En el año 1975, el XVII Congreso Nacional del PCM determinó lanzar una convocatoria unitaria para participar sin registro legal en el proceso electoral federal del año siguiente con un candidato independiente a la Presidencia de la República, que a la postre fue Valentín Campa Salazar, obrero ferrocarrilero liberado recientemente de una larga e injusta reclusión en prisión. Las elecciones federales de 1976 fueron decisivas para que quienes detentaban el poder del Estado en México decidieran iniciar la liberalización del régimen político. En medio de una crisis económica y de contradicciones importantes entre el gobierno de Echeverría y los empresarios, el sistema electoral antidemocrático fue puesto en evidencia cuando el candidato del PRI, José López portillo, realizó una campaña sin oposición legal alguna, pues el PAN no registró candidato y los partidos paraestatales se sumaron a su candidatura. Al margen de la legalidad vigente, Valentín Campa recorrió el país apoyado por el PCM, enarbolando la bandera de la reforma política y la legalización de la acción política de las izquierdas. Un año después, el secretario de Gobernación Jesús Reyes Heroles, presentó la iniciativa de reforma a la Constitución y la nueva Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que abrirían la puerta a la transición democrática de México.
A partir de entonces, las corrientes principales de la izquierda mexicana desarrollaron una estrategia de fusiones sucesivas y de acumulación de fuerzas participando en los procesos electorales, a la vez que impulsaban, con cierto éxito, reformas que mejoraron gradualmente las condiciones de la competencia. La estrategia produjo el crecimiento de su corriente electoral y su presencia en espacios del poder público. Mientras tanto, las crisis económicas y otros factores políticos posibilitaron la llegada, en 1982, de los neoliberales priistas a la Presidencia de la República y la ruptura consecuente de la Corriente Democrática del PRI. En 1988, el candidato del Frente Democrático Nacional, el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas S. (CCS) fue despojado de la Presidencia de la República, para imponer a Carlos Salinas de Gortari.
De esa coyuntura, en 1989 nació el PRD, que decidió mantener en lo fundamental la estrategia de acumulación de fuerzas y la lucha por reformas democratizadoras importantes, ganando algunas gubernaturas estatales, destacadamente la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Sin embargo, en julio de 2006, su candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue despojado de la presidencia de la república mediante una vasta operación que incluyó la actuación ilegal del propio presidente Fox, del Consejo Coordinador Empresarial, del sistema de medios de comunicación, las autoridades electorales etc. Conducta reiterada en 2012 con el acuerdo entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Lamentablemente, la decisión de los principales dirigentes del PRD de iniciar inmediatamente conversaciones con EPN y de firmar el Pacto por México, condujo a la ruptura de AMLO y, meses después, de otros distinguidos fundadores, escisiones que explican la fundación de Morena y su sorprendente crecimiento electoral.
Al mismo tiempo que las izquierdas se abrían camino con la estrategia de unir a sus diversas vertientes, la derecha panista avanzó recibiendo en sus filas al empresariado más agraviado por las políticas de los gobiernos de Echeverría y López Portillo, y aprovechando las políticas anti-populares de sus gobiernos, se convirtió en una fuerza altamente competitiva que, al fin, ganó la presidencia de la república en el año 2000. Vicente Fox integró, según sus propias palabras, un “gobierno de empresarios y para empresarios”, aplicó la misma política económica de los gobiernos neoliberales del PRI, designó un secretario de Hacienda del mismo grupo neoliberal, dilapidó los históricos excedentes petroleros, y con su conducta en el proceso electoral creó las condiciones para la usurpación del Poder Ejecutivo por Felipe Calderón, lo que generó un tremendo retroceso en la transición democrática y un grave deterioro de las relaciones políticas del país. Pero donde se expresa con mayor nitidez el deterioro de la convivencia política, es en el comportamiento del sistema de medios de comunicación, que no solo no garantiza la libertad de expresión de los mexicanos, sino que actúa persistentemente como ariete para golpear políticamente a sus personalidades más importantes. La novedad, sin embargo, es la existencia de las redes sociales en Internet que todos los días sorprende a la élite del poder.
A un año de la elección presidencial, los electores progresistas estamos obligados a reconocer la crisis del sistema de partidos y el hecho lamentable de que el PRD dejó de ser una fuerza opositora a los neoliberales y se convirtió en un aliado subordinado de sus dos partidos. Anunciar que el año próximo se aliará con el neoliberal PAN para combatir al neoliberal PRI no deja de ser una mala broma. También debemos asumir que no vivimos en la “normalidad democrática” o en una “democracia consolidada”, y que para propiciar el cambio que el país requiere debemos participar activamente desde ahora, para conducir nuestros votos hacia el aspirante mejor posicionado para desplazar del poder a los neoliberales y, posteriormente, para regenerar las instituciones republicanas y ponerlas al servicio del bienestar general. ■
