“Fracaso, la política mundial en contra de las drogas”: expertos

“Fracaso, la política mundial en contra de las drogas”: expertos

Nueva York. Una comisión de expertos médicos internacionales declaró que fracasaron las políticas contra las drogas, condenó los daños que han causado a la salud y a los derechos humanos alrededor del mundo y recomendó avanzar hacia la despenalización de todos los estupefacientes ilícitos, sumándose así a un creciente coro de organizaciones que exigen poner fin a las medidas prohibicionistas de los pasados 50 años.

Convocados por la Universidad Johns Hopkins y la reconocida revista médica The Lancet, los expertos concluyen que las políticas antinarcóticos basadas en la prohibición “directa e indirecta contribuyen a la violencia letal, la enfermedad, la discriminación, el desplazamiento forzado, el dolor físico innecesario, y minan las garantías de los pueblos a la salud.

Los países han fracasado en reconocer y reparar los daños a la salud y los derechos humanos que la promoción de la prohibición y supresión de drogas han causado. Además evaden sus responsabilidades legales, subrayan en sus conclusiones.

En su extensa evaluación, la Comisión sobre Política de Drogas y Salud Johns Hopkins-Lancet señala, a manera de ejemplo sobre las consecuencias de las actuales políticas antinarcóticos, el dramático incremento de los homicidios en México desde que el gobierno adoptó una respuesta militar al narcotráfico en 2006. Enfatiza que dicho aumento fue de tal magnitud, que los expertos han tenido que revisar a la baja las expectativas de vida en el país. También ponen a México de ejemplo en materia de violaciones a los derechos humanos –incluyen tortura y abuso físico de prisioneros– y en la aplicación de medidas excesivamente punitivas para el control de drogas.

Entre otros puntos, indican que las tasas crecientes de VIH-sida y hepatitis C entre usuarios de estupefacientes están directamente vinculadas con eluso excesivo de encarcelamiento y disparidades raciales evidentes en países como Estados Unidos (donde para los hombres afroestadunidenses las probabilidades de ser recluidos por delitos relacionados con narcóticos que sus contrapartes blancas, a pesar de que las tasas de uso de drogas son casi iguales) en las prácticas de seguridad pública contra el consumo de esas sustancias.

Por otro lado, señalan que las medidas que buscan eliminar las drogas han llevado a “prácticas agresivas y dañinas contra gente que se dedica al cultivo de plantas utilizadas en la manufactura de estupefacientes, especialmente hoja de coca, amapola ycannabis”. Agregan que el uso de químicos dispersados al aire ha tenido efectos nocivos muy serios.

La meta de prohibir todo uso, posesión, producción y tráfico de drogas ilícitas es la base de muchas de nuestras leyes nacionales en la materia, pero esas políticas están basadas en ideas de uso y dependencia de ciertas sustancias que no están fundamentadas científicamente, comentó a medios el doctor Chris Beyrer, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg, de la Universidad Johns Hopkins, e integrante de dicha comisión. Afirmó:La guerra contra las drogas ha dañado la salud pública, los derechos humanos y el desarrollo. Es hora de repensar nuestra manera de abordar las políticas globales en ese asunto y poner la evidencia científica y la salud pública en el centro de las discusiones.

Expresan que “el sistema internacional de control de drogas tiene origen en instrumentos legales de hace décadas, encuadrado más en politiqueoque en ciencia”.

Ante esto no sólo proponen la despenalización de todo uso y posesión no violenta de drogas. Recomiendan experimentar con la legalización y regulación de ciertos tipos de estupefacientes, tal como varios estados estadunidenses han hecho en el caso de la mariguana. Proponen reducir la violencia de esas medidas,incluyendo dejar por etapas el uso de las fuerzas armadas, en los esfuerzos de las políticas públicas antidrogas.

La presentación de dicha investigación y las recomendaciones se hacen justo para influir en la víspera de la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (Ungass) –la cual fue propuesta, entre otros países, por México–, programada para abril próximo. (Consultar el informe, en inglés)

No están solos. De hecho, en Estados Unidos ya hay un giro hacia la despenalización en varios estados (Colorado, Washington, Oregon y otros ya han legalizado y regulado el uso recreativo de la mariguana) y se sumarán otros a esta lista en un futuro cercano. A la vez, figuras reconocidas a escala internacional han continuado divulgando el fracaso de esas políticas.

La declaración

La semana pasada casi 200 organizaciones no gubernamentales de varias partes del mundo enviaron laDeclaración de la sociedad civil a la Ungass. El documento sostiene que el proceso de la Ungass no ha reconocido la falta de logros en los últimos 50 años por el sistema para el control de estupefacientes; las sustancias sometidas a control internacional están más disponibles y son más asequibles que nunca. El proceso ha optado por ignorar el daño causado por los enfoques actuales: abusos sistemáticos a los derechos humanos y continuación de la aplicación de la pena de muerte por delitos de drogas; intensificación de la transmisión del VIH-sida y la hepatitis C; acceso intolerablemente inadecuado a estupefacientes controlados para fines médicos; 187 mil muertes evitables relacionadas con drogas cada año; violencia, corrupción y asesinatos perpetrados por los mercados delictivos de estupefacientes; estigmatización sistémica de personas que consumen drogas; destrucción de los medios de vida de agricultores de subsistencia, debido a la erradicación forzada de cultivos, y miles de millones de dólares en fondos públicos desperdiciados en políticas que evidentemente no funcionan.

Sin embargo, a pesar de estas investigaciones, declaraciones y recomendaciones, junto con la evidencia abrumadora del fracaso de las políticas de la llamada guerra contra las drogas, por ahora hay pocos indicios de que los 193 países miembros están dispuestos a aprobar un giro en las medidas prohibicionistas que han definido las convenciones hasta ahora.

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