Cuando en el año 2014 iniciaba mi responsabilidad como Titular de Unidad de Transparencia, un abogado de tantos años como experiencia, me soltó, al calor de un debate, referente a un proceso de acceso a la información, que al final del día, la transparencia, como la moda de los derechos humanos, pronto pasaría y solo quedaría el concepto, abstracto, para calidad de discursos y posturas, pero no más allá. Al final, aunque perdí la decisión que detonó aquél debate, creo que él perdió doble: ni los derechos humanos han sido un concepto pasajero (no lo eran entonces, no lo son ahora, y la tarea es que nunca lo sean), ni la transparencia perdió vigencia, antes bien, pocos meses después, vendría una reforma que la robustecería, al grado de darle autonomía constitucional a los órganos garantes de la misma, crearían interesantes y novedosos instrumentos para pasar de la abstracción a los hechos e iniciaría una política de Estado, con visión de largo alcance.
Hoy, nos encontramos a siete años de aquellas reformas. En esos mismos años, nuestro país ha vivido un interesante fortalecimiento de sus instrumentos e instituciones anticorrupción, de los que el derecho de acceso a la información, el que me atrevería a decir, tiene el componente de mayores oportunidades para que la ciudadanía se involucre y se apropie de la antes lejana y cada vez más cercana, idea de rendición de cuentas, en la práctica. Así lo han demostrado numerosas investigaciones periodísticas, denuncias que, aún pocos, pero cada vez más, ciudadanos hacen, a la luz de la información que es pública, y que el resto de las instancias de los sistemas anticorrupción (tanto a nivel nacional como local), tienen el desafío de aprovechar para empoderarse en la tarea que, jurídica e institucionalmente, gozan, en el nuevo esquema de un muy complejo sistema de rendición de cuentas.
Hemos de repetir hasta el cansancio: nuestra generación enfrenta cuatro grandes retos a saber: reducir la enorme desigualdad imperante; combatir, sin margen para la impunidad, la corrupción en todos sus ámbitos; fortalecer el Estado de derecho, desde la más básica de sus concepciones, la seguridad jurídica y el respeto a la integridad de las personas; y el cambio climático. En los cuatro frentes, la transparencia ha demostrado su idoneidad como aliada e instrumento útil a la hora de exigir la mejora en políticas, estrategias, acciones y el más amplio concepto de las decisiones públicas.
La transparencia es y será tan incómoda como deba serlo en un contexto de oportunidad para la mejora de todos los gobiernos, la democratización de los procesos y la amplitud de derechos, pero deber ser lo más accesible, comprensible, útil y amigable para los ciudadanos, como sea posible. Debe pues, volverse imprescindible para lograr que nuestra democracia cada vez sea más deliberativa, pues compleja como lo es, requiere de información confiable, seria y verídica, como exige también, posturas y conductas, responsables, maduras y generosas, para llegar al diálogo, precedente inherente e inevitable de una democracia compleja como ésta.
Sí José Woldenberg aseguró, en su momento, que la democracia llegó para quedarse, hoy podemos atrevernos a pensar que, un elemento indispensable de esa democracia, la transparencia, también se quedará: no es moda ni será pasajera, acostúmbrense, acostumbrémonos.
@CarlosETorres_
