Docentes de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) e integrantes de diversos grupos antagónicos al rector Rubén Ibarra, entregaron al Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución, una solicitud acompañada por 2 mil 47 firmas para que convoque a sesión extraordinaria en la que se discuta la extensión del periodo rectoral que se avaló hace más de un año, puesto que ello podría provocar una crisis administrativa y de legitimidad.
Enrique Viramontes Cabrera, informó que la intención es que el Consejo Universitario convoque al análisis y discusión sobre la extensión del periodo rectoral y recuperar la legalidad en ese sentido porque, de acuerdo con la legislación, la administración actual debe concluir el 5 de septiembre próximo.
Para tal efecto, dijo que durante algunas semanas se reunieron firmas de universitarios para acompañar la solicitud, con la expectativa de que se realice la sesión y que se analice el tema, pues en el momento en que se avaló esa decisión del rector no se consultó a la comunidad.
“Esperamos que en un tiempo prudente el Consejo Universitario, la Presidencia Colegiada de la cual forma parte el rector y los cinco coordinadores de las comisiones le den procedencia favorable y que se convoque al Consejo con la suficiente anticipación para que todos los consejeros puedan hacer llegar su opinión”, expresó.
Viramontes Cabrera indicó que la administración rectoral actual debió haber iniciado el 6 de septiembre de 2020, pero no ocurrió por la situación extraordinaria de la pandemia, pero eso no implica que el nuevo periodo no haya iniciado.
ALGUNOS DIRECTORES Y FUNCIONARIOS
RECURRIERON A AMENAZAS PARA QUE LA
COMUNIDAD NO FIRMARA: VIRAMONTES
Luego de iniciar la campaña de firmas para presentar la solicitud, denunció que algunos directores y funcionarios recurrieron a amenazas para que la comunidad no firmara o se iban a meter en problemas y en el caso de los docentes se les afectaría en su relación laboral.
Félix Vázquez Acuña, docente de la Unidad Académica de Derecho, explicó que los estatutos establecen que las nuevas autoridades deben entrar en funciones el 6 de septiembre de este año, motivo por el cual es irregular e ilegal que la administración rectoral se haya extendido hasta 2025.
La exigencia es “dar marcha atrás al supuesto acuerdo de una prórroga que va contra el principio de legalidad y de inmediato se convoque a elecciones para las nuevas autoridades universitarias”.
Otros opositores a la administración de Rubén Ibarra, que acudieron a la entrega de la solicitud fueron Pedro Martínez Arteaga, ex secretario general del SPAUAZ; Leticia Torres Villa, ex coordinadora del departamento de Equidad de Género, entre otros.
No existe ninguna ilegalidad: Marco Torres
Por otro lado, Marco Torres Inguanzo, director de unidad y consejero universitario, ha señalado en varias ocasiones la importancia de poner en claro las razones que tuvo el Consejo Universitario para tomar esa decisión y “no se caiga en manos de sofismas que pueden engañar a universitarios o zacatecanos poco informados”.
En un artículo publicado el 16 de abril, Torres Inguanzo y Luis Martínez, señalaron que el 20 de febrero de 2023 el H Consejo Universitario (HCU) aprobo: se homologa su periodo para concluir el 6 de septiembre de 2025 en el caso de Rector y secretario general; y en la tercera semana del mes de agosto de 2025 para los coordinadores académicos de Área y directores de las Unidades Académicas”.
Para Luis Martínez y Marco Torres es perfectamente legal y legítimo el acuerdo del HCU de que las autoridades terminan en agosto-septiembre de 2025 por tres razones:
Uno: “El 19 de marzo de 2020 se debía emitir la convocatoria para la renovación de las autoridades universitarias, para que el proceso de elección fuera realizado el 16 de mayo de ese mismo año. Sin embargo, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declara como ‘pandemia’ la emergencia médica provocada por el nivel de contagios del virus SARS-CoV2 (Covid-19). Por lo cual, todas las instituciones del país debieron adaptar sus actividades a las condiciones de este fenómeno. En suma: debido a la pandemia no se pudo realizar el proceso de elección de las autoridades con las fechas que señalaba la norma por la obligación de atender las justificadas ordenes de las autoridades federales de suspender ese tipo de procesos.
En esos meses de incertidumbre se aprobaron varias veces cambios de fechas en los calendarios escolares, hasta que el 21 de julio de 2020 el Consejo Universitario (máximo órgano de gobierno de la institución) acuerda la prórroga tanto de los órganos de gobierno como de las autoridadesde la UAZ “hasta en tanto sean restablecidas las condiciones de seguridad sanitaria”. El periodo del rector Antonio Guzmán debió terminar en septiembre de 2020, pero se prolongó hasta febrero de 2021 debido a la emergencia sanitaria. ¿Fue legal ese traslado de fechas? Sí. Los movimientos fueron fundados en los decretos federales emitidos en el diario oficial de la federación. De esta manera se acordó la nueva fecha de elección para el 5 de febrero de 2021 mediante voto electrónico, ya que aún era imposible hacerlo de forma presencial.
Dos: Como la ley marca que las autoridades universitarias duran en su cargo 4 años, así se emitió la convocatoria correspondiente y se le tomó protesta al nuevo rector para el periodo 2021-2025. La norma sustantiva es el periodo que la ley manda deberán estar en su cargo las autoridades, y las fechas son adjetivas o dependen de esa norma esencial. Sin embargo, en los textos normativos establecen los meses agosto-septiembre para el cambio de órgano de gobierno y autoridades. Los 4 años exactos se cumplen en febrero de 2025, y para ajustar la fecha a septiembre, como dice el texto, había dos posibilidades, bajarla a 2024 o subirla a septiembre de 2025. Si se tomaba la opción de 2024 se violaba la convocatoria de la elección que fue emitida para 4 años, y con ello el derecho de los directores a durar en su cargo ese tiempo. Con lo cual, bastaba que alguno de ellos se amparara para que la acción de término (anticipado) fuera suspendida. Así que se decidió asentar la fecha de septiembre 2025 para restablecer la realización de los periodos de elección de acuerdo con el texto de la ley.
Tres: Como podemos observar, la decisión del HCU de establecer la fecha de septiembre de 2025 para concluir los cargos de los actuales órganos de gobierno y autoridades universitarias no es una arbitraria prolongación de periodos de mando, sino el restablecimiento de los procesos de elección de acuerdo con el texto de la norma universitaria; que, además, evita el problemático proceso de cambiar la ley para fijar nuevas fechas. En otras palabras: el cambio de fechas iniciado en el periodo de la pandemia regresó a la normalidad con el acuerdo del HCU el pasado 20 de febrero de 2023. Esto explica que el acuerdo fuera prácticamente unánime.”, concluye el artículo
