aún de académicos, cometen el error de omitir que en Estados Unidos hay un gran consumo de drogas que importan de varios países y, por su cercanía, principalmente de México. A su vez, evaden considerar que esa nación es un fuerte exportador de armas a nuestras naciones.
Para completar las evasiones, recordaremos que en México están involucrados con asuntos de inseguridad; de forma directa o de manera colateral, políticos y funcionarios de los tres poderes y niveles de gobierno. Además, connotados hombres de negocios, entre ellos, propietarios de medios de comunicación masiva, de los llamados poderes fácticos y, en ese mismo barco, algunas “estrellas” de la comunicación.
Entre los más “críticos” al actual gobierno (vaya hipocresía tan pura), hay responsables directos y colaterales como Felipe Calderón que, siendo presidente, permitió la entrada de miles de armas que se entregaron al crimen organizado y siguen siendo usadas en muchos de los actuales asesinatos. El daño está hecho y tardará años la incautación de tales medios de destrucción.
Otros políticos con evidentes nexos al clima de inseguridad es el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. También exgobernadores como Silvano Aureoles, Javier Duarte, César Duarte, etc., o hasta la propia hermana de Felipe Calderón, la señora Luisa María Calderón Hinojosa, mejor conocida como la Cocoa, de quien la propia “Tuta”, exlíder del Cartel de Los Caballeros Templarios, subió las evidencias videograbadas.
A estos casos emblemáticos, hay otros como Carlos Loret de Mola, que siendo unos de los más férreos “críticos” del gobierno que preside López Obrador, se caracteriza por excesos de corrupción y realización de montajes que favorecieron al crimen organizado institucional, del que formó parte Genaro García Luna.
Uno debe preguntarse, y preocuparnos por indagar, qué tanto ha influido en el clima de inseguridad la corrupción de políticos de jerarquía partidista, como es el caso de Ricardo Anaya, del PAN, que prácticamente anda prófugo de la justicia. O, de algunos otros que aún no han sido llamados a rendir cuentas, como Javier Lozano (alias “la Chiva Loca”) que protagonizó la frase de: “copelas, o cuello”.
Si no queremos ir tan lejos, fuera de partidismos y fobias, debemos valorar que tan dañino es para el clima de seguridad que nuestro exgobernador Ricardo Monreal, desde la representación popular en el Senado de la República, y Dante Delgado, sea defensor empedernido de un presunto criminal de Veracruz, como José Manuel del Río Virgen de Movimiento Ciudadano; o abogue públicamente a favor de la alcaldesa de la Cuauhtémoc en el DF Sandra Xantall Cuevas Nieves, quien resultó culpable de varios delitos que causan inseguridad.
¿Cómo desmontar la influencia, que en materia de inseguridad, produjeron las actuaciones del Gobierno Federal en el antes, en y después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa?
En este triste y doloroso episodio, puede notarse la fusión del crimen organizado con cuerpos de seguridad, funcionarios y políticos municipal, estatal y federales más algunos medios de comunicación. Es un ejemplo de laboratorio social. Su estudio dará cuenta del papel que, en seguridad, provocan políticos y funcionarios.
Ocultar los hechos, a través de la denominada “verdad histórica” (debió ser “la verdad jurídica” y no ha sido ninguna de ambas) ha exacerbado la inseguridad en los involucrados, sus familias y poblaciones relacionadas.
Por eso, mi tesis es que nuestro presidente tiene razón en sostener que el tema de la inseguridad no es un asunto de delincuentes y policías, al que equivocadamente lo reducen casi todos los que comentan sobre ello.
En mi apreciación, es muy ingenuo creer como acertada la afirmación de que sólo falta “que el gobierno haga su chamba”. Cuando tales expresiones se emiten en la voz de un político o funcionario, sabiendo de la gran hipocresía que se cargan muchos de ellos, debemos preguntarnos qué tan convencido, o involucrado, se encuentra.
He dicho, y cada día tengo más claro: porque la seguridad PÚBLICA es tema social, todos debemos interesarnos no sólo en exigirla, sino también en aportar la parte que nos corresponda, más lo que nos sea posible. Debemos exigirle, pero también ayudarle al presidente.
Ayudar mostrando la ausencia de iniciativas estatales y municipales adicionales al esfuerzo federal. Explorar vías más allá de lo legal, de lo flagrante, administrativo e incursionar en lo preventivo.
Más aún, señalemos políticos y funcionarios involucrados en corrupción y en condiciones de inseguridad. Aprendamos a desconfiar de los “críticos” que hacen propaganda y no análisis, los que atacan y exigen pero carecen de propuesta alguna.
Está claro: no es sólo asunto policiaco. Entonces exijamos que nuestros gobiernos exploren vías no policiacas y complementarias. A su vez en la flagrancia, pero también en la prevención.
