De los riesgos, uno de gravedad es la violencia y unas autoridades, faltas de responsabilidad y transparencia, sugieren ser propias de un Estado afanado en involucrarse con eventos lamentables. En vez de cumplir con la exigencia general de transparentar y explicar las múltiples desgracias acaecidas, no asumen un afán protagónico para indagar, investigar, reunir y mostrar pruebas de cómo en verdad suceden los lamentables, recientes hechos criminales. Reducen sus intervenciones a actuar ante el público, sobre todo televidentes, para confundir y defender su falta de resultados, sin aportar elementos reales, por duro que sea eso para la instancia estatal gubernamental. El estruendo y las cortinas de humo producidas por los funcionarios en nada ayudan al gobierno de Peña Nieto, al incrementar de ese modo la confusión, las mentiras y postergar el acceso a la verdad de lo ocurrido. Dolorosa o no, a nivel del estado y la sociedad, mexicanos, se requiere divulgar la verdad con urgencia, por una razón: la violencia en el país no se detiene sino aflora como ordinaria industria del crimen o incidental: ni se frena, ni detiene, por tener causas estructurales, cuya objetividad no tiene que ver con ocurrencias individuales siniestras, cuyo fondo de maldad descansa y persiste gracias a la dilución que se hace de las resistencias institucionales para evitarla o anularla. Por eso la maldad se multiplica y epocalmente hoy no se puede culpar al dictador Porfirio Díaz, ni a ninguno de aquellos revolucionarios empeñados en combatir el anquilosamiento político en que existía la mayoría de la población. Aquella Revolución se hizo y tras las riñas por el poder, con distinto signo y tendencias, la Constitución ¿las estabilizaba? o gracias a ella y sólo por su existencia las individualidades entraban en contradicciones graves, a las que veían insalvables y sin confrontarse civilmente para resolverlas, de nuevo se guerreaba y ante tan distintas versiones y aspiraciones, ni con las Convenciones, el llamado estado de derecho entraba en estabilidad y menos duradera, a pesar de las modificaciones que se hacían. En esas se anduvo hasta que Lázaro Cárdenas aprovechó una coyuntura para nacionalizar el petróleo y no le falló el cálculo: la derrama de los ingresos generados por ello, hicieron posible cierta pacificación epocal. (Je, je, ¿y ahora?)
En plena modernidad, otra vez estamos con la violencia desatada, en forma ostensible u oculta, por múltiples causas o factores emerge por doquier, sin que las instancias creadas para enfrentarla puedan desactivarla y resolverla y lo hagan como debe ser y no como los libretos elaborados por los distintos administradores o expertos lo digan, porque sus propuestas y acciones a lo primero que preservarán de daño, no será al público ciudadano, sufriente de ellos y de la violencia, sino a la imagen del político puesto en cuestión, porque “lo primero es lo primero” y en un gobierno afectado por la violencia como lo es el de Peña Nieto, aparte de los “concretos poderes locales” y mientras se cuidan las imágenes, más allá de discurso tras discurso ante las cámaras, se descuida lo fundamental: recopilar, validar y presentar pruebas de los hechos, preservarlas y trabajar los escenarios con un sano afán político de saber y difundir la verdad para definir responsabilidades y deslindar las culpas inherentes, en especial, para agilizar lo hasta hoy imposible: una eficiente impartición de justicia. Una justicia JUSTA, sin duda, puede frenar la actual proliferación de crímenes.
No obstante, existen hechos susceptibles de convertirse en causas que lanzan a los seres humanos a búsquedas más allá del orden y la legalidad. Rupturas propiciadas por los impactos individuales de que el neoliberalismo hace objeto a la población del país y se abaten sobre ella y como peste sobre los menos favorecidos por la toxicidad de ese modelo, para el que: el “pienso luego existo”, ni importa ni dice nada, porque hoy el valor de cada sujeto del publico ciudadano mexicano se define por su relación y lugar, con y en el mercado. Sin eso, el ciudadano, a pesar de su humanidad, ideología, excelente cultura y ciudadanía, carece de “valor”.
En ese ambiente, ¿quiénes sienten el poder? No sus depositarios legales, porque ese poder está donde ellos, quienes sean, estén y donde ellos anden y vivan. Antes, en los andurriales que fueron México, rifaba la ley del revólver. Hoy aquí, con todo y Estado de Derecho y sus instituciones, el cuerno de chivo, luego dicta norma y es la base misma para organizar la cotidianidad. Y los sistemas, ¿dónde están, cómo operan? Exista su local, particular concreción o no, ahí están y con poco, mucho o sin ningún trabajo, alguien fue electo o designado autoridad y cobra por ello, y se sujeta o debería al mandato de las urnas para operarlos. En política, en México, ¿hay algo superior al mandato de las urnas? ¿Qué poder puede ser superior al voto, para una autoridad electa? A primera vista, cuando menos tres: temor, dinero, corrupción. Riesgos para pensar y actuar.
