Poco a poco va quedando claro que el Estado mexicano también será rebasado por las demandas legítimas de los afectados por los sismos de este trágico mes de la patria. Es una percepción que se abre paso y explica la deslumbrante movilización solidaria de millones de mexicanos, que en todo el territorio impulsan iniciativas de muy diverso tipo orientadas a aliviar la penosa situación que viven decenas de miles de familias que sufrieron la pérdida de uno o varios de sus integrantes, o de su patrimonio material. Esa nueva percepción pronto se articulará con las que ya existen en el imaginario social en relación con la corrupción y la impunidad, la inseguridad y la violencia, y la desigualdad con falta de oportunidades económicas. La gente ya es consciente de que se puede esperar muy poco del Estado mexicano y sus gobiernos. Hay bases para creer que la intensa movilización social en apoyo a los damnificados pronto asumirá en su agenda las otras problemáticas que quitan el sueño de la mayoría de nuestra población, y que terminará por abrir paso a diversas formas de democracia participativa que, en el corto plazo, combatan los flagelos mencionados y, en el mediano y largo, inyecten nuevas energías a nuestra desfalleciente democracia representativa, para regenerar el sistema de partidos y cambiar el régimen político por uno basado en una intensa participación social. En lenguaje del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en una ciudadanía de alta intensidad.
Quienes tienen en sus manos las riendas del poder del Estado deben asumir la reconstrucción como su responsabilidad prioritaria, acompañados siempre con la participación de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y de la academia, no sólo para potenciar energías y darle continuidad a la movilización solidaria, sino porque es la única forma de dotar a su actuación de legitimidad, cualidad indispensable pero inexistente hoy. También es importante que asuman sin dilación que las sucesivas administraciones neoliberales destruyeron una buena parte de los instrumentos de coordinación, concertación y participación social, de manera que los pocos que aún existen no son suficientes para el tamaño de la tarea. Así las cosas, podemos esperar una complicada primera etapa de lucha entre las inercias gubernamentales, que verán en la reconstrucción una gran oportunidad para el tráfico de influencias con sus respectivos moches, y las iniciativas de participación social innovadoras, que postulen que la reconstrucción no debe concebirse como mera reposición de lo perdido. Ello supondría olvidar o soslayar una experiencia fundamental de este y otros acontecimientos trágicos del pasado: que una porción importante del daño físico y humano, estaba implícita en las mentalidades constructoras dominadas por la resignación y su consecuencia lógica: que con los recursos a la mano solo se pueden construir infraestructuras precarias.
Después de casi tres semanas del gran sismo del 7 de septiembre, ya está claro que en Chiapas y Oaxaca fueron afectadas gravemente decenas de miles de casas y una parte importante de la infraestructura urbana, y lo mismo puede decirse de las entidades afectadas por el evento del reciente día19: Morelos, Puebla y Ciudad de México. La tarea que se tiene enfrente no podrá realizarse si la sociedad no obliga a las autoridades a destinar los recursos que se requieran, y a buscar los mecanismos pertinentes de autoconstrucción que permitan a los damnificados obtener un ingreso al tiempo que construyen sus nuevos hogares. Es evidente que no se debe aceptar el mecanismo favorito del gobierno de EPN de asignar jugosos contratos de obra a sus amigos contratistas. En Oaxaca ya existe la figura del Tequio como mecanismo para la construcción colectiva de obras de diverso tipo, que sin duda deben ser tomados en cuenta en estos momentos de emergencia nacional, junto con las mejores prácticas en esta materia en América Latina.
Finalmente, es muy importante registrar el poder evidenciado por la presencia de la gente en las calles y en los centros de acopio, expresando de mil maneras su solidaridad, y la publicación de miles de mensajes en redes sociales exigiendo la reducción drástica del financiamiento público para las campañas de los partidos políticos, y la reorientación de dichos recursos en apoyo de las personas damnificadas. En ese contexto de exigencia masiva, bastó que Andrés Manuel López Obrador manifestara su voluntad de responder positivamente a la exigencia, para que ocurriera una reacción en cadena de los demás partidos y, de pronto, aparezca como viable una reforma constitucional y legal para que la reducción del financiamiento a los partidos sea permanente y muy significativa. La fantástica velocidad del proceso que comentamos nos habla de que es posible lograr cambios importantes, antes imposibles, con la utilización creativa de las nuevas tecnologías de comunicación para potenciar el impacto de la movilización social que, siempre, será indispensable.
