El análisis riguroso de la seguridad pública exige construir conclusiones a partir de evidencias fidedignas y debidamente hilvanadas. Al examinar los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE 2026), la realidad empírica sitúa en primer término una reducción tangible en la victimización directa: durante 2025, la entidad registró una tasa de prevalencia de 15 mil 733 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra significativamente inferior al promedio nacional (23 mil 473) y con una baja estadísticamente comprobable frente a 2024 (18 mil 690), al tiempo que la tasa de incidencia delictiva descendió a 21 mil 862 delitos por cada 100 mil habitantes, ubicándose muy por debajo de la media del país (34 mil 442).
A este punto de partida se articula de manera consistente el comportamiento del daño económico y el acceso formal a la justicia penal. La cifra oculta estatal se ubicó en 92.6 por ciento, posicionándose por debajo del estándar nacional (93.4 por ciento) y logrando una disminución de 1.6 puntos porcentuales respecto a la medición anterior. Paralelamente, el costo promedio del delito por persona afectada fue de 4 mil 578 pesos, parámetro notablemente inferior a los 6 mil 130 pesos registrados a nivel país, lo que corrobora que la contención en el volumen delictivo vino acompañada de una menor afectación patrimonial promedio para las víctimas.
Este avance objetivo encuentra correspondencia directa en la legitimidad y el respaldo social hacia las instancias encargadas de procurar justicia. La proporción de zacatecanas y zacatecanos que manifiesta tener ‘mucha o algo’ de confianza en la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) alcanzó el 72.2 por ciento, superando con holgura el promedio nacional de 58.4 por ciento tras registrar un crecimiento anual de 7.5 puntos porcentuales.
No obstante, la concatenación lógica revela una paradoja insoslayable al contrastar estos logros con el pulso subjetivo de la población: aunque la percepción de inseguridad en el estado ha descendido 8.6 puntos porcentuales desde el pico histórico de 2022 (91.9 por ciento), se sitúa todavía en 83.3 por ciento, casi diez puntos por encima de la media nacional (74.0 por ciento). Este fenómeno no es difuso ni abstracto, sino focalizado: la inseguridad se mantiene como la principal preocupación de la sociedad zacatecana (64.6 por ciento ) y las carreteras constituyen el espacio específico de mayor aprensión ciudadana, con un 69.4 por ciento de percepción negativa.
Zacatecas vive una disociación estructural entre el abatimiento verificable de los delitos directos y la prolongación de la zozobra comunitaria. La contención penal y el fortalecimiento ministerial son hechos cuantitativos que no admiten regateo, pero resultan insuficientes por sí solos si no se incide sobre los nodos territoriales que perpetúan el temor colectivo. Consolidar la seguridad integral exigirá, por ende, sostener la eficacia en la persecución del delito y, al mismo tiempo, focalizar intervenciones estratégicas de vigilancia y proximidad en la red carretera para disipar la inercia del miedo.
@armandogn_zac
