Hace casi tres decenios un grupo de integrantes del PRI encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, emprendieron la tarea de denunciar la derechización del gobierno, exigir un cambio de rumbo y plena libertad a los ciudadanos para elegir a sus gobernantes; en ese camino encontraron a las izquierdas democráticas que compartían las mismas preocupaciones. La sociedad despertó del escepticismo, inundó calles y plazas, pero en julio de 1988 le arrebataron la victoria y cancelaron por un tiempo su porvenir.
El país vivía agobiado por las presiones externas y el enorme peso de sus deudas, injusticias y rezagos. Pese a todo, una ciudadanía ignorada enarbolaba su espíritu combativo y se rebelaba frente a un sistema sostenido en la manipulación y el entreguismo. En vez de una economía orientada al aprovechamiento de nuestras capacidades y riquezas, se instauró una política que ahondaba las desigualdades, desvalorizaba el trabajo, paralizaba la industria y cancelaba las expectativas de las nuevas generaciones. El país había iniciado una franca involución histórica, marcada por la concentración del ingreso y el abatimiento de la calidad de vida de los mexicanos. Los abismos entre clases sociales y regiones crecían inexorablemente. Se vivía un régimen de explotación intensa bajo el disfraz de una economía exportadora.
La idea cohesionadora de las izquierdas era que sólo una amplia e intensa participación democrática lograría un verdadero desarrollo del país: crecimiento con equidad y cuidado del ambiente. Ese fue el principio fundador del PRD, que hoy mantiene su vigencia plena. A pesar de los inmensos fraudes cometidos, se ensayaron nuevas formas de organización política y, la mayor parte de aquellos fundadores mantuvo rectitud en la conducta, mientras otros reprodujeron miméticamente los vicios del antiguo régimen. Se realizaron incontables esfuerzos en una transición democrática mediante reformas legales, que infortunadamente han naufragado en la complicidad y en la metástasis de la corrupción. El cambio diseñado sucumbió a los golpes de la mediocridad y la ignorancia y de un sistema de partido hegemónico transitamos a un régimen de partidos incapaz de devolver al pueblo sus derechos soberanos.
Los pronunciamientos emitidos ayer, con motivo del aniversario de la expropiación petrolera, por el propio ingeniero Cárdenas y otras personalidades, comparten la percepción de que un ciclo histórico está por completarse. El país no resiste más la continuación de este régimen autoritario y de esta economía excluyente. Las vías convencionales para la acción política están agotadas, la soberanía nacional olvidada y la miseria del pueblo sin horizontes. Las principales decisiones han sido trasladadas al extranjero e implican, como en el caso del remate de los hidrocarburos, la frontal violación de los principios fundamentales del pacto constitucional. Y, en el extremo, la Suprema Corte canceló a los ciudadanos su facultad inalienable de revocar las disposiciones adoptadas por los poderes de la unión, colocando al pueblo en estado de indefensión.
La cauda de agravios cometidos contra la nación es innumerable: la claudicación del Estado frente a los capitales trasnacionales, el secuestro de las instituciones públicas por los poderes tácticos, el imperio de la narco-política, la impunidad de los grandes medios de comunicación, un estancamiento económico que ya dura 30 años, el empobrecimiento masivo de amplios sectores de la población, el incumplimiento de los derechos fundamentales, la criminalización de la protesta social, la desaparición de personas por la autoridad, el enriquecimiento obsceno del uno por ciento de la población y la pauperización de 60 millones de compatriotas. La práctica sistemática de la tortura, el lacerante feminicidio, las ejecuciones extrajudiciales, la trata de personas, la violencia sexual, la criminalización de la pobreza, la militarización del país. Lo ocurrido con los jóvenes de Ayotzinapa es un acontecimiento emblemático de extrema gravedad que ha encontrado un repudio unánime de la sociedad y conmovido la conciencia mundial.
Todos coinciden en que es muy peligrosa la descomposición del Estado mexicano en los tres órdenes de gobierno, en los tres poderes y en los partidos políticos. Asistimos a la descomposición social, a la disolución de los referentes colectivos, a la impotencia de los ciudadanos, al cinismo y a la pérdida de la identidad nacional forjada durante siglos. La cruel y omnipresente violencia es fruto de la podredumbre de unas instituciones que hay que reconstruir de raíz. No se trata sólo de un cambio de personas sino de un nuevo marco jurídico y una nueva moral pública. La encrucijada es evidente entre el endurecimiento del régimen y el ejercicio cabal de la soberanía popular.
Es necesario un acto supremo de la conciencia nacional para reconstruir la vida pública del país y llevar a cabo un ajuste de cuentas con su pasado. La sociedad exige el destierro definitivo de la impunidad y la supremacía de la justicia sin cortapisas. El renacimiento de la nación demanda un nuevo pacto social entre los mexicanos, lo que implicaría la depuración en profundidad de las prácticas y cuerpos políticos del país. Significaría también la emergencia de una nueva generación en la conducción de los asuntos públicos. El discurso de ayer de Cuauhtémoc Cárdenas frente al mausoleo que contiene los restos del general su padre no deja lugar a dudas, él se mantendrá en la amplia trinchera de las izquierdas. ■
