México, DF. En las investigaciones sobre casos de presunta corrupción en operaciones de la constructura de origen español OHL (Obrascon Huarte Lain) México, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) “lo que se tenía que hacer ya se hizo” y es un “caso aislado” que no afecta a otras emisoras del mercado bursátil mexicano.
En entrevista, luego de la firma de un convenio entre la aerolínea Volaris y la BMV, el director general del mercado de valores, José Oriol Bosch, afirmó “son casos aislados de una empresa en particular que no ha tenido impacto en el resto” de las emisoras.
Subrayó en las investigaciones sobre presuntos pagos indebidos de OHL México a funcionarios y magistrados del estado de México la BMV cumplió con la regulación aplicable en materia de suspensión de cotizaciones de las acciones de las empresas emisoras ante bajas de precio superiores a 15 por ciento en un sólo día. “Por el lado de la bolsa todo lo que se tenía que haber hecho se hizo”, afirmó Bosch, y añadió que ahora corresponde a las autoridades regulatorias, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, si la empresa reveló información en tiempo y forma o no lo hizo.
Desde mayo pasado se revelaron conversaciones telefónicas en las que presuntamente directivos de OHL México podrían haber sobornado al secretario de Comunicaciones del gobierno del Estado de México y luego de hacer pagos indebidos a magistrados de esa misma entidad para negociar aumento de tarifas en concesiones carreteras que opera.
Incluso desde Madrid el presidente del corporativo OHL, Juan Miguel Villar Mir, tuvo que salir a ofrecer una conferencia de prensa el jueves de la semana pasada para declarar que “desde enero nos ha surgido una campaña de difamación y falsedades”.
Ayer en México el consejo de administración ratificó en el cargo de director general a Sergio Hidaldo Monroy Portillo y “aislar” de los procesos judiciales relacionados con el caso al director jurídico, Gerardo Ferández Reyes, sin retirarlo del cargo. El primero dijo, incluso, que ya comenzaron las investigaciones y las actuaciones judiciales “contra los autores de la campaña de desprestigio con la cual se ataca tanto a la compañía como a sus inversionistas”.
